•  Ante la Sala de Reconocimiento de la JEP, 27 integrantes del Ejército Nacional, que operaron en Huila entre 2005 y 2008, aceptaron haber participado en la ejecución de un plan criminal para exhibir como resultados operacionales legítimos homicidios perpetrados en combates simulados. Los uniformados aceptaron que el objetivo era dar una falsa sensación de seguridad a la población civil, así como alcanzar beneficios profesionales y mayor legitimidad institucional.

  Entre ellos están Orlando Pico Rivera y Ricardo Andrés López García, dos antiguos comandantes del Batallón de Infantería No. 26 ‘Cacique Pigoanza’ (BIPIG), así como Leonardo Ayala Remolina, antiguo comandante de la Agrupación de Fuerzas Especiales Urbanas No. 11 (AFEUR 11), adscrita a la IX Brigada. Además de estos tres tenientes coroneles, todos los oficiales que integraron la plana mayor del BIPIG aceptaron responsabilidad, así como tres integrantes de la plana mayor del Batallón de Infantería No. 27 ‘Magdalena’ (BIMAG).

  Se trata de los tenientes coroneles: Alejandro León Campos, Faiver Coronado Camero, Jair Arias Sánchez, Luis Carlos Aguilera Quintero, Domingo Peña Cepeda, Mario Hernán Duarte Méndez y Ómar Oswaldo Ojeda Oliva. Ante la JEP reconocieron responsabilidad los comandantes de los batallones investigados que, para la época de los hechos, se encargaron de dar las órdenes para implementar la política (presión por bajas en combate como único resultado operacional tangible válido) que se trazaba desde la IX Brigada y que la Sala de Reconocimiento documentó mediante tres patrones macrocriminales descritos en la investigación.

  A la lista de reconocimientos, que se dan en el marco del Caso 03, que investiga los mal llamados ‘falsos positivos’, se suma tres mayores: Francisco Adrián Álvarez Calderón, Julián Andrés Calderón Motta y Felipe Andrés Ramírez Gómez. Así como tres capitanes: Jesús Mauricio Jiménez Botina, Miller Damián Forero Cruz y Carlos Mahecha Bernal.

Los seis suboficiales imputados a través del Auto de Determinación de Hechos y Conductas: Carlos Mahecha Bernal, Desaix de Jesús Palomino Mejía, Fernando Riveros Sarmiento, William Andrés Capera Vargas, Carlos Hernán Rodríguez Vera y José Roldán López Cerón, además de los soldados profesionales Luis Rodolfo Mulcué Sanza, Willinton Espinosa Baquero, Roberto Yesid Quintero Quintero, Francisco Javier Castañeda Alfaro y José Yaty Anacona Bueno también aceptaron responsabilidad.

Los comparecientes, que fueron imputados por crímenes de guerra y de lesa humanidad, reconocieron por escrito su responsabilidad en la comisión de 200 asesinatos, entre ellos 32 desapariciones forzadas, además de ocho tentativas de homicidio. En sus reconocimientos de hecho “ratificaron su compromiso con las víctimas, la jurisdicción y el Acuerdo de Paz», aceptaron su responsabilidad individual y reconocieron “su participación en calidad de máximos responsables».

Pese a la amplia evidencia testimonial y de documentos militares contrastados por la Sala de Reconocimiento, los mayores generales (r) Édgar Alberto Rodríguez Sánchez y Marcos Evangelista Pinto Lizarazo, así como el mayor general Miguel Ernesto Pérez Guarnizo, el general Jaime Alfonso Lasprilla Villamizar y el brigadier general William Fernando Pérez Laiseca manifestaron que no reconocen responsabilidad.

Por su parte, el teniente coronel Carlos Yair Salamanca Robles y el mayor Ángel Fernando Carvajal Rojas tienen plazo hasta el 2 de febrero para informar si reconoce o no responsabilidad. Y, en el caso del mayor Félix Juan Carlos Araque, tiene hasta el 5 de febrero para radicar su respuesta.

Una vez venza el plazo fijado por la Sala de Reconocimiento, la magistratura fijará los términos de la Audiencia de Reconocimiento de Verdad, en la cual los comparecientes se deben referir públicamente sobre los hechos y conductas consignadas en el auto de imputación, tal como ha sucedido con los subcasos Norte de Santander, Costa Caribe, Casanare y Dabeiba. En los casos de quienes no reconocieron responsabilidad, los cinco comparecientes se enfrentan al proceso adversarial, a través de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP, en donde de ser hallados culpables se exponen a penas de hasta 20 años de cárcel.