La juez 30 de Control de Garantías, decidió que el caso del expresidente, Álvaro Uribe Vélez regresa a la Corte Suprema de Justicia, para determinar si ella es la competente para resolver si se levanta la medida de privación de la libertad.
El alto tribunal deberá definir si el trámite del proceso contra Uribe continúa bajo la Ley 600 de 2000 o Ley 906 de 2004.
En el proceso, la Fiscalía, la Procuraduría y la defensa del expresidente, habían pedido que el proceso continúe bajo la ley 600 de 2000.
La jueza 30 se declaró competente para manejar el proceso penal contra el presidente Álvaro Uribe Vélez, pues, en estricto derecho la Ley es la 906 y no la 600; y será la Corte Suprema de Justicia quien confirme si la señora juez es competente como ella lo declara.
Igualmente mencionó que la ley 906 de 2004 aplica únicamente para aquellos delitos que fueron cometidos con posterioridad al primero de enero de 2005, y exceptúa únicamente a las personas que ejerzan labores constitucionales.
De igual forma afirma que por el contrario la ley 600 del 2000 aplica para faltas cometidas con anterioridad al primero de enero de 2005 y para aquellos que son miembros activos del Congreso, sin tener en cuenta la fecha de ocurridos los delitos imputados a los mismos.
De esta manera, la jueza asegura que el exsenador debe ser juzgado bajo la ley 906, dado que las faltas por las que es acusado Álvaro Uribe corresponden a fechas posteriores al 2005 y luego de su renuncia al Senado debe ser juzgado bajo el sistema penal oral acusatorio.
Sin embargo, afirma que debe pasar el caso a la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia quien determinará si la ley bajo la cual debe llevarse el caso es la 906 del 2004, para que de ser así la jueza pueda determinar si Álvaro Uribe queda libre o no.
Entre tanto, la diligencia quedó suspendida por lo que el exsenador deberá seguir privado de la libertad.
