En un movimiento decisivo para la política de Reforma Agraria del Gobierno Nacional, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) oficializó la entrega de un predio en el departamento de Córdoba a familias campesinas, terreno que históricamente había estado bajo el control de la Sociedad Agropecuaria El Ubérrimo, vinculada al expresidente Álvaro Uribe Vélez.
Este hecho marca un hito en la recuperación de baldíos de la Nación, enviando un mensaje claro sobre la priorización del acceso a la tierra para las comunidades rurales más vulnerables del Caribe colombiano.
Recuperación de «El Laguito 2»: Un símbolo de la Reforma Agraria
El predio en cuestión, denominado El Laguito 2, cuenta con una extensión aproximada de ocho hectáreas y se encuentra ubicado en el corregimiento de El Sabanal, en jurisdicción de Montería, muy cerca del municipio de San Carlos. Durante años, este terreno fue administrado y explotado por la sociedad del exmandatario, hasta que procesos administrativos determinaron su naturaleza de bien público.
Según confirmó la Agencia Nacional de Tierras, la entrega material del inmueble se realizó a la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) y otras organizaciones de base, quienes ahora tendrán la titularidad y el derecho de explotación agrícola del terreno.
El director de la ANT, Felipe Harman, destacó que este procedimiento no se trata de una expropiación, sino de la recuperación de un baldío inadjudicable que había sido ocupado de manera irregular. La narrativa oficial subraya que los bienes del Estado no pueden ser objeto de prescripción adquisitiva por parte de particulares, un argumento jurídico central en la actual política de tierras.
Detalles sobre la «ocupación irregular» y el proceso jurídico
La controversia sobre El Laguito 2 no es nueva. Investigaciones previas y levantamientos topográficos habían señalado que este globo de terreno formaba parte de las tierras de la Nación y no de la propiedad privada legítima de la Sociedad Agropecuaria El Ubérrimo.
Aunque la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez ha sostenido en el pasado que la ocupación se dio de buena fe y que incluso se buscó legalizar la situación a través de pertenencias, la justicia colombiana y la normativa agraria vigente establecen que los baldíos solo pueden ser adjudicados a sujetos de reforma agraria (campesinos sin tierra o con tierra insuficiente), y no a grandes poseedores de capital.
La entrega de este predio se suma a las miles de hectáreas que la ANT busca regularizar en el departamento de Córdoba, una región históricamente golpeada por la concentración de la tierra y el conflicto armado. Este caso específico resalta por el alto perfil de los involucrados, convirtiéndose en un caso emblemático de la gestión del gobierno de Gustavo Petro.
Impacto en las comunidades campesinas de Córdoba
Para las familias beneficiarias, la recepción de El Laguito 2 representa más que un acto administrativo; es una oportunidad productiva. Las organizaciones campesinas han manifestado que destinarán estas tierras a proyectos productivos de ciclo corto y ganadería sostenible, buscando garantizar la soberanía alimentaria de sus comunidades.
La Agencia Nacional de Tierras ha asegurado que, tras la entrega, se realizará un acompañamiento técnico a través de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) para asegurar que la tierra sea productiva y genere bienestar real para las familias.
«La tierra es para quien la trabaja. Recuperar estos predios para el campesinado cordobés es un acto de justicia social que llevábamos esperando décadas», señalaron voceros de las organizaciones campesinas presentes en el acto de entrega.
Contexto político: La disputa por la tierra en el Caribe
Este evento ocurre en un momento de alta tensión política y debate nacional sobre la propiedad privada y la función social de la tierra. La región del Caribe colombiano es el epicentro de la Reforma Agraria, dado que allí se concentran grandes extensiones de tierra fértil con altos índices de informalidad y desigualdad.
La recuperación de predios ligados a figuras de poder como Álvaro Uribe es interpretada por analistas como una señal de que la institucionalidad agraria está operando sin distinciones políticas, enfocándose estrictamente en la naturaleza jurídica de los predios. No obstante, esto también aviva el debate sobre la seguridad jurídica de la propiedad rural en el país.
El gobierno ha reiterado que su meta es entregar 1.5 millones de hectáreas a campesinos durante el cuatrienio. La operación sobre los terrenos aledaños a El Ubérrimo demuestra la voluntad política de intervenir en zonas que anteriormente se consideraban intocables por la administración pública.
Conclusión: Un paso más en la titulación masiva
La entrega de El Laguito 2 es solo una pieza en el vasto rompecabezas de la titulación de tierras en Colombia. Mientras la Agencia Nacional de Tierras avanza en sus procesos de barrido predial, se espera que más casos de recuperación de baldíos ocupados irregularmente salgan a la luz pública.
Por ahora, en las llanuras de Córdoba, ocho hectáreas que antes eran parte de la hacienda más famosa del país, pasan a manos de quienes, azadón en mano, buscan construir un futuro agrícola diferente.