El partido Centro Democrático anunció esta semana que se declara partido de gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella y presentó su propia agenda legislativa, en la que figura, de manera prominente, una propuesta para reformar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) con el argumento de otorgar seguridad jurídica a la Fuerza Pública. La jugada política activa uno de los debates más explosivos de la Colombia del posconflicto: ¿es esto un ajuste necesario al sistema de justicia transicional o una maniobra para blindar a militares investigados por crímenes de guerra?
La movida política: el uribismo se suma al nuevo gobierno
El pasado 22 de junio de 2026, la bancada del Centro Democrático —con 47 congresistas en el Legislativo— oficializó su respaldo al programa de gobierno de De la Espriella y expuso ante la opinión pública su hoja de ruta legislativa para la nueva legislatura que arranca el 20 de julio. Entre los puntos presentados por el partido liderado por Gabriel Jaime Vallejo Chujfi figuran la recuperación de la seguridad, la crisis de la salud, la reactivación económica y, en posición central, la reforma a la JEP para garantizar seguridad jurídica a los miembros de las Fuerzas Militares y Policiales.
El giro no sorprende. Durante la campaña presidencial, el propio De la Espriella calificó la JEP como un «bodrio» y un «tribunal de la venganza», prometiendo hacer «todo lo posible» para eliminarla. Aunque la postura del Centro Democrático es más moderada —habla de reforma, no de eliminación— el fondo del debate es el mismo: cambiar las reglas del juego de un tribunal que hoy investiga crímenes de Estado, incluidos los falsos positivos.
¿Qué pide concretamente el Centro Democrático?
El partido uribista ya había radicado en octubre de 2025 un proyecto de acto legislativo que anticipaba lo que ahora defiende como agenda de gobierno. Las principales propuestas son:
- Garantizar presunción de inocencia para militares comparecientes ante la JEP, con doble instancia, doble conformidad, apelaciones y casaciones.
- Permitir que las tutelas contra decisiones de la JEP puedan ir ante la Corte Suprema de Justicia, saliendo de la jurisdicción exclusiva del tribunal de paz.
- Establecer que militares no seleccionados como máximos responsables tengan sus procesos cerrados, al igual que ocurre con excombatientes de las FARC.
- Limitar a cinco años de cárcel las sanciones para militares condenados que no reconocieron responsabilidad, sustituyendo el resto con sanciones restaurativas.
- Exigir que se incluyan conceptos técnicos de la justicia penal militar en los procesos, para que el Derecho Internacional Humanitario (DIH) sea interpretado con criterios castrenses.
El contexto: la JEP y los falsos positivos
Para entender el trasfondo, es clave recordar que la JEP es hoy el escenario donde se investigan uno de los crímenes más graves en la historia reciente de Colombia: los falsos positivos, ejecuciones extrajudiciales en las que miembros del Ejército Nacional asesinaron a civiles y los presentaron como guerrilleros dados de baja en combate para obtener beneficios y reconocimientos militares. Solo en diciembre de 2025, la JEP imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 21 miembros de la Fuerza Pública —incluido el general retirado Alejandro Navas Ramos, excomandante del Ejército— junto a exguerrilleros y civiles, en el primer caso donde el tribunal vincula a todos los actores de un mismo patrón de macrocriminalidad.
Según la JEP, se trata de 6.402 víctimas documentadas. El Tribunal de Paz sigue «encontrando verdades» en nuevas regiones del país, incluso en semanas recientes. Este es el tribunal que el Centro Democrático quiere reformar.
¿Habrá impunidad? El análisis crítico
La pregunta del millón es si estas reformas equivalen a blindar con impunidad a los responsables de crímenes de lesa humanidad. El análisis riguroso indica que hay riesgos reales y concretos.
1. El cierre masivo de procesos. Si se aprueba que militares «no seleccionados como máximos responsables» tengan sus expedientes cerrados —como plantea el CD— miles de integrantes de la Fuerza Pública investigados por ejecuciones extrajudiciales quedarían sin ningún proceso judicial. El Movimiento de Víctimas ya advirtió en análisis anteriores que iniciativas similares del CD representan «un pacto de impunidad» que «haría trizas la justicia transicional».
2. El límite de cinco años. Reducir las penas para militares no comparecientes que sean condenados es problemático desde el derecho internacional penal. Los crímenes de lesa humanidad, según el Estatuto de Roma, son imprescriptibles y requieren sanciones proporcionales a su gravedad. Imponer un techo de cinco años para ese tipo de delitos contraviene los estándares internacionales que Colombia ha suscrito.
3. El traslado a la Corte Suprema. Permitir que las tutelas contra decisiones de la JEP sean revisadas por la Corte Suprema —una jurisdicción ordinaria— puede fragmentar la coherencia del sistema de justicia transicional y generar conflictos de competencia que paralicen los procesos durante años, en la práctica generando impunidad por vía procesal.
4. Conceptos de la justicia penal militar. Incluir criterios de la justicia castrense para interpretar el DIH en casos de violaciones de derechos humanos fue históricamente una de las puertas más usadas para proteger a los victimarios. Human Rights Watch advirtió desde 2014 sobre los riesgos de ampliar el fuero militar precisamente a casos de falsos positivos.
Sin embargo, hay argumentos en defensa de algunas medidas: académicos como Kai Ambos han señalado que la JEP, en su diseño actual, ya genera asimetrías entre el tratamiento de las FARC y el de los militares, y que garantizar doble instancia y recursos judiciales para la Fuerza Pública no es necesariamente impunidad sino una exigencia del debido proceso.
El riesgo internacional: la Corte Penal Internacional
Colombia está bajo la lupa de la Corte Penal Internacional (CPI). Si el Estado colombiano desmantela o desvirtúa su capacidad para investigar y juzgar crímenes de lesa humanidad cometidos por agentes del Estado, la CPI puede activar el principio de complementariedad y asumir competencia directamente. Esto significaría que oficiales del Ejército colombiano podrían ser juzgados en La Haya, un escenario que paradójicamente los uribistas quieren evitar pero que sus propias reformas podrían provocar.