El Congreso de Estados Unidos abrió un nuevo frente de presión sobre Colombia al impulsar enmiendas que podrían frenar la asistencia militar a Colombia si se confirman vínculos políticos con sectores asociados al paramilitarismo y riesgos de violaciones de derechos humanos. La discusión estalla en plena campaña y golpea de frente la narrativa de mano dura que impulsa Abelardo de la Espriella.
Congreso en Washington sube el tono
Tres congresistas demócratas —Jesús “Chuy” García, Alexandria Ocasio-Cortez y Greg Casar— radicaron en el Capitolio tres enmiendas a la ley de autorización de defensa nacional para el año fiscal 2027, con impacto directo sobre la cooperación en seguridad entre Estados Unidos y Colombia.
La primera propone revisar y revaluar programas de asistencia en seguridad con países cuyos dignatarios hayan tenido vínculos con las antiguas AUC o con grupos sucesores del paramilitarismo.
La segunda exige reportes sobre violaciones de derechos humanos en Colombia entre 1980 y 2010, con foco en ejecuciones extrajudiciales y falsos positivos.
El foco en De la Espriella
La controversia se intensificó por los señalamientos que, según los legisladores, rodean a Abelardo de la Espriella. En la carta citada por medios internacionales y colombianos, 11 congresistas demócratas pidieron investigar al candidato por presuntos nexos con paramilitares, además de alertar por una supuesta injerencia de la administración Trump en favor de su campaña.
La Nueva Prensa añade que el debate en Washington también está atravesado por la preocupación de que una eventual administración de De la Espriella profundice una política de mano dura con menor control institucional y menor compromiso con el Acuerdo de Paz.
De acuerdo con el texto de La Nueva Prensa, las enmiendas apuntan a que la asistencia de EE. UU. no termine favoreciendo, directa o indirectamente, a actores ligados a estructuras paramilitares.
El medio también señala que una de las iniciativas busca impedir que haya apoyo militar o de seguridad a gobiernos o funcionarios asociados a las antiguas AUC, declaradas organización terrorista por Estados Unidos.
Además, advierte que el momento político no es casual: el Congreso estadounidense estaría enviando una señal de advertencia sobre los riesgos de desmantelar garantías construidas tras el Acuerdo de Paz de 2016.
Falsos positivos de fondo
El debate sobre los falsos positivos vuelve a ser central porque la JEP sigue ampliando el universo de casos y verificando nuevos reportes. La jurisdicción ha señalado que las cifras siguen en evolución y que el número de posibles hechos puede ser mucho mayor al que durante años se asumió como referencia.
Infobae informó que la JEP confirmó una primera condena por falsos positivos en junio de 2026, y otros reportes indican que el tribunal sigue contrastando más de 21.000 posibles registros.infobae+2
Esa realidad le da peso político a la advertencia de los congresistas estadounidenses, que argumentan que la cooperación militar no puede expandirse sin controles robustos sobre derechos humanos.
Riesgo para la cooperación
Si las enmiendas prosperan, la ayuda de seguridad de Estados Unidos hacia Colombia podría quedar sujeta a revisiones, reportes obligatorios y restricciones más severas.
Eso no significa una ruptura automática, pero sí una mayor capacidad del Congreso para condicionar la política bilateral a estándares de transparencia, trazabilidad y respeto por la vida.
En términos prácticos, el mensaje es que Washington no quiere financiar, ni siquiera de manera indirecta, escenarios que recuerden el pasado de violencia asociada a los falsos positivos y al paramilitarismo.
El pulso también tiene efecto electoral. La carta de los congresistas y la discusión sobre las enmiendas cruzan el momento más sensible de la campaña, justo cuando De la Espriella busca consolidar su relato de orden, seguridad y alineamiento con Trump.instagram+2
Pero en Washington ese lenguaje ya no se lee solo como promesa de gobierno, sino como señal de alarma sobre posibles retrocesos en la implementación del Acuerdo de Paz y en la supervisión de la política militar.
La presión legislativa, además, introduce un costo diplomático para cualquier intento de ampliar la cooperación sin filtros ni salvaguardas democráticas.