La Contraloría de Bogotá encendió las alarmas en el Distrito Capital al abrir un proceso de responsabilidad fiscal contra la Alcaldía de Bogotá por un presunto detrimento patrimonial que supera los $2.603 millones de pesos. La investigación apunta a posibles irregularidades en la atención a niñas y niños de la primera infancia durante las vigencias 2024 y 2025, y señala directamente a la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) como entidades involucradas en los hechos que habrían generado el presunto daño a las arcas públicas.
¿Qué encontró el ente de control?
El hallazgo central del órgano de control fiscal gira en torno a la duplicidad en la prestación de servicios de primera infancia: la Contraloría de Bogotá estableció que al menos 1.315 niñas y niños habrían recibido simultáneamente atención financiada tanto por la SDIS como por el ICBF, lo que viola la norma que impide la financiación estatal simultánea para un mismo menor beneficiario.contraloriabogota+1
Según el organismo de control, estas verificaciones insuficientes por parte de las entidades distritales generaron pagos concurrentes que, acumulados durante dos años consecutivos, alcanzaron el monto investigado. El ente de control señaló que la falla no fue fortuita, sino producto de controles internos débiles que no cruzaron bases de datos entre las dos entidades.
El impacto: recursos que pudieron ampliar cobertura
Uno de los puntos más críticos del proceso de responsabilidad fiscal abierto por la Contraloría Distrital es el costo de oportunidad que representan los más de $2.603 millones presuntamente derrochados: esos recursos, de haberse gestionado correctamente, habrían podido ampliar la cobertura de los programas de atención a menores en condición de vulnerabilidad en Bogotá.
En una ciudad donde la lista de espera para acceder a jardines infantiles distritales y programas de nutrición para la primera infancia sigue siendo significativa, el presunto detrimento patrimonial no es solo un asunto contable. Es, en la práctica, menos cupos, menos alimentación y menos desarrollo temprano para los niños y niñas más pobres de la capital colombiana.
¿Qué es un proceso de responsabilidad fiscal?
El proceso de responsabilidad fiscal es el mecanismo legal mediante el cual los órganos de control fiscal en Colombia —como la Contraloría de Bogotá— investigan si un servidor público o particular causó un daño al patrimonio público con su gestión. Si se comprueba la responsabilidad, el implicado debe resarcir económicamente el daño causado al Estado.
Este proceso no es una sanción penal ni disciplinaria: es de naturaleza patrimonial y resarcitoria. No obstante, puede derivar en otras investigaciones paralelas ante la Procuraduría General de la Nación o la Fiscalía, dependiendo de si se configuran conductas disciplinables o penales asociadas.
La SDIS y el ICBF en el ojo del huracán
La Secretaría Distrital de Integración Social es la entidad del Gobierno de Bogotá encargada de ejecutar la política de atención integral a la primera infancia en el Distrito. El ICBF, por su parte, es el organismo nacional que opera programas como los Hogares Comunitarios de Bienestar y los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) en todo el territorio nacional, incluida la capital.
El cruce entre ambas entidades, sin una depuración rigurosa de beneficiarios, habría sido la puerta de entrada para la presunta duplicidad de pagos. La Contraloría de Bogotá indicó que la responsabilidad recae en quienes tenían la obligación de verificar que un mismo niño o niña no recibiera doble financiación pública al mismo tiempo.
Antecedentes: no es la primera alarma en la SDIS
Esta no es la primera vez que la SDIS protagoniza un hallazgo de magnitud en el control fiscal distrital. En septiembre de 2024, la misma Contraloría de Bogotá ya había configurado un hallazgo fiscal de $2.600 millones por sobrecostos en los pagos del servicio de transporte brindado a población beneficiaria de programas sociales, incluyendo niños de jardines infantiles, personas con discapacidad y adultos mayores.
En ese caso, el organismo de control encontró que la Secretaría modificó la fórmula de liquidación de pagos mensuales de transporte sin sustento técnico, disparando los costos desde el cuarto mes del contrato. El hallazgo también fue trasladado a la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva de la Contraloría para identificar responsables.
Con la apertura formal del proceso de responsabilidad fiscal, la Contraloría de Bogotá tiene la facultad de decretar medidas cautelares sobre los bienes de los presuntos responsables para garantizar el resarcimiento del daño patrimonial. Los investigados tendrán derecho a ejercer su defensa dentro del proceso.
El caso llega en un momento políticamente sensible para la administración del alcalde Carlos Fernando Galán, que ha hecho de la gestión transparente uno de sus principales estandartes. La Alcaldía de Bogotá deberá responder ante el ente de control con argumentos técnicos y documentales que demuestren que los recursos se gestionaron conforme a la ley.
La ciudadanía bogotana, especialmente las familias de los 1.315 niños y niñas mencionados en el proceso, espera que esta investigación no solo resulte en la recuperación de los recursos, sino en la depuración de los sistemas de control que permiten que este tipo de irregularidades sucedan en programas tan sensibles como los de protección a la primera infancia.
Fotoportada: Alcaldía Mayor de Bogotá