Antes de pisar la Casa de Nariño, antes de nombrar un solo ministro, antes de presentarse ante el Congreso de la República, Abelardo de la Espriella ya tomó la decisión más trascendental de su gobierno: anunció que el 7 de agosto Colombia ingresará al Escudo de las Américas, la coalición militar diseñada en Washington por Donald Trump para ejercer control estratégico sobre América Latina bajo el pretexto de combatir el narcotráfico y el crimen organizado. El anuncio no se hizo en una sesión parlamentaria, no fue debatido con la ciudadanía ni consultado con juristas constitucionales. Fue un mensaje en redes sociales, en respuesta a la felicitación del secretario de Guerra de Estados Unidos. Así comienza el nuevo capítulo de la subordinación de Colombia a la potencia del norte.
Una alianza diseñada en Washington, no en Bogotá
El Escudo de las Américas no nació de las necesidades de los pueblos latinoamericanos. Nació el 7 de marzo de 2026 en un hotel de lujo en Doral, Florida, convocado y presidido por Trump, quien reunió a 12 gobiernos aliados del continente para firmar una coalición militar que, en sus propias palabras, se compromete a usar «fuerza militar letal para destruir las redes de los cárteles». La agenda de seguridad es real, pero no es la única agenda.
Investigadores del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) documentaron que detrás del discurso antinarcóticos hay un objetivo geopolítico explícito: frenar la expansión de China en América Latina. El Escudo de las Américas es, en esencia, una herramienta de la doctrina Monroe del siglo XXI: Estados Unidos decide quién gobierna, cómo se defiende y con quién se alinea cada país del hemisferio. Los socios no son aliados; son instrumentos.
Los países firmantes fundadores —Argentina de Milei, El Salvador de Bukele, Ecuador, Honduras, Paraguay— comparten un perfil político: gobiernos de ultraderecha o derecha dura que encontraron en Trump un patrocinador ideológico. Colombia fue excluida deliberadamente mientras Petro gobernaba. Ahora que ganó De la Espriella, Washington tiene lo que buscaba: el país con mayor capacidad militar de Sudamérica, el mayor productor de coca del mundo, y una posición geográfica que conecta dos océanos.
La soberanía no es un concepto abstracto
Para la línea de pensamiento político que defiende la autodeterminación de los pueblos, la soberanía nacional no es un formalismo jurídico: es la condición que permite a un Estado tomar decisiones propias sobre su territorio, su modelo de desarrollo y el uso legítimo de la fuerza. El Escudo de las Américas erosiona esa condición de manera estructural.
La cláusula más peligrosa del acuerdo es la que permite a los países miembros solicitar asistencia militar directa de Estados Unidos para operaciones dentro de su propio territorio. En Colombia, donde el Estado lleva décadas disputando el control territorial con grupos armados en la Amazonia, el Pacífico y el Catatumbo, esto no es hipotético: es una puerta abierta a la intervención militar extranjera en comunidades rurales, indígenas y afrodescendientes que históricamente han sido las víctimas —no los beneficiarios— de las estrategias de militarización.
La agencia Xinhua lo señaló con precisión tras la cumbre de Miami: «la iniciativa pone en riesgo la soberanía de los miembros de dicha coalición», pues formaliza un esquema donde el mando real de las operaciones reside en Washington, no en los gobiernos nacionales. Chatham House fue igualmente crítico, advirtiendo que esta coalición «repite errores del pasado» al carecer de mecanismos institucionales que protejan la autonomía de los estados y al excluir actores que son centrales para cualquier solución duradera al problema del narcotráfico.
El Plan Colombia ya demostró que la militarización no funciona
Colombia tiene una experiencia histórica directa con la lógica que propone el Escudo de las Américas. El Plan Colombia, lanzado en el año 2000 bajo el gobierno de Andrés Pastrana y ejecutado masivamente por Álvaro Uribe, canalizó más de 10.000 millones de dólares en cooperación militar y antinarcóticos de Estados Unidos durante 15 años. El resultado: Colombia sigue siendo el mayor productor mundial de cocaína. Las fumigaciones devastaron ecosistemas y cultivos de pancoger de familias campesinas. Las comunidades rurales quedaron atrapadas entre el fuego cruzado del ejército, los paramilitares y las guerrillas.
La militarización sin transformación social no elimina el narcotráfico; lo desplaza, lo fragmenta y, con frecuencia, lo fortalece al destruir las economías legales alternativas de los territorios. Ingresar al Escudo de las Américas bajo la misma lógica —más operativos, más fuerza letal, más presencia militar extranjera— sin abordar las causas estructurales como la pobreza rural, el abandono estatal y la ausencia de sustitución efectiva de cultivos, es condenar a las mismas comunidades a un nuevo ciclo de violencia institucional.
Un presidente electo que gobierna antes de posesionarse
Hay una dimensión institucional que no puede ignorarse. De la Espriella no es aún presidente de Colombia. Su posesión está programada para el 7 de agosto. Sin embargo, ya comprometió al país ante una potencia extranjera en un acuerdo de naturaleza militar, sin pasar por el Congreso de la República, sin someterse al escrutinio de la Corte Constitucional y sin consultar a las comunidades directamente afectadas.
El antecedente jurídico es ilustrativo: en 2009, el acuerdo de bases militares entre Uribe y Washington fue declarado inconstitucional por la Corte Constitucional colombiana precisamente porque no cumplió el trámite legislativo que la Carta Política exige para compromisos de esta naturaleza. Si ese acuerdo cayó, el ingreso al Escudo de las Américas —mucho más amplio en alcance y en implicaciones operativas— exige un nivel de debate democrático proporcional a su impacto.
Las voces que el poder prefiere no escuchar
Las organizaciones de derechos humanos, los movimientos campesinos, los pueblos indígenas y afrodescendientes, las comunidades del Pacífico y del sur del país —los actores que han pagado con sangre y desplazamiento el costo de cada estrategia de militarización— no fueron consultados. No aparecen en el anuncio de De la Espriella. No figuran en los comunicados de Washington.
Desde la perspectiva del periodismo de interés público, esa ausencia es, en sí misma, una noticia. Las políticas de seguridad que no incluyen a quienes viven la inseguridad están diseñadas para otros fines. Y cuando esos fines coinciden con los intereses geopolíticos de una superpotencia extranjera, la pregunta que una prensa libre tiene la obligación de hacer es directa: ¿en nombre de quién gobierna De la Espriella?
El ingreso al Escudo de las Américas puede tener argumentos de seguridad que merecen discusión seria. Pero una democracia no se mide solo por lo que decide, sino por cómo lo decide. Comprometer la soberanía de 52 millones de colombianos en un mensaje de X no es gobernabilidad. Es el primer síntoma de un gobierno que llegó al poder prometiendo institucionalidad y comenzó ejerciéndola de espaldas a ella.