La Defensoría del Pueblo pidió a la Fiscalía General de la Nación abrir una investigación penal contra el concejal de Medellín Andrés Felipe Rodríguez, conocido como “El Gury”, tras unas declaraciones que, según la entidad, podrían constituir incitación a la violencia y desconocimiento de derechos fundamentales. El caso vuelve a poner bajo la lupa el discurso de un servidor público y su posible impacto en un contexto político ya enrarecido por la polarización.
La solicitud de la Defensoría
De acuerdo con la información divulgada por RTVC Noticias y La FM, la Defensoría rechazó las expresiones del cabildante y las consideró especialmente graves por provenir de un funcionario elegido por voto popular. La entidad pidió además que el concejal se retracte públicamente y trasladó el caso a la Fiscalía para que determine si hubo conductas punibles.
El pronunciamiento se produce luego de que circulara un video en redes sociales en el que Rodríguez habría planteado la conformación de grupos de civiles armados para enfrentar a supuestos “enemigos”, una idea que para el organismo puede alimentar escenarios de confrontación y violencia política. En su análisis, la Defensoría advirtió que ese tipo de mensajes puede aumentar el riesgo para líderes sociales, defensores de derechos humanos y otros sectores de la población.
Por qué el caso es grave
La advertencia no se limita al contenido del mensaje, sino al cargo de quien lo emite. La Defensoría recordó que los funcionarios públicos tienen el deber de promover la Constitución, la convivencia pacífica y el respeto por los derechos humanos, y por eso rechazó cualquier discurso que sugiera justicia por mano propia o confrontación armada.lafm+1
En términos jurídicos, la Fiscalía deberá revisar si las declaraciones encajan en figuras del Código Penal colombiano relacionadas con instigación, amenazas o incitación a la violencia política, como lo señalaron los reportes citados. Ese análisis será clave para definir si el episodio se queda en una polémica política o si avanza hacia una eventual investigación formal.
El video que desató la polémica
Según los reportes publicados este 25 de junio, el concejal habría hecho referencia a “bombardear” zonas del país asociadas a los resultados electorales obtenidos por una candidatura presidencial, lo que fue interpretado por la Defensoría como un llamado a atacar territorios y comunidades por razones políticas. La expresión, en un escenario de alta sensibilidad institucional, elevó de inmediato el tono del debate público.
En la cobertura de La FM, la entidad incluso describió la declaración como una amenaza a los derechos fundamentales de las comunidades señaladas y reiteró su pedido de retractación. El mensaje, por su contenido y por el contexto en que fue emitido, abrió una discusión sobre los límites del lenguaje político y la responsabilidad de quienes ocupan cargos de representación popular.
Antecedentes del concejal
Este nuevo episodio no llega aislado. En enero de 2026, Andrés “Gury” Rodríguez se retractó públicamente ante la Fiscalía por señalamientos contra RTVC, después de una conciliación relacionada con denuncias por injuria, calumnia y hostigamiento. En esa ocasión, aceptó que no le constaba que Señal Colombia “patrocine asesinos” ni que el Concierto de la Esperanza hubiera celebrado el atentado contra Miguel Uribe Turbay.
Además, el nombre del concejal ya había aparecido en controversias previas relacionadas con confrontaciones en Medellín y acusaciones de hostigamiento dentro del Concejo, según reportes periodísticos de 2024 y 2025. Ese historial explica por qué la nueva solicitud de la Defensoría está siendo leída como un punto de inflexión en el debate sobre su conducta pública.
Qué puede pasar ahora
Por ahora, el concejal no se ha pronunciado públicamente sobre la solicitud de investigación penal, según lo reportado por RTVC Noticias. La Fiscalía será la encargada de valorar los elementos disponibles, establecer si hay mérito para abrir una investigación formal y definir si el caso tiene relevancia penal.
En paralelo, el episodio se convierte en un nuevo capítulo sobre el uso de la palabra en la política colombiana, sobre todo cuando proviene de figuras con visibilidad institucional. La discusión no solo toca el plano jurídico, sino también el deber ético de evitar mensajes que normalicen la violencia o legitimen la deshumanización del contradictores.