Los altos mandos de las exguerrilla FARC admitieron su culpa por primera vez ante las víctimas de más de 21.000 secuestros por los que fueron imputados, durante una audiencia este martes ante el tribunal de paz en Colombia.
Fue como un cara a cara entre ex secuestrados y sus antiguos secuestradores. Rodrigo Londoño, excomandante de la extinta guerrilla de las FARC y presidente del partido Comunes, confesó ante el órgano de justicia creado por el acuerdo de paz de 2016. Sentado frente a varios exsecuestrados y sus familiares en un auditorio de Bogotá, inició el reconocimiento.
“Estamos aquí ante ustedes reconociendo que a nombre de ideas revolucionarias cometimos estos crímenes de lesa humanidad y de guerra”, dijo.
En nombre de los 13.000 combatientes que dejaron las armas, acepto la «responsabilidad individual y colectiva frente a uno de los más abominables crímenes cometidos» por la organización marxista, dijo Rodrigo Londoño, conocido como ‘Timochenko’ durante el conflicto.
Esa guerrilla cometió más de 21.000 secuestros, de acuerdo con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Surgida del acuerdo de paz con la entonces guerrilla en 2016 en La Habana, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó en 2021 a los altos mandos por crímenes de lesa humanidad relacionados con los miles de secuestros y otros delitos como tortura cometidos entre 1990 y 2016.
Los excomandantes guerrilleros Pablo Catatumbo, Pastor Alape, Milton Toncel y Julián Gallo también pidieron perdón durante la audiencia de tres días.
Jaime Parra, conocido como «el médico» de las FARC, y Rodrigo Granda, «el canciller», podrán reconocer su responsabilidad hasta el jueves, cuando termina la comparecencia.
Los secuestros fueron realizados para presionar un canje por presos de la guerrilla, otros con fines económicos y otros para control social.
Londoño reiteró: «¿Cómo es posible reivindicar ante la humanidad como un hecho válido el cosificar a una persona, de convertirla en mercancía en función de financiar un proyecto que reivindicaba la dignidad humana cuando la estaban pisoteando?».
“Secuestrado, sufrí golpes, sufrí violación”
Las víctimas también tuvieron voz. El sargento en retiro César Lasso mostró incluso las cadenas con las que permaneció en la selva durante 13 años.
“Se frustró un anhelo, un sueño de ver crecer a los hijos”, dijo Lasso, con la voz quebrada.
El policía Olmes Duque fue incluso violado durante su retención. “Los días que estuve secuestrado sufrí golpes, sufrí violación”, afirmó.
Óscar Tulio Lizcano, secuestrado en el 2000 cuando era un congresista conservador, le exigió a sus «carceleros» esclarecer el paradero de los secuestrados desaparecidos.
«Qué nos digan la verdad. Hemos perdonado, pero eso no quiere decir que no haya justicia, queremos la verdad», reclamó el exparlamentario de 75 años, que se fugó de sus captores en 2008.
«#DóndeEstán?»
Una exposición de fotografías de los desaparecidos con el lema «#DóndeEstán?» y manuscritos dirigidos a la comandancia guerrillera recibía a los asistentes al evento público.
La magistrada Julieta Lemaitre, quien presidió la sesión, dijo que los secuestros «fueron producto de una política adoptada por el secretariado [cúpula] de las FARC-EP» y «cometidos de manera directa por sus subordinados».
La JEP, según Lemaitre, identificó tres modalidades: detención de «civiles que transitaban por zonas» de dominio rebelde, secuestros «para cobrar dinero» a cambio de las liberaciones y para canjearlos por rebeldes encarcelados.
En medio de la audiencia, la colombo-francesa Íngrid Betancourt encaró a Toncel para exigirle no omitir detalles sobre los terceros que habrían participado en su secuestro de seis años cuando hacía campaña a la presidencia en 2002.
El primer acto de este tipo que realiza la JEP con los excombatientes ocurre dos días después de la elección presidencial que dio como vencedor al izquierdista Gustavo Petro, un senador y exguerrillero del nacionalista M-19 que firmó la paz hace treinta años para hacer política y defiende el acuerdo que desarmó a las FARC.
El 7 de agosto, Petro tomará juramento ante a un Congreso integrado por Pablo Catatumbo y otros nueve exguerrilleros que gracias al pacto de paz tienen un escaño parlamentario garantizado hasta 2026.
Redacción: Paula Carrillo, corresponsal de RFI en Bogotá, y AFP / Fotoportada: AFP – JUAN PABLO PINO
