La Fiscalía General de la Nación decidió negar la solicitud de aplazamiento de la indagatoria contra Álvaro Uribe y mantuvo la fecha fijada para el 24 de julio de 2026. El expresidente, citado por su presunta participación en las masacres de El Aro y La Granja, así como en el homicidio de Jesús María Valle, calificó la decisión como persecución política y abuso institucional.
Decisión judicial: Fiscalía mantiene citación del 24 de julio
El ente investigador, en respuesta a un pedido de la Procuraduría General, confirmó que la diligencia de indagatoria se llevará a cabo en la fecha originalmente programada. La Procuraduría había solicitado el aplazamiento argumentando que hay pruebas pendientes de practicar en el expediente, pero la Fiscalía consideró que existen suficientes elementos para adelantar la comparecencia.
La indagatoria contra Álvaro Uribe está vinculada a tres hechos centrales:
-
La masacre de La Granja (11 de junio de 1996), en Ituango, Antioquia, donde paramilitares de las ACCU asesinaron cinco campesinos.
-
La masacre de El Aro (22–31 de octubre de 1997), también en Ituango, en la que fueron ejecutados alrededor de 17 personas.
-
El homicidio de Jesús María Valle, abogado y defensor de derechos humanos asesinado en 1998 después de haber denunciado públicamente la vinculación entre militares y paramilitares en esas masacres.
En el caso también se investiga la presunta conformación del bloque Metro en la hacienda Las Guacharacas, finca propiedad de la familia Uribe en la región.
Respuesta de Álvaro Uribe: “atropello” y “persecución política”
Álvaro Uribe anunció la decisión de la Fiscalía en su cuenta de X (antes Twitter), donde señaló que la citación se da sin practicar las pruebas que ella decretó y que eso constituye un atropello judicial. El expresidente comparó su situación con la del magistrado César Reyes, quien, según Uribe, lo indagó y lo enviado a prisión sin agotar pruebas previamente ordenadas.
Uribe argues que la indagatoria por masacres paramilitares es parte de una persecución política contra su figura, vinculando el proceso a la Fiscalía, la Procuraduría y, en sus palabras, también al gobierno de Gustavo Petro y a la figura de Alejandro Cepeda. Según el exmandatario, estos actores buscan “llevarlo a la cárcel por el resto de su vida”.
Su defensa había solicitado que se negaran recursos relacionados con la citación y que se esperara a agotar otras líneas de investigación, pero la Fiscalía consideró que no era necesario suspender la diligencia.
Contexto del caso: más de 20 años de investigación
El proceso contra Álvaro Uribe por las masacres de El Aro y La Granja tiene más de 20 años de investigación y se ha desarrollado en distintas etapas judiciales. Uno de los testimonios clave fue prestado por el exparamilitar Francisco Villalba, quien acusó a Uribe de haber tenido conocimiento de los hechos; Villalba fue posteriormente asesinado.
Salvatore Mancuso, jefe de las AUC, inicialmente negó cualquier vinculación de Uribe con las masacres, pero años después, en declaraciones ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), afirmó que el expresidente conocía lo que estaba ocurriendo en la región. Estos corresponden a elementos de pruebas que han sido utilizados por la Fiscalía en su narrativa de responsabilidad política y de conocimiento.
La indagatoria el 24 de julio es un paso dentro de un proceso que, según la definición de la Fiscalía, podría avanzar hacia etapas posteriores de formulación de imputación o, en su defecto, cierre, dependiendo de los resultados de la comparecencia y de las pruebas adicionales.
Impacto político y mediático en Colombia
La decisión de la Fiscalía de mantener la indagatoria de Álvaro Uribe genera un nuevo punto de conflicto político en un momento ya cargado de tensiones entre el gobierno de Petro, la Fiscalía, la Procuraduría y sectores afines al expresidente. El caso se ha convertido en uno de los temas judiciales más comentados en medios y redes, con alta repercusión en la opinión pública y en la agenda política.
La indagatoria por masacres paramilitares y el homicidio de Jesús María Valle también reviven debates sobre la responsabilidad de autoridades regionales durante los años 1996–1998 y sobre la vinculación de políticos con grupos paramilitares en Antioquia y Urabá.
Fotoportada: EFE Carlos Ortega/ Archivo