En un informe presentado ante la Corte Constitucional, el Gobierno Nacional reveló que, en once meses de ejecución de la Operación Themis, se han logrado 131 capturas de personas sindicadas de participar en más de cien casos de homicidios contra líderes sociales, comunales, indígenas, afrodescendientes y campesinos. Además, se han identificado a 78 personas como objetivos estratégicos, presuntamente responsables de estos crímenes. Este operativo, liderado por el Ministerio de Defensa, ha sido posible gracias a la coordinación entre las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y otras entidades del Estado.
El informe fue presentado en el marco de una sesión técnica de seguimiento al Estado de Cosas Inconstitucional (ECI), declarado por la Corte Constitucional debido a la crisis humanitaria que enfrentan las comunidades firmantes del Acuerdo de Paz de 2016. El ministro de Defensa, Iván Velásquez, destacó que estos resultados son producto de acciones conjuntas y coordinadas, basadas en directivas y resoluciones emitidas por el Gobierno para desplegar efectivos en zonas de alto riesgo.
La Operación Themis, que ha registrado un promedio de una captura cada dos días, ha permitido la detención de presuntos responsables de asesinatos de líderes sociales. Entre los capturados se encuentran alias ‘Maro’, de la estructura Dagoberto Ramos; alias ‘Flaco Alberto’, cabecilla del grupo 48 Comando de Frontera; alias ‘Ney Segoviano’ y alias ‘Rumba’, vinculados al ELN. Estas capturas representan un avance significativo en la lucha contra la violencia que afecta a las comunidades más vulnerables del país.
El ministro Velásquez resaltó que, además de las capturas, el Ejército Nacional ha desplegado 1.084 uniformados para garantizar la seguridad en los Antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (AETCR), mientras que unidades de Carabineros de la Policía Nacional refuerzan la vigilancia en estas zonas. Sin embargo, enfatizó que la seguridad y protección no dependen exclusivamente de la Policía, sino que es necesario que las alcaldías, la Unidad Nacional de Protección y otras entidades asuman un papel más activo en la implementación de medidas de protección para las comunidades.
El informe también destaca la importancia de la coordinación interinstitucional entre el Ministerio de Defensa, la Fiscalía General de la Nación y la Agencia para la Reincorporación. Esta colaboración ha permitido la identificación de riesgos y el intercambio de información estratégica para combatir la violencia contra los líderes sociales.
En cuanto a la respuesta a las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo, el ministro Velásquez explicó que la Fuerza Pública diseña y ejecuta planes de acción focalizados que incluyen patrullajes, capturas, registros y otras estrategias de seguridad. «Cada alerta activa un protocolo dentro del Sistema Integral de Derechos Humanos, permitiendo una respuesta inmediata en las regiones y departamentos de Policía», afirmó.
El Gobierno Nacional ha previsto traslados necesarios de efectivos para garantizar la operatividad en el segundo semestre del año. La Secretaría de Gabinete del Ministerio de Defensa es la instancia responsable de coordinar las acciones relacionadas con el Acuerdo de Paz, facilitando la toma de decisiones y el seguimiento de políticas y programas con otras entidades.
A pesar de los avances, el ministro Velásquez reconoció que aún existen desafíos importantes. «La seguridad y la protección no dependen exclusivamente de la Policía Nacional. Es necesario que las alcaldías, la Unidad Nacional de Protección y otras entidades asuman también una tarea más activa en la implementación de medidas de protección a las comunidades», reiteró.
Fotoportada: Ministerio de Defensa
