El Juzgado Sexto Penal del Circuito Especializado de Antioquia sentenció el pasado 23 de julio de 2025 a siete exdirectivos de la multinacional bananera Chiquita Brands y de sus filiales en Colombia a 11 años y 3 meses de prisión por el delito de concierto para delinquir agravado. El proceso demostró la responsabilidad empresarial en el financiamiento al proyecto paramilitar de los hermanos Castaño y sus grupos armados, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), una decisión que marca un hito en el país y en la región.
¿Quiénes son los condenados y qué cargos ocupaban?
Los condenados -Reinaldo Elías Escobar de la Hoz, John Paul Olivo, Charles Dennis Keiser, Álvaro Acevedo González, José Luis Valverde Ramírez, Víctor Julio Buitrago Sandoval y Fuad Alberto Giacoman Hasbún– ocuparon altos cargos en Chiquita Brands y sus filiales Banadex y Banacol. La decisión del juzgado también absolvió a tres exdirectivos de Banacol que habían sido vinculados en el proceso.
| Nombre | Cargo en Chiquita/Banacol/Banadex | Pena impuesta |
|---|---|---|
| Reinaldo Elías Escobar de la Hoz | Directivo estatal Chiquita/Banacol | 11 años y 3 meses prisión |
| John Paul Olivo | Alto ejecutivo Banadex | 11 años y 3 meses prisión |
| Charles Dennis Keiser | Directivo internacional Chiquita | 11 años y 3 meses prisión |
| Álvaro Acevedo González | Directivo Banadex | 11 años y 3 meses prisión |
| José Luis Valverde Ramírez | Directivo Banadex | 11 años y 3 meses prisión |
| Víctor Julio Buitrago Sandoval | Directivo Banacol | 11 años y 3 meses prisión |
| Fuad Alberto Giacoman Hasbún | Ejecutivo Banadex | 11 años y 3 meses prisión |
¿Cómo ocurrió la financiación de las AUC?
Según la investigación, entre 1997 y 2004 los ejecutivos autorizaron, a través de más de cien pagos, transferencias por un valor cercano a 1,7 millones de dólares a los bloques paramilitares comandados por los hermanos Castaño, especialmente el bloque Arlex Hurtado de las AUC en Urabá. Los pagos se hicieron “a cambio” de protección a los cultivos, las instalaciones y los trabajadores de las compañías bananeras.
La Fiscalía documentó que el dinero se canalizó utilizando servicios de vigilancia privados a través de las Convivir, cooperativas que tenían personería jurídica y operaban con reconocimiento legal en la época; sin embargo, el flujo final de los recursos era, en realidad, para fortalecer a las AUC.
Impacto de este financiamiento en el conflicto colombiano
Las AUC usaron los recursos recibidos para financiar crímenes atroces contra la población civil, entre ellos homicidios de líderes sociales, desplazamientos, torturas, desapariciones y la compra de armas. Se calcula que la compra de, al menos, 3.000 fusiles AK-47 y millones de cartuchos de munición fue posible por estos aportes empresariales.
Este apoyo, lejos de ser un pago extorsivo, fue interpretado judicialmente como la colaboración voluntaria y concertada de una multinacional con grupos armados ilegales, como parte de una estrategia para mantener su presencia y control en las principales regiones bananeras de Colombia.
Las versiones de las partes y el debate por la extorsión
La defensa de los ejecutivos trató de justificar los pagos como una extorsión, asegurando que los directivos los habrían realizado bajo presión y amenazas para preservar la vida e integridad de los empleados y la infraestructura de la compañía. No obstante, la jueza Diana Lucía Monsalve estableció que no se pudo probar la existencia de un daño inminente o presión directa, y que se trató de decisiones gerenciales conscientes para garantizar un entorno “seguro” para sus operaciones, a cualquier costo.
Sanciones adicionales y repercusiones legales
Además de la pena privativa de la libertad, los siete condenados estarán inhabilitados para ejercer funciones públicas durante el mismo tiempo de la sentencia y deberán asumir una multa equivalente a aproximadamente $13.879 millones de pesos (más de 3 millones de dólares). La jueza negó la suspensión de la pena, la prisión domiciliaria y emitió las órdenes de captura pertinentes.
En el contexto internacional, es relevante recordar que en 2007 Chiquita Brands ya había admitido estos hechos ante la justicia estadounidense, recibiendo una multa de 25 millones de dólares; sin embargo, esa sanción nunca benefició directamente a las víctimas colombianas. En Estados Unidos y Colombia continúan abiertas demandas por reparación a víctimas.
Las críticas contra la Fiscalía y la justicia colombiana
Uno de los puntos álgidos de la sentencia fue la crítica de la jueza a la Fiscalía General de la Nación, por avanzar “tardíamente” y quedarse corta en la investigación sobre la magnitud de la responsabilidad empresarial en el conflicto armado. La decisión de condena llegó apenas a dos meses de que los delitos prescribieran, un retraso considerado injustificado por varias organizaciones de derechos humanos y víctimas que han reclamado justicia desde hace décadas.
Reacciones sociales y significado histórico
Distintas organizaciones celebraron el fallo como un paso fundamental hacia la responsabilidad corporativa, la verdad y la reparación en Colombia. Especialistas, activistas y familiares de víctimas esperan que este caso siente un precedente para futuros procesos y para que las empresas sean juzgadas por su implicación directa o indirecta en la guerra interna y los crímenes de lesa humanidad.