La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en el marco de sus avances en el Caso 03, ha consolidado una cifra alarmante: el número de víctimas de falsos positivos en Colombia asciende a 7.837 casos. Esta actualización, revelada por el magistrado Pedro Díaz, subraya la magnitud de las ejecuciones extrajudiciales cometidas por agentes del Estado entre 1990 y 2016. Este hallazgo no es solo estadístico; representa un avance crítico en la justicia transicional para esclarecer la verdad, la responsabilidad y los patrones de estos crímenes de lesa humanidad.
La evolución de una verdad dolorosa
Los falsos positivos, conocidos técnicamente como «muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado», constituyen una de las violaciones más graves a los derechos humanos durante el conflicto armado colombiano. La JEP ha pasado de la cifra inicial de 6.402 casos documentada en 2021 a los actuales 7.837, reflejando una investigación «dinámica» que sigue incorporando nuevos informes de víctimas, bases de datos de la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y el Centro Nacional de Memoria Histórica.
El Caso 03 se ha convertido en el proceso más avanzado de la justicia transicional, habiendo imputado ya a decenas de miembros retirados del Ejército Nacional, incluidos generales de la República. La metodología de la JEP prioriza territorios críticos y patrones criminales sistémicos que involucraron el uso de incentivos, engaños y recompensas para concretar los asesinatos.
Foco en Antioquia: 1.435 víctimas en Urabá
La investigación en Antioquia revela una realidad devastadora, al identificarse como el departamento con el mayor número de casos en el país. Específicamente, en la región de Urabá, el Caso 03 ha documentado al menos 1.435 víctimas, integrando un consolidado departamental de 1.932 muertes ilegítimas.
La JEP ha logrado establecer posibles redes de coordinación entre estructuras paramilitares y unidades militares, señalando específicamente a la Brigada 17 y el Batallón Vélez por hechos ocurridos entre 2004 y 2005. Estos hallazgos son posibles gracias a los testimonios directos de las familias, quienes por años exigieron justicia ante un Estado que inicialmente negaba estos patrones criminales.
Metodología y compromiso con la verdad
La rigurosidad en estas cifras se fundamenta en la triangulación de información judicial y el trabajo con las víctimas en el territorio. La JEP no solo busca sancionar a los máximos responsables, sino también garantizar la no repetición mediante la dignificación de los fallecidos y la recuperación de cuerpos, como se ha evidenciado en regiones como Huila y La Guajira. Con más de 200 responsables imputados y decenas de reconocimientos de verdad ya registrados, el proceso continúa siendo un pilar fundamental para la reconciliación nacional.
Este reporte subraya la importancia del periodismo de profundidad para seguir el rastro a la justicia transicional en Colombia, asegurando que las historias de las víctimas de falsos positivos no queden en el olvido y que el país pueda confrontar esta dolorosa realidad para construir una paz con garantías plenas.