Registraduría invalidó el 62% de las firmas de Abelardo de la Espriella

En plena carrera por las elecciones presidenciales, un nuevo foco de debate se abrió alrededor de la recolección de apoyos ciudadanos que habilitan candidaturas por “grupos significativos de ciudadanos”.


La columna de Cecilia Orozco Tascón advierte que, a pocos meses de la primera vuelta, persiste una zona gris: la autoridad electoral no ha publicado el detalle, candidato por candidato, de cuántas firmas fueron aceptadas y cuántas rechazadas, ni por qué.YouTube

Lo que no ha publicado la entidad

La Registraduría ha dicho que 21 o 22 aspirantes entregaron formularios que, sumados, alcanzan 28 millones de firmas, y que tras filtros tecnológicos y revisiones jurídicas solo 14 o 15 superaron el umbral exigido.YouTube
Pero, según la columnista, “hasta ahí” llega la información oficial: la entidad no divulga los números desagregados por aspirante, pese a que esos datos permiten evaluar cómo se movieron las campañas, qué tan consistente fue la recolección y qué tan “real” fue el supuesto respaldo.YouTube
Orozco Tascón cuenta que pidió por teléfono las actas de resultados, el funcionario consultó y luego le respondieron que su solicitud había sido negada, sin ofrecer una explicación.

Cómo se obtuvieron las cifras

Ante la negativa, la periodista tomó dos caminos: buscar la información por sus propios medios y, en paralelo, radicar un derecho de petición formal ante el registrador nacional Hernán Penagos, del que —al momento de su columna— aún no recibía respuesta dentro del plazo legal.
En ese proceso, afirma haber conseguido un certificado cuya autenticidad, dice, puede probar, y que permite “caracterizar” la campaña de un aspirante que ha tenido alta exposición mediática por el volumen de firmas que aseguró haber entregado.
La autora añade un punto clave: se abstiene de publicar el documento para proteger a sus fuentes.

El caso De la Espriella

El aspirante Abelardo de la Espriella y su equipo difundieron en medios y redes que habían entregado cerca de cinco millones de apoyos (otras piezas hablaban de “más de 4,8 millones”), presentándolo como un indicador de fortaleza popular y recolección “sin maquinaria”.


Sin embargo, el documento citado por la columnista —identificado como “Investigación 44” dentro de un informe técnico del grupo de verificación por firmas— registra que se analizaron 5.079.000 renglones y que el total de “apoyos válidos” fue 1.978.108.


Esa relación equivale a que el volumen finalmente válido quedó alrededor del 38% de lo reportado como “entregado”, lo que alimenta el debate sobre la distancia entre el mensaje de campaña y el resultado del examen oficial.

Por qué se invalidaron apoyos

El documento citado por Orozco Tascón discrimina causas de rechazo que, en conjunto, explican el tamaño del recorte frente a la cifra inicialmente publicitada.YouTube

  • Datos que “no corresponden”: 1.437.677 registros.YouTube

  • ANI: 1.025.663 firmas con “datos no ANI”, es decir, que no aparecen en el Archivo Nacional de Identificación.YouTube

  • Duplicado: 273.211 registros marcados como firma repetida.YouTube

  • Ilegibles: 152.028 registros con datos que no se pueden leer.YouTube

  • Blanco: el total analizado incluye 159.700 renglones en blanco en formularios que, según el documento, fueron invalidados.YouTube

Las preguntas de fondo

Más allá del pulso político, el centro del reclamo es de información pública: la columnista plantea que los electores tienen derecho a conocer cómo se obtuvieron esas firmas, cuántos recolectores o empresas intervinieron, cuánto costó el proceso y cuál fue el origen de los recursos, en un universo donde la norma permite que una misma persona aparezca en planillas de varios aspirantes.


En ese marco, Orozco Tascón formula dos preguntas directas al registrador Hernán Penagos: por qué mantiene en reserva los análisis por candidato y si ese secretismo termina favoreciendo a una o varias campañas o perjudicando a otras.


El trasfondo, en términos de debate democrático, es simple: sin cifras oficiales desagregadas y accesibles, el país queda con anuncios grandilocuentes, pero sin una auditoría ciudadana clara sobre la calidad real de los “avales” que abren la puerta a la contienda

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