En un informe especial presentado por la revista SEMANA, se ha destapado un escandaloso caso de presunta corrupción que ha sacudido a Colombia. Según el reporte, entre enero y marzo de 2022, justo antes de las elecciones para el Congreso, se llevaron a cabo una serie de interceptaciones de comunicaciones que han revelado conversaciones comprometedoras sobre el presunto pago de coimas por una astronómica suma de más de $10.000 millones de pesos.

De esta suma, se menciona que aproximadamente $6.000 millones habrían sido destinados al «apoyo» de campañas políticas del Congreso. Estos fondos, al parecer, tenían como propósito asegurar la adjudicación de contratos para la construcción del tan esperado metro de Bogotá, un proyecto crucial para la movilidad en la capital colombiana.

Lo que hace este caso aún más impactante es que entre los nombres mencionados en los documentos filtrados se encuentran la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y su esposa, la senadora Angélica Lozano. Esto ha generado un profundo cuestionamiento sobre la integridad de altos funcionarios públicos y la supuesta implicación de figuras clave en la política colombiana en actividades corruptas.

Ante los crecientes indicios de corrupción en este proyecto de gran envergadura, la Fiscalía ha remitido el caso a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Esta decisión se ha tomado debido a que en los documentos se menciona la posible implicación de congresistas del Partido Verde, quienes gozan del fuero parlamentario, un conjunto de privilegios legales que los protege de ciertas acciones judiciales.

En documentos de la Revista SEMANA se revelan pruebas de importantes intereses económicos en un proyecto de infraestructura de gran envergadura en el país. También se sugiere la posible participación de políticos en estos asuntos.

El foco de la investigación hasta el momento ha estado en José Joaquín Silva Ardila, un exempleado del Ministerio con acceso a información privilegiada del proyecto del metro de Bogotá, incluyendo detalles sobre contratación y adjudicación de contratos. Silva Ardila parece haber sido una pieza clave en este entramado corrupto, ya que las conversaciones interceptadas sugieren que tenía un profundo conocimiento sobre los movimientos de dinero y las maniobras en curso. Según un fragmento de las conversaciones reveladas por SEMANA, Silva Ardila mencionó: «Él lo que está haciendo es lo siguiente, le están girando desde China 6.000 millones, no sé cuántos dólares, para la campaña del congresista (…) porque están moviendo mucho dinero con la cosa esa del Congreso; eso es lo que observé y son dineros que giran de empresas chinas para que les den obras con el metro.»

Otro actor clave en este escándalo es un ciudadano de origen asiático conocido como Dong, quien aparentemente desempeñó un papel relevante en los presuntos actos de corrupción relacionados con el metro de Bogotá. La Fiscalía busca ahora solicitar la interceptación inmediata del teléfono de Dong para profundizar en la investigación. También se están investigando las finanzas de Silva Ardila y cualquier posible movimiento de grandes sumas de dinero y transacciones financieras sospechosas relacionadas con este caso.

Un dato adicional que ha causado inquietud en las autoridades es una llamada interceptada realizada el 7 de marzo de 2022, en la que Silva Ardila mencionó que los chinos habrían girado $6.000 millones para apoyar a la actual alcaldesa, posiblemente en su campaña para el Senado. Este hallazgo plantea interrogantes sobre la financiación de campañas políticas y la posible influencia extranjera en la política colombiana.

Este escandaloso caso de corrupción ha puesto en entredicho la integridad de importantes figuras políticas y ha generado un debate sobre la necesidad de reforzar las medidas anticorrupción en el país. Las investigaciones continúan, y la sociedad colombiana espera respuestas claras y acciones concretas para erradicar la corrupción en uno de los proyectos de infraestructura más importantes de Bogotá.

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