En el debate por el páramo de Santurbán, surgió una nueva alerta política y ambiental: el gobierno entrante de Abelardo de la Espriella podría habilitar un escenario favorable para Aris Mining y su proyecto Soto Norte, según advirtieron defensores del territorio tras declaraciones del ministro de Ambiente designado, Fabio Arjona Hincapié. La discusión reactivó el choque entre la promesa de minería formal y la defensa del agua para Bucaramanga y su área metropolitana.
Arjona Hincapié dijo en entrevista que se debe “delimitar el páramo” y revisar las zonas de aprovechamiento, además de “formalizar la minería” existente alrededor del ecosistema; incluso sugirió que la experiencia de la empresa canadiense en Antioquia podría servir como ejemplo para Santurbán. Esa lectura fue rechazada de inmediato por el Comité Santurbán, que interpretó las declaraciones como una señal de apertura para que una gran minera avance sobre una zona ambientalmente sensible.
La advertencia no surge en el vacío. Aris Mining ya ha movido ficha alrededor de Soto Norte, un proyecto aurífero ubicado en el área de influencia del páramo y cuestionado desde hace años por su cercanía a las fuentes hídricas. La compañía informó que la resolución sobre un Área de Reserva Temporal en Santurbán le permite al Ministerio de Ambiente evaluar los recursos hídricos y suspender licencias ambientales por dos años, mientras la firma insiste en un rediseño de menor escala.
Ese rediseño también ha sido presentado por la empresa como una apuesta por una minería subterránea más pequeña y con menor impacto, con nuevas opciones de procesamiento y apoyo a mineros de pequeña escala. Sin embargo, organizaciones sociales y sectores técnicos advierten que el problema de fondo sigue intacto: cualquier actividad extractiva en la zona de influencia del páramo puede comprometer la seguridad hídrica de millones de personas.
El propio presidente Gustavo Petro reaccionó a las declaraciones del ministro designado y sostuvo que la explotación de oro “desde el páramo hasta antes de la toma del acueducto de Bucaramanga” contamina el agua. También recordó que decisiones de ese calibre debían ponerse a consideración ciudadana, mientras el Comité Santurbán pidió acciones jurídicas y movilización pacífica para frenar cualquier intento de habilitar la actividad extractiva en el ecosistema.
¿Qué está en juego?
Santurbán es uno de los ecosistemas más sensibles del oriente colombiano y una fuente clave de abastecimiento para Bucaramanga y otros municipios de Santander. Por eso, la discusión sobre minería en Santurbán no es solo una disputa entre empresa y Gobierno: también toca el acceso al agua, la protección ambiental, la formalización de mineros y la estabilidad jurídica de las decisiones estatales.
En paralelo, la Procuraduría ya había planteado observaciones al proyecto de resolución sobre la reserva temporal, alertando por posibles impactos en comunidades, mineros formales e informales, y por la necesidad de mayor sustento técnico. Ese contexto confirma que el caso sigue abierto y que cualquier guiño político a Aris Mining tendrá efectos inmediatos en la conversación pública, en tribunales y en la calle.
Foto portada: Diario Vangardia