La sentencia, dictada el pasado 1 de agosto del 2025 por la jueza 44 Penal del Circuito de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, desencadenó una reacción inmediata de la defensa del exmandatario, la cual interpuso una acción de tutela argumentando la vulneración de derechos fundamentales, como el debido proceso, la presunción de inocencia y la libertad personal.
La tutela polémica y la figura de Ramiro Riaño
La polémica acción legal fue radicada específicamente contra la decisión de la jueza Heredia de ordenar la detención domiciliaria de Uribe mientras la sentencia aún no queda en firme, solicitando suspenderla hasta que se resuelva la apelación respectiva. El documento, impulsado por el abogado Jaime Granados Peña, insiste en que mantenerlo en detención mientras no haya sentencia definitiva viola la dignidad y derechos fundamentales del expresidente.
La polémica creció cuando se conoció que, por reparto, la tutela fue asignada a Ramiro Riaño Riaño, magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, quien anteriormente se había declarado impedido para conocer casos relacionados con Uribe. Este impedimento se había fundamentado en un posible conflicto de intereses, ya que su compañera sentimental fue nombrada fiscal local en Zipaquirá en 2013, bajo la gestión del entonces fiscal Luis Eduardo Montealegre, quien es reconocido como víctima dentro de este mismo proceso.
La designación de Riaño produjo pronunciamientos no solo por parte del periodista Daniel Coronell, quien denunció públicamente la irregularidad, sino también del senador Iván Cepeda y otros actores del espectro jurídico nacional, quienes alertaron sobre una posible falta de garantías procesales y la urgencia de que Riaño confirme si se aparta de la tutela debido a su impedimento previo.
Última decisión del tribunal: se mantiene la detención domiciliaria
Mientras se resolvía la discusión sobre el magistrado, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá resolvió en primera instancia no suspender la orden de detención domiciliaria, otorgando así la razón a la jueza Heredia. El magistrado Leonel Rogeles Moreno, actuando en reemplazo temporal de Riaño Riaño —quien se encontraba de permiso—, determinó que los argumentos de la defensa no cumplían los requisitos mínimos para proceder a una medida provisional de suspensión y que, por ahora, no se advierte una afectación relevante a los derechos fundamentales invocados por el expresidente.
El Tribunal enfatizó que la tutela debe seguir su trámite ordinario y podría retornar al despacho del magistrado Riaño tan pronto este retome funciones o si resuelve su posible impedimento, lo que podría prolongar la definición de fondo sobre el recurso presentado por la defensa.
Rumores sobre asilo político en Estados Unidos
En medio de este proceso, han surgido versiones en redes sociales y algunos medios de comunicación sobre una supuesta intención de Uribe de solicitar asilo político en Estados Unidos con el objetivo de no cumplir la medida de prisión domiciliaria en Colombia. Sin embargo, hasta el momento, el propio exmandatario ha negado públicamente esa posibilidad, afirmando que “el asilo que he pensado pedir es en el corazón de mis compatriotas”, intentando desmarcarse de dichos rumores.
A pesar de ello, el argumento utilizado por la jueza Heredia en la sentencia —la preocupación por un posible intento de Uribe de abandonar el país apoyado en su “gran notoriedad internacional”—, así como la celeridad con la que la defensa ha intentado diversas vías jurídicas, han mantenido viva la sospecha y el debate público sobre los riesgos de fuga o dilación de la justicia.
El trasfondo nacional: justicia, poder y polarización
El caso de Álvaro Uribe pone a prueba la fortaleza y la independencia de la justicia colombiana en un contexto polarizado. Diversos analistas y medios advierten sobre la importancia histórica del hecho: es la primera vez en la historia del país que un expresidente es condenado penalmente y afronta la privación de la libertad por decisión judicial.
Mientras los simpatizantes del exmandatario ponen en duda la imparcialidad de la justicia y denuncian persecución política, sectores críticos insisten en la relevancia de garantizar la aplicación estricta del Estado de derecho sin excepciones por poder o popularidad política.
El Tribunal Superior de Bogotá tendrá que resolver la tutela presentada por la defensa de Uribe en los próximos días, mientras continúa vigente la orden de detención domiciliaria. Si la decisión resultase adversa para la defensa, la estrategia legal podría escalar a instancias superiores, como la Corte Suprema de Justicia.