En 2025, Colombia enfrenta uno de los mayores desafíos legales de su historia en la Corte Permanente de Arbitraje, con sede en Países Bajos. La cazatesoros estadounidense Sea Search Armada (SSA) exige una compensación de 10.000 millones de dólares, alegando derechos sobre el hallazgo del mítico Galeón San José.
La disputa se remonta a 1982, cuando SSA aseguró haber localizado los restos del galeón con la aprobación del gobierno colombiano. El San José, hundido en 1708, contiene un tesoro valorado en miles de millones de dólares en oro y piedras preciosas. Aunque la Ley 397 de 1997 de Colombia declaró estos restos patrimonio cultural de la nación, SSA reclama derechos sobre la mitad del valor económico del tesoro, alegando un acuerdo previo con el país.
La defensa colombiana, liderada por expertos legales e históricos, se centra en argumentar que el Galeón San José es un bien cultural inalienable. Según la legislación colombiana e internacional, los restos arqueológicos submarinos pertenecen al Estado y no pueden ser tratados como mercancía.
Además, Colombia sostiene que SSA no tiene evidencia verificable de haber localizado el galeón. Incluso si existiera un acuerdo previo, este estaría subordinado a las leyes vigentes, que otorgan prioridad al patrimonio cultural.
La demanda, de 10.000 millones de dólares, equivaldría a 40 billones de pesos colombianos, suficientes para construir dos veces la primera línea del Metro de Bogotá. Más allá del impacto económico, este caso pone en juego la soberanía cultural del país. Para Colombia, ceder ante estas pretensiones abriría un precedente peligroso para la gestión de su patrimonio arqueológico.
La Corte Permanente de Arbitraje evaluará el caso dentro del marco de tratados internacionales sobre patrimonio cultural y acuerdos bilaterales entre Estados Unidos y Colombia. Expertos legales indican que el fallo tendrá repercusiones en cómo se gestionan los restos arqueológicos submarinos en todo el mundo.
La disputa por el Galeón San José no solo es un conflicto legal, sino un debate global sobre el balance entre el patrimonio cultural y los intereses económicos privados. Colombia busca sentar un precedente que reafirme el derecho de las naciones a proteger su historia.
En las próximas audiencias, se definirán los argumentos finales de ambas partes, y el fallo podría dictarse antes de que finalice el año. Sea cual sea el resultado, este caso marcará un hito en la defensa del patrimonio cultural en el ámbito internacional.
