El Consejo de Estado admitió una demanda que cuestiona la directiva presidencial que ordena destinar el 33,3% de la pauta oficial a medios alternativos, comunitarios y digitales. Esta medida, anunciada por el presidente Gustavo Petro en septiembre de 2024 y formalizada mediante la Directiva Presidencial No. 11, busca promover la pluralidad informativa y fortalecer la democracia en Colombia.

La Fundación para el Estado de Derecho (FEDe) presentó la demanda contra la Directiva Presidencial 11 del 22 de noviembre de 2024, la cual establece que las entidades públicas deben destinar el 33,3% de su presupuesto de comunicaciones a medios alternativos, comunitarios y digitales. La Fundación argumenta que esta medida vulnera principios constitucionales como la legalidad, la libre competencia y la igualdad, al imponer un porcentaje fijo sin una ley que lo respalde.

El Consejo de Estado admitió la demanda tras verificar que cumplía con los requisitos legales, y evaluará si la Directiva 11 excedió las competencias del presidente al imponer condiciones contractuales sin fundamento normativo.

La Fundación para el Estado de Derecho es una organización no gubernamental, sin ánimo de lucro y sin filiación política, que busca defender el Estado de Derecho, la democracia liberal y las libertades individuales en Colombia. Fue constituida en 2022 en Bogotá por un grupo diverso de fundadores, incluyendo a figuras como Jaime Arrubla Paucar, Ángela Aristizábal, Alejandra Barrios, Gustavo Bell y Andrés Caro, entre otros.

Por su parte, el Gobierno defiende la directiva como una herramienta para garantizar el acceso equitativo a la información y fortalecer los medios que históricamente han tenido menor participación en la pauta oficial. Según la Presidencia, la medida busca cerrar brechas de desigualdad y fomentar el acceso a la información en comunidades rurales y marginadas.

El Consejo de Estado evaluará los argumentos presentados por ambas partes y determinará la legalidad de la directiva. Mientras tanto, la implementación de la medida sigue en curso, con miras a su aplicación a partir de 2025.

Este caso pone en el centro del debate la distribución de la pauta oficial y su impacto en la libertad de prensa, la competencia en el sector de medios y el acceso a la información por parte de la ciudadanía.