La decisión de la Procuraduría de suspender temporalmente al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, por presunta participación e intervención en política ha desatado una polémica en la campaña presidencial a menos de un mes de los comicios y ha puesto en entredicho la independencia de las instituciones colombianas.
En la noche del lunes, Quintero, que asumió como alcalde el 1 de enero de 2020 tras haber ganado las elecciones con las banderas del movimiento Independientes, publicó un video corto en un vehículo que acompañó con un mensaje que dice: «¿Quién me sigue? #ElCambioEnPrimera».
Ese texto hace referencia a la campaña del candidato Gustavo Petro, de la coalición Pacto Histórico, quien apunta a ganar las elecciones en la primera vuelta, programada para el próximo 29 de mayo, aunque las encuestas vaticinan que tendrá que disputar la Presidencia en una segunda ronda con el derechista Federico «Fico» Gutiérrez el 19 de junio.
«Por la presunta y reiterada intervención en actividades y controversias políticas, la Procuraduría General de la Nación anuncia la apertura de investigación disciplinaria y la suspensión disciplinaria de sus cargos a Daniel Quintero» y a Hurtado, así como a Gustavo Adolfo Herrera, concejal de Calarcá (centro), y a Grenfell Lozano Guerrero, personero de Nátaga (sur), dijo Cabello.
CERCANÍA DE QUINTERO CON PETRO
El anuncio de la procuradora desató la mayor polémica de la campaña presidencial, pues tanto Quintero como Petro, exalcalde de Bogotá y hoy senador, comenzaron a hablar de «golpe de Estado» en sus redes sociales.
Esto porque solo han caído sanciones sobre algunos funcionarios menores y Quintero, mientras que otras personalidades como el comandante del Ejército, general Eduardo Zapateiro, o el presidente colombiano, Iván Duque, han intervenido en la campaña sin siquiera haber sido recriminados por ello.
Petro recordó además que él vivió lo mismo que Quintero, pues en 2013, cuando era alcalde de Bogotá, fue suspendido por el entonces procurador general, Alejandro Ordóñez, que lo encontró responsable por fallas en una iniciativa para la desprivatización del servicio de recolección de basura.
«Yo fui destituido por un procurador fascista, el señor Ordóñez, e inicié una lucha jurídica nacional e internacional en la que consideré que si un procurador burlaba el voto popular se rompía la Convención Americana de Derechos Humanos, que es parte de nuestra Constitución», expresó Petro durante la plenaria del Senado.
En esa lucha recordó que en 2020 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) sentenció a Colombia por violar sus derechos políticos y ordenó al Estado adecuar, en un plazo razonable, su ordenamiento jurídico interno en lo relacionado a asuntos como sanciones a funcionarios de elección popular, como Quintero.
Mientras Quintero está suspendido, el presidente Duque designó como alcalde encargado al alto comisionado para la Paz, Juan Camilo Restrepo Gómez, algo que en opinión de Petro va en contravía de la democracia porque el seleccionado no hace parte de la corriente política del alcalde elegido por voto popular.
«Cuando un miembro del Ejecutivo o administrativo vulnera el derecho a elegir y a ser elegido no estamos en una democracia, estamos en una dictadura. La sentencia de la CorteIDH restableciendo la Convención Americana en Colombia así lo dijo», expresó el candidato presidencial.
Si bien Quintero no hace parte directamente de la campaña, varios de sus secretarios en la Alcaldía renunciaron para sumarse a la aspiración del candidato izquierdista y su esposa, Diana Osorio, ha dicho abiertamente que votará por Petro.
INSTITUCIONALIDAD QUEBRADA
La independencia del organismo de control quedó en cuestión por las decisiones de la procuradora, que fue ministra de Justicia en el inicio del Gobierno de Duque y cuyas decisiones siempre han sido miradas con recelo por la oposición.
No obstante, decenas de funcionarios de diversos rangos han participado en la campaña política desde el año pasado y la mayoría de casos siguen impunes, pese a que las pruebas en las redes sociales son claras.
Camilo Mancera, coordinador jurídico de la Misión de Observación Electoral (MOE), aseguró que ese organismo «ha hecho llamados precisamente a los organismos de control y a la Fiscalía General de la Nación para que se realicen acciones según sus competencias para limitar esta conducta que termina afectando en la contienda electoral y el equilibrio entre las distintas candidaturas».
«La Procuraduría tiene la facultad sancionatoria sobre todos los funcionarios que han sido nombrados o designados. Sin embargo, para aquellos funcionarios elegidos popularmente es una competencia de la Fiscalía General de la Nación investigarlos para que sean sancionados por un juez penal, tal y como lo ha establecido la CorteIDH», expresó.
En esa línea, agregó que la MOE «ha sido reiterativa y ha sido enfática en que es la decisión y la interpretación adecuada frente a que solo es un juez quien puede limitar los derechos políticos de funcionarios públicos elegidos popularmente».
(c) Agencia EFE / FotoPortada @QuinteroCalle
