La consulta popular por decreto sigue siendo el principal eje de tensión política y jurídica en Colombia, luego de que el presidente Gustavo Petro anunciara que el mecanismo se mantendrá vigente hasta que el Congreso logre la conciliación de la reforma laboral. Solo si se alcanza un consenso definitivo entre Senado y Cámara, el mandatario derogará el decreto que convoca a los colombianos a las urnas para decidir sobre el futuro de los derechos laborales.
El pulso entre el Ejecutivo y el Legislativo
La controversia se desató tras la aprobación de la reforma laboral en el Senado el martes pasado, con 56 votos a favor y 31 en contra, un hecho que el Gobierno calificó como un hito histórico para la clase trabajadora del país. Sin embargo, aún falta la etapa de conciliación con la Cámara de Representantes, ya que los textos aprobados en ambas corporaciones presentan diferencias sustanciales.
Petro fue enfático: “Derogaré el decreto de consulta popular, pero solo hasta ahí. Si no, el decreto goza de presunción de legalidad”, declaró durante el Consejo de Ministros en la Casa de Nariño. Para el mandatario, la consulta popular ha sido el “seguro de vida” de la reforma laboral, manteniéndola vigente y respaldada por el pueblo en las calles.
Tensión institucional y acciones jurídicas
El debate escaló cuando el registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, decidió dejar en manos de las altas cortes la convocatoria a la consulta popular, argumentando que existen al menos 141 acciones judiciales en curso contra el decreto presidencial, entre nulidades, tutelas y demandas de inconstitucionalidad. Penagos sostuvo que la situación pone en juego el principio de separación de poderes y que corresponde a los jueces resolver las controversias entre el Legislativo y el Ejecutivo.
Petro respondió con dureza, calificando la postura del registrador como “sedición contra el presidente de la República” y advirtiendo que todos los funcionarios públicos están obligados a cumplir con los decretos y la ley, sin esperar decisiones judiciales previas. El jefe de Estado anunció que iniciará acciones legales contra Penagos y reiteró que solo retirará la consulta si el Congreso logra la conciliación de la reforma laboral en los términos que respalden sus propuestas.
¿Qué cambia con la reforma laboral?
La reforma laboral aprobada en el Senado introduce cambios estructurales en el mundo del trabajo en Colombia:
- La mayoría de los contratos laborales serán indefinidos; los temporales pasarán a ser indefinidos tras cuatro renovaciones.
- La jornada nocturna comenzará a las 7:00 p.m., en vez de las 9:00 p.m.
- El recargo por trabajo en domingos y festivos sube al 100%.
- Las trabajadoras del hogar tendrán jornada de ocho horas.
- Las empresas deberán contratar al menos dos personas con discapacidad por cada 100 empleados.
Estas medidas buscan fortalecer la estabilidad laboral, proteger a mujeres, jóvenes y trabajadores informales, y recuperar la dignidad del empleo como pilar de justicia social.
Reforma pensional: otro frente de batalla
Paralelamente, la reforma pensional también enfrenta un momento decisivo. La Corte Constitucional devolvió la ley a la Cámara de Representantes para subsanar un error de procedimiento, suspendiendo su entrada en vigor, inicialmente prevista para el 1 de julio. El presidente Petro celebró la decisión, asegurando que la reforma “se ha salvado” y que, de aprobarse el texto del Senado en la Cámara, se convertirá automáticamente en ley, beneficiando a millones de adultos mayores con un bono pensional mensual.
¿Qué viene ahora?
El futuro de la consulta popular y de la reforma laboral depende de la conciliación en el Congreso, que debe resolverse antes del viernes 20 de junio, cuando culminan las sesiones ordinarias. Si hay acuerdo, Petro firmará la ley y derogará el decreto de consulta; de lo contrario, la consulta popular, prevista para el 7 de agosto, seguirá su curso, aunque su legalidad está en manos de las altas cortes.
Lo más importante
La consulta popular por decreto sigue vigente y es el principal mecanismo de presión del Gobierno para garantizar la aprobación de la reforma laboral. El desenlace depende de la conciliación en el Congreso y del pronunciamiento de las altas cortes, en medio de una fuerte confrontación institucional que marcará el rumbo de las reformas sociales en Colombia.
