Con la confirmación oficial emitida este 21 de julio, la Fundación Santa Fe de Bogotá ha anunciado que, a partir del próximo 31 de julio de 2025, dejará de prestar servicios médicos a los maestros afiliados al magisterio colombiano. Esta decisión se fundamenta en la terminación unilateral del contrato con la Fiduciaria La Previsora, entidad que gestiona el modelo de salud para los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG).
La determinación, comunicada a través de canales oficiales de la Fundación Santa Fe, afecta de manera directa a cientos de docentes y sus familias, quienes a la fecha recibían atención médica en una de las instituciones con mayor reputación en el país.
“Lamentamos informarles que, a partir del 31 de julio, se termina el contrato con Fiduciaria La Previsora, por lo que no es posible continuar con la atención a los afiliados al Magisterio”, señala el comunicado oficial de la clínica.
¿Qué significa esta decisión para los educadores?
La noticia ha generado una mezcla de preocupación, desconcierto y críticas entre la comunidad educativa nacional. Muchas de las citas médicas, tratamientos y procedimientos programados para después del 31 de julio quedarían en incertidumbre hasta que cada maestro reciba instrucciones específicas de su aseguradora sobre la nueva ruta de atención.
La Fundación Santa Fe explicó que los usuarios afectados podrán comunicarse con la línea 482 4488, visitar la página web o utilizar los canales digitales de la entidad para recibir orientación personalizada sobre el estado de sus procesos médicos una vez finalice la prestación de servicios bajo el convenio24.
Razones detrás de la ruptura
Aunque en el marco público se ha resaltado la finalización del contrato como motivo principal, fuentes periodísticas indican que existía una deuda millonaria por parte de Fiduprevisora hacia la Fundación Santa Fe, lo que habría influido en el desenlace. De acuerdo con información obtenida por medios de comunicación, el monto adeudado supera los 18.000 millones de pesos, comprometiendo así la viabilidad operativa de la institución en la atención al magisterio colombiano.
Reacciones de docentes, entidades y Gobierno
La noticia llega en un momento especialmente crítico, dada la reciente transición en el modelo de atención en salud del magisterio colombiano que lidera Fiduprevisora. El Ministerio de Educación ha manifestado reiteradamente que ninguna IPS puede negar la atención a los docentes, recalca que con el nuevo modelo cualquier prestador puede atender a los maestros y que los recursos llegarán directamente a las instituciones. Sin embargo, la comunicación de Santa Fe contradice esta postura, ya que la suspensión abarca incluso a aquellos docentes con tratamientos en curso.
El Ministerio ha solicitado a la Fiduprevisora brindar información clara y oportuna sobre las rutas y pasos que deben seguir los docentes y sus familias para evitar la interrupción en la prestación del servicio de salud.
¿Qué deben hacer los maestros afectados?
La principal recomendación tanto de la Fundación Santa Fe como de varias autoridades educativas y de salud es que los usuarios se comuniquen directamente con su aseguradora para recibir las indicaciones pertinentes y conocer con claridad cómo y dónde continuar su atención médica.
Es indispensable que los docentes tengan a mano los canales oficiales de su aseguradora y/o de Fiduprevisora y consulten información actualizada sobre los protocolos a seguir en caso de tratamientos inconclusos o citas programadas después de la fecha límite.
Adicionalmente, el Ministerio de Educación ha habilitado un Puesto de Coordinación Unificado del FOMAG y líneas nacionales donde se atienden las inquietudes relativas a la prestación del servicio, en el marco de la transición al nuevo modelo de salud del magisterio.
¿Qué implica el nuevo modelo de salud para docentes?
El nuevo modelo de salud FOMAG, cuya transición inició el 1° de mayo, elimina la figura de intermediarios, fortalece el papel de Fiduprevisora y conforma una red nacional de prestadores. La meta declarada es ampliar la cobertura y garantizar la calidad e integralidad en la atención. No obstante, en la práctica, situaciones como la ocurrida con la Santa Fe evidencian grandes retos administrativos y financieros para garantizar la continuidad y calidad del servicio a los docentes y sus familias.
