Según el último reporte de la ONG Temblores, especializada en monitorear el accionar de la fuerza pública, en Colombia se registraban hasta el miércoles 1.078 casos de violencia policial durante los ocho días de paro nacional y movilización social: 37 víctimas de violencia homicida, 22 de agresiones oculares y 10 de violencia sexual.
Las protestas se tornaron particularmente violentas en Cali donde se dio una arremetida represiva en barrios como Siloé, suroeste de la ciudad. La noche del lunes pasado, los habitantes de esta barriada popular vivieron una noche de horror cuando la policía y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) dispersaron, con gases lanzados desde un helicóptero y disparos, un velorio pacífico de la comunidad en honor a los muertos de la represión.
Cinco personas fallecieron durante el operativo elevándose a 24 los homicidios en la capital del Valle en ocho días de paro nacional y protesta social, muertes atribuidas a la Policía y a la ESMAD, según las ONGs Temblores e INDEPAZ.
RFI recogió algunos testimonios de jóvenes víctimas de la violencia policial en el operativo.
“Estábamos en una marcha pacífica, en un velatón [ndlr: evento en el que se encienden velas]”, dice a RFI una joven habitante de Siloé que prefiere guardar el anonimato como la mayoría de las personas que brindaron su testimonio. “Había mucha gente, muchos niños. Alrededor de las nueve de la noche llegó el ESMAD disparando, tirando gases. De verdad es que nos iban a matar. Habían muchos policías y camiones. Yo estaba con mi pareja. Los dos corrimos pero nos atraparon. Cuando llegamos a la estación, nos decían ‘agaché la cabeza. No miren las caras’. Un policía me cogió el pelo y me dio cuatro bolillazos [golpes con el bolillo]. Cuando me iba a pegar en la cara, uno de los auxiliares le cogió la mano y le dijo que no me pegara en la cara porque yo era una mujer. El policía me arrastró hasta una oficina, me amarró, me pegó una patada, entraron dos patrulleras y empezaron a golpearme la cabeza contra la pared, a decirme ‘perra’, y a pegarme en las piernas. Me dejaron media hora amarrada”.
La ONU, la Unión Europea, Estados Unidos, la Comisión IDH y organizaciones nacionales e internacionales de defensa a los derechos humanos han levantado la voz contra abusos policiales y denunciado el uso desproporcionado de la fuerza por parte de los uniformados colombianos durante estas jornadas de paro nacional.
Según la alcaldía de Cali, cinco personas murieron y 33 fueron heridas en la noche de lunes. La Defensoría del Pueblo (Ombudsman) no ha corroborado estas cifras.
“Hubo dos heridos por arma de fuego. Eso fue constatado y verificado por nosotros, el personal médico asistencial que estaba ahí”, confirmó a RFI Nestor Reveiz, médico de la brigada de emergencia en Siloé. “Se escuchaban muchas ráfagas de arma semi automática, de pistola, de revólveres. Hubo una arremetida muy grande de la policía, tiró gas a todo el mundo, incluyendo a nosotros, el personal de salud. Tuvimos que retirarnos porque la situación no era segura”.“Estaban pegando tan duro que nos reventaron las cabezas”, dice a RFI un joven. “Nos metieron a 30 de nosotros en una jaula, algunos sangrando. También había menores de edad. Uno casi se nos muere ahį adentro. [Las fuerzas del orden] andan en moto por los barrios, realmente nos quieren matar a todos”.
“Mis papás, mis hermanos, vecinos y varios conocidos estaban presentes en la marcha”, cuenta a RFI una joven manifestante. “Cuando comenzó la balacera, como no nos encontraban, ellos comenzaron a buscarnos. Si no, el cuento hubiera sido otro” asegura la joven detenida arbitrariamente y violentada por la policía.
“Nos pusieron el táser por todos lados”, explica a RFI un hombre joven que participó de las protestas. “Había policías sin identificación, de civil y con armas que no son de la dotación de ellos. También había camionetas sin placas.”
“Nos aplicaron corriente [eléctrica], nos decían que nos iban a matar y nos iban a tirar al río Cauca”, denuncia a RFI un habitante joven de Siloé. “O que nos echaban gasolina y nos prendían. Lo queremos hacer público porque esto no se puede quedar así”.
“Nos quieren hacer ver cómo unos vándalos para tener justificación de los asesinatos”, dice a RFI una joven. “Están matando a la juventud que está saliendo a protestar por una injusticia. El pueblo colombiano está cansado, ya no puede más, no puede con otra reforma. Nosotros no podemos seguir pagando para que los ricos vivan cómodos, la gente está cansada. Por eso salió a protestar, es gente que ha aguantado hambre, que le ha tocado duro”.
La Alcaldía de Cali y los líderes del paro nacional y de la protesta social acordaron abrir un corredor humanitario para superar el desabastecimiento producto del bloqueo a las entradas de la ciudad durante la última semana de movilización social.
“Estamos negociando con los manifestantes, con la gente que está bloqueando las vías, para abrir corredores humanitarios y permitir así que tengamos seguridad alimentaria. En eso nos eta ayudando el Programa Mundial de Alimentos.”, dice a RFI Fernando Marmolejo, director de la Oficina de Relaciones Internacionales y Cooperación de la Alcaldía de Cali.
El funcionario de la capital del Valle del Cauca también se refirió a la instalación de las Mesas de la Verdad, iniciativa de la administración local en la que participa la Iglesia Católica, pastores protestantes, representantes del gobierno nacional, tres oficinas de Naciones Unidas y las víctimas de la represión en la ciudad con el objetivo de llevar a cabo una investigación sobre la violación a los derechos humanos durante las protestas.
“El otro objetivo es establecer canales de diálogo para bajarle el nivel de confrontación a esto. Recuperar la gobernanza en Cali y recuperar la paz. Establecer mesa de negociación con estos líderes, unos identificados, otros no, porque creo que sí se están movilizando jóvenes entre los 15 y 25 años es porque hay reivindicaciones. Y hay que oírlos».
“A nivel nacional, que retire la reforma laboral, la reforma de la salud”, dice a RFI el líder del colectivo Soñadores de Siloé, Steven Ospina, al ser consultado sobre las reivindicaciones de su grupo. “Que retire la figura de asistencia militar y también que el ministro nos pida perdón por los asesinatos que cometió la Fuerza Pública. Con la Administración local que pidan perdón, porque por omisión o por acción ellos fueron causantes de la arremetida tan violenta que hubo el pasado 3 de mayo. Por otro lado, garantías para la vida digna, para la reactivación económica del barrio, para los jóvenes, que son los que están en primera línea”.
Contactado por la Alcaldía, el joven líder de la barriada popular de Siloé respondió positivamente al llamado de la administración local: «Si, claro. Es que esto no es algo que estemos haciendo sin objetivo ni horizonte claro. La idea es lograr una interlocución con la administración local y, ojalá, con el gobierno nacional».
Carlos Pizarro||
