El pasado 18 de junio de 2025, el Consejo de Estado de Colombia tomó una decisión trascendental al suspender provisionalmente el Decreto 0639 de 2025, mediante el cual el presidente Gustavo Petro convocó a una consulta popular para el próximo 7 de agosto. Esta medida cautelar fue adoptada tras la admisión de una demanda presentada por el presidente del Senado, Efraín Cepeda, quien cuestionó la legalidad del decreto por no contar con el concepto previo favorable del Senado, requisito constitucional indispensable para este tipo de mecanismos de participación ciudadana.
La decisión del alto tribunal se fundamenta en el artículo 104 de la Constitución Política de Colombia, que establece que para convocar a una consulta popular de trascendencia nacional es obligatorio contar con la aprobación previa del Senado. El Consejo de Estado concluyó que el decreto expedido por el Ejecutivo sin este aval representa un vicio de procedimiento que justifica la suspensión de sus efectos jurídicos, evitando así un posible daño irreparable al Estado de derecho.
Efraín Cepeda, líder del Partido Conservador y uno de los demandantes, celebró la decisión del Consejo de Estado, argumentando que esta protege la separación de poderes y el sistema de pesos y contrapesos que, según él, han sido vulnerados por el presidente Petro. Cepeda criticó la postura del mandatario, señalando que ha tendido a desconocer las decisiones del Congreso y las altas cortes, y que el decreto no era el camino adecuado para desconocer la negativa del Senado a la consulta popular, votada en mayo pasado.
Por su parte, el presidente Petro expresó su desacuerdo con la suspensión del decreto, aunque afirmó que acatará la decisión como acto democrático. En su cuenta de X (antes Twitter), el mandatario señaló que la medida fue tomada sin considerar sus argumentos jurídicos y políticos, y que la competencia para analizar la constitucionalidad del decreto corresponde exclusivamente a la Corte Constitucional. Petro afirmó sentirse irrespetado y anunció que interpondrá los recursos legales pertinentes para revertir la suspensión.
El jefe de Estado también acusó al registrador nacional, Hernán Penagos, de tomar partido al solicitar a las altas cortes un concepto sobre la convocatoria, lo que calificó como una acción de “sedición” contra la Presidencia. Además, advirtió que la Mesa Directiva del Senado podría usar la suspensión para bloquear la conciliación de la reforma laboral, que fue hundida en el Congreso pero revivida ante la posibilidad de la consulta popular.
Este episodio ha generado un fuerte debate político y jurídico en Colombia. Por un lado, la oposición celebra la defensa del Estado de derecho y la institucionalidad; por otro, el Gobierno insiste en que la consulta popular es un mecanismo legítimo para que el pueblo se pronuncie sobre temas laborales y de salud, y que la suspensión limita la participación ciudadana directa.
En cuanto al contexto, el decreto convocaba a la consulta popular para preguntar a los colombianos sobre mejoras en las condiciones laborales y de salud, temas que habían sido objeto de controversia en el Congreso. La reforma laboral, aprobada recientemente, requiere una última conciliación entre Cámara y Senado, proceso que está en manos del presidente del Senado, Efraín Cepeda, quien ha sido crítico con la iniciativa del Ejecutivo.
El Consejo de Estado, además de suspender el decreto, ha recibido múltiples demandas relacionadas con este tema: 10 acciones de nulidad simple, 34 por inconstitucionalidad y 97 tutelas, mientras que la Corte Constitucional tiene 11 demandas de inconstitucionalidad pendientes. La Registraduría Nacional también ha recibido solicitudes y derechos de petición para revisar la constitucionalidad y legalidad del proceso.
Este fallo del Consejo de Estado reafirma la importancia del respeto a los procedimientos constitucionales y el equilibrio entre las ramas del poder público en Colombia. La controversia sigue abierta, pues el presidente Petro ha anunciado que buscará revertir la decisión y que la Corte Constitucional será la instancia definitiva para resolver el futuro de la consulta popular.
Fotoportada: Ilustración Humana Noticias
