La Superintendencia Nacional de Salud (SuperSalud) emprenderá una auditoría forense a la gestión financiera de la Nueva EPS, la entidad promotora de salud más grande del país, con el respaldo de una firma internacional. La decisión busca arrojar luz sobre el destino de los millonarios recursos públicos que administra la EPS, cuyos reportes financieros y servicio a los usuarios han estado bajo la lupa durante el último año.
La intervención de la Nueva EPS responde a un contexto de profunda crisis financiera y operativa en el sistema de salud colombiano. En abril de 2024, SuperSalud ya había decretado una intervención administrativa forzosa sobre la entidad por persistentes incumplimientos normativos y fallas en la prestación de servicios a más de 11 millones de afiliados. Hoy, se suma la medida de una auditoría forense para esclarecer el manejo de recursos y posibles irregularidades entre los años 2019 y 2025.
Según la Superintendencia, uno de los factores determinantes fue la ausencia reiterada de información financiera clara, especialmente la demora en la entrega de los estados financieros correspondientes a 2023, situación que impide diagnosticar la verdadera magnitud de la crisis económica y limita el diseño de estrategias correctivas.
¿En qué consistirá la auditoría forense?
La auditoría forense, anunciada tras 11 meses de espera, será ejecutada por una firma internacional especializada a partir de agosto y revisará exhaustivamente la contabilidad de la Nueva EPS desde 2019 hasta la fecha. El objetivo es identificar pagos, movimientos, contratos y posibles irregularidades que expliquen el deterioro financiero y las crecientes deudas de la entidad con hospitales, clínicas y proveedores del sistema de salud.
El proceso implica:
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Revisión minuciosa de pagos sistemáticos a IPS (propias y externas) y su posible relación con conflictos de interés e integración vertical.
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Identificación de prácticas contables irregulares o desviación de fondos.
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Verificación del cumplimiento del régimen especial de reservas técnicas y patrimonio mínimo exigido por la ley.
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Detección de ocultamientos, omisiones o retrasos en la presentación de estados financieros certificados.
Supersalud ha insistido en que este procedimiento permitirá “anteponer la cultura del control y la auditoría permanente de las cuentas para enfrentar la cultura de la cartera y la glosa”.
Nueva EPS: la EPS más grande, en riesgo y vigilancia
La Nueva EPS se ha consolidado como la entidad con mayor número de afiliados en Colombia, atendiendo a cerca de una cuarta parte de la población. Sin embargo, el volumen no ha estado acompañado de una gestión financiera saludable. La entidad presenta:
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Acumulación de deudas a IPS públicas y privadas,
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Baja ejecución en los indicadores de gestión y control de medidas correctivas (solo 33% de cumplimiento en 2024),
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Aumento drástico en la tasa de reclamaciones de usuarios: 12,88% en el régimen subsidiado y 26,53% en el contributivo durante el último año,
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Deterioro en la prestación de servicios, retraso en la entrega de medicamentos y congestión de urgencias por falta de contratación de médicos5.
La falta de transparencia y la opacidad financiera han generado preocupación entre autoridades, congresistas y usuarios. Persiste una sensación de crisis e incertidumbre frente al futuro del sistema de salud y al manejo de los recursos destinados a la atención de millones de colombianos.
Cambio de interventor y batalla judicial
La gestión de Julio Alberto Rincón como interventor de la Nueva EPS, marcada por la omisión en la rendición de cuentas y el manejo deficitario, fue reemplazada sorpresivamente por Bernardo Armando Camacho Rodríguez, quien asume el reto de ofrecer claridad sobre los estados financieros y cooperar con la auditoría forense5.
En paralelo, se desarrolla una demanda de nulidad en el Consejo de Estado presentada por ciudadanos que alegan vicios de legalidad en la intervención administrativa. El proceso, admitido en julio de 2025, será clave para determinar si las medidas adoptadas por SuperSalud se ajustaron a la ley y garantizar la defensa de los derechos de los usuarios y trabajadores.
