- Según una filtración a periodistas, el ente investigador sospecha que el exembajador de Colombia en Uruguay conocía de la presencia de un laboratorio de procesamiento de cocaína en sus tierras.
En una audiencia realizada en la tarde del 15 de octubre, la Fiscalía General de la Nación retiró el acuerdo que ofreció a favor de Laureano Martínez Cortés, mayordomo de la hacienda Haras de Sanfernando, propiedad del ex embajador de Colombia en Montevideo, Fernando Sanclemente, y donde se encontraron laboratorios de procesamiento de cocaína.
Según el fiscal Daniel Hernández, el ente acusador decidió retirar el acuerdo, porque este no contemplaba la obligación de revelar la verdad absoluta de lo acontecido en la finca ni identificar a los determinadores, responsables directos e indirectos, ni a los financiadores y demás actores que participaron en la actividad ilícita.
El acuerdo con Martínez le da una rebaja del 50% al aceptar los cargos después de las audiencias preliminares, sin tomar en consideración el crecimiento patrimonial que habría tenido el mayordomo debido a sus actividades ilícitas.
Anulado el primer acuerdo, Martínez se convertiría en testigo mediante el recurso de principio de oportunidad, convirtiéndose en actor clave en el proceso a cambio de inmunidad.
De no cumplir con sus obligaciones en los procesos a los que será llamado a declarar, el mayordomo tendría que ser procesado penalmente de nuevo.
En julio, la Fiscalía ya había imputado al mayordomo y a otros dos empleados de la finca cargos que señalan su presunta responsabilidad en tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado, tráfico de sustancias para procesamiento de narcóticos, falsa denuncia y concierto para delinquir agravado.
La mirada del país volvió al caso por la inesperada filtración de una supuesta conversación de los periodistas Vicky Dávila y Jairo Lozano con otros colegas, en la que los primeros discuten la actualidad del caso Sanclemente. En el minuto de grabación, se expresa que Martínez se “echaría la culpa”, que la investigación culminaría y no tocaría a Sanclemente.
Dávila, directora del canal digital de Semana, pregunta a Lozano si el exembajador Sanclemente sabía del laboratorio. Sí, señora, pues al parecer sí; pero eso no se puede decir. Entonces, te lo cuento a ti. ¿Qué es lo que pasó? Hicieron una vaina ahí como tenaz arriba en la Fiscalía,» contestó Lozano anticipando la audiencia en la tarde del jueves que tumbaba el acuerdo previo.
No obstante, según Lozano, la cúpula de la Fiscalía se dio cuenta del movimiento y, por esa razón, se retiraría el preacuerdo entre las partes. Entre las aseveraciones del periodista, está que la investigación “va para allá”; es decir, a indagar una supuesta responsabilidad del exembajador de Colombia en Uruguay, quien es dueño del predio en el que se encontraba el laboratorio y, posterior al allanamiento de su hacienda, abandonó su cargo como funcionario del gobierno Duque.
Por medio de su cuenta de Twitter, Dávila desmintió que haya sido una grabación de micrófono abierto después de la trasmisión de un programa en Semana TV. Afirmó, en cambio, que fue una filtración de una conversación privada con Lozano vía Zoom. “Es claro que tratan de manipular una conversación normal de una redacción para distorsionar la verdad. Nos están cobrando la publicación sin editar del expediente Uribe. Ahora nos presionan con fallos judiciales y hasta nos graban ilegalmente. No nos callarán”, afirmó la periodista en la noche del jueves.
