En el marco de la emergencia social, económica y de salud que vive el país, la Asociación Nacional de Empresarios (Andi) lanzó una propuesta de lo que podría ser la reforma tributaria que se necesita. “Colombia no se puede dar el lujo de perder la calificación de riesgo por no tramitar una reforma”, afirmó el gremio.
Así mismo, exponen que no es momento de oportunismos políticos, “sino de continuar trabajando para obtener una estructura de reforma que permita obtener los recursos que la Nación requiere con urgencia, para asegurar su financiación, la calificación de riesgo, y garantizar la política social”.
Para la Andi, con lo propuesto asumirían como empresariado acciones solidarias y temporales que permitan aportarle a la estabilidad económica del país, brindándole los recursos suficientes al Estado para atender sus necesidades fiscales y el cubrimiento de las medidas sociales de emergencia derivadas de la pandemia.
El gremio expone que con la reforma que plantean buscan cumplir con los siguientes principios generales:
• Es solidaria con el país ya que implica un esfuerzo especial por parte del sector empresarial.
• Permitirá a la nación recaudar más de $12 billones, manteniendo en el momento actual, los ingresos y la capacidad de consumo de los hogares colombianos.
• Es consciente de la afectación derivada de la crisis económica de la pandemia.
• Garantiza los ingresos suficientes para atender la deuda adquirida por el Estado colombiano.
• Garantiza las condiciones para asegurar que Colombia mantenga su calificación de riesgo.
• Permite dar un amplio debate futuro sobre las necesidades de reformas estructurales de acuerdo con las recomendaciones de la misión de expertos tributarios.
• Recauda recursos suficientes para atender razonablemente programas como el de las matrículas gratis para universitarios y apoyo al empleo
• Permite atender programas de emergencia temporales como ingreso solidario.
Las propuestas de los empresarios
1. Suspender la medida de descuento del Impuesto de Industria y Comercio (ICA) en el Impuesto sobre la Renta, durante el período necesario según los resultados que indique el marco fiscal de mediano plazo. Actualmente el descuento es del 50 % del valor pagado por ICA y a partir del 2022 sería del 100 %.
2. Aplazar la reducción de la tarifa general del Impuesto sobre la Renta de acuerdo con los resultados que indique en marco fiscal de mediano plazo. La tarifa general de Renta actualmente es del 31 % y a partir del 2022 sería del 30 %.
3. Establecer por dos años el impuesto al patrimonio para personas naturales. Sería un impuesto transitorio que recaería exclusivamente sobre las personas naturales que tengan un patrimonio líquido superior a $5.000 millones, con una tarifa del 1 %.
4. Adelantar enajenación de activos de la nación que en su conjunto pudieran otorgar hasta 15 billones de pesos para ser utilizados en el fondeo inmediato de programas como Ingreso Solidario y PAEF, al igual que necesidades de servicio de la deuda a corto plazo.
En los cálculos de la Andi con esta serie de propuestas se recaudarían aproximadamente 26 billones de pesos de la siguiente manera: Por suspender el descuento del ICA en renta y continuar como deducción ($5,2 billones); por aplazar la reducción del impuesto de renta de las personas jurídicas, pasar tarifa de 30 % al 33 %, ($6,2 billones); con el impuesto al patrimonio de personas naturales de más de $5.000 millones a la tarifa del 1 % ($ 1 billón); con la enajenación y venta de activos del Estado por una vez ($14 billones); con la reducción de evasión, la reducción del gasto y el IVA a productos suntuarios ($3 billones).
“Nuestra propuesta implica un importante sacrificio en materia de competitividad y un aumento en la tarifa efectiva de tributación del sector empresarial, por ello, la misma tiene carácter transitorio y solo deberá estar vigente mientras subsistan las condiciones de emergencia sanitaria, derivada de la pandemia”, expuso la Andi.
Al Gobierno por su parte le pide que contraste la evasión tributaria, un plan severo de austeridad estatal, obtener recursos por enajenación y venta de activos de la Nación, que permitan reducir el déficit fiscal y atender la emergencia sanitaria y social, y gravar con IVA algunos bienes y servicios de lujo o suntuarios.
Fuente: Infobae
