El Consejo de Estado ha cobrado una relevancia central en el panorama político nacional tras solicitar oficialmente a la Clínica Santa Fe de Bogotá el certificado médico que detalle el estado de salud del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Esta medida forma parte de los trámites relacionados con la demanda de pérdida de investidura interpuesta contra el congresista, quien resultó gravemente herido en el atentado que sufrió el pasado 7 de junio mientras participaba en un evento político en Bogotá.

Contexto del caso: atentado y proceso judicial

El 7 de junio de 2025, cuando el país se preparaba para la contienda preelectoral, Miguel Uribe Turbay, figura prominente del partido Centro Democrático, fue víctima de un atentado armado en el barrio Modelia, occidente de Bogotá. El lamentable hecho ocurrió en plena actividad proselitista, donde el senador, acompañado por ediles y otros funcionarios de su colectividad, adelantaba un encuentro con la ciudadanía. Durante la gira, hombres armados abrieron fuego, causándole graves heridas: dos disparos en la cabeza y uno en la pierna. Además de conmocionar a la opinión pública, este acto generó una oleada de solidaridad por parte de todos los sectores políticos, al tiempo que propició el inicio de varias investigaciones judiciales y políticas.

La demanda de pérdida de investidura: argumentos y reacción

En medio de la recuperación del senador, surgió una demanda de pérdida de investidura ante el Consejo de Estado, presentada por representantes del sindicato Sinergen y la Confederación Unión de Trabajadores de Colombia (UTC). El recurso alega que Uribe habría violado las normas de inhabilidad al realizar actos de proselitismo político y de pre-campaña presidencial en calidad de senador, durante el evento en el que fue atacado.

Los demandantes sostuvieron que, al estar en funciones como congresista, Uribe Turbay se habría aprovechado de su cargo para tener ventajas indebidas de cara a su aspiración presidencial. Este hecho, según el argumento jurídico, sería incompatible con el régimen de inhabilidades, poniendo en entredicho principios fundamentales de la democracia y la ética pública.

Cabe anotar que, tras hacerse pública la presentación de la demanda, tanto el sindicato como la UTC se desmarcaron oficialmente del promotor directo del recurso, afirmando que la acción no representaba institucionalmente a sus colectividades y manifestando su apoyo al político agredido.

Solicitud del Consejo de Estado y proceso suspendido

El pasado 18 de julio, el Consejo de Estado, a través del magistrado ponente Luis Alberto Álvarez Parra, dispuso que la Fundación Santa Fe de Bogotá expidiera un informe completo sobre el estado médico de Miguel Uribe Turbay. El objetivo de esta solicitud es determinar si el senador se encuentra, o no, en condiciones de ejercer su defensa en el proceso de pérdida de investidura, garantizando de esta manera el derecho fundamental al debido proceso. El alto tribunal notificó que suspenderá temporalmente el trámite hasta tener la información médica requerida o hasta que Uribe pueda responder a las acusaciones de manera directa.

Esta medida pone en espera cualquier definición de fondo sobre la permanencia de Uribe en el Congreso y refuerza la importancia de las garantías procesales para los funcionarios públicos investigados.

Evolución de la salud de Miguel Uribe Turbay

Los partes médicos emitidos por la Clínica Santa Fe han sido reiteradamente reservados y, en algunas ocasiones, desconsoladores. Tras dos cirugías de urgencia y una estancia prolongada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), la familia y el equipo médico han informado de una recuperación lenta, con pronóstico aún incierto. Aunque en las últimas semanas se ha reconocido cierta mejoría clínica y una estabilización hemodinámica, Uribe Turbay continúa bajo estricta observación y manejo multidisciplinario, lo que hace que su capacidad de participación activa en procesos legales continúe limitada.

Investigación por el atentado

En paralelo al proceso legal por la demanda, la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional han adelantado múltiples operativos y capturas contra los presuntos responsables del ataque por encargo. Hasta la fecha, han sido judicializadas seis personas, incluyendo al menor que disparó contra el senador y los supuestos coordinadores del plan criminal. Las investigaciones han evidenciado que el atentado estuvo precedido de coordinaciones previas por videollamada, y que la motivación podría estar ligada al contexto político en el que se encontraba Uribe Turbay.