La estrategia jurídica del expresidente busca anular actuaciones judiciales y cuestiona la imparcialidad de la jueza Sandra Heredia, en un caso marcado por acusaciones de fraude procesal y soborno a testigos.

El juicio oral contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez —por los delitos de fraude procesal y manipulación de testigos— entró en una fase crítica este 11 de febrero. Uribe enfrenta cargos por presuntamente orquestar un plan para influir en testimonios que lo vincularan con grupos paramilitares, hechos investigados desde 20187. Sin embargo, el inicio de las audiencias se ha visto opacado por una acción de tutela presentada por su defensa contra la jueza 44 Penal del Circuito de Bogotá, Sandra Viviana Heredia, bajo el argumento de vulneración al debido proceso.

Eventos clave del 11 de febrero

1. Presentación de la tutela:
   La defensa, liderada por el abogado Jaime Granados, radicó un recurso de 44 páginas ante el Tribunal Superior de Bogotá, solicitando la suspensión provisional del juicio hasta que se resuelva la tutela. Además, exige declarar la nulidad de las actuaciones judiciales desde el 10 de febrero, fecha en que la jueza rechazó una recusación por supuesta falta de imparcialidad36.
2. Ausencia de los abogados defensores:
   Ni Granados ni su equipo asistieron a la audiencia programada para continuar con el testimonio del senador Iván Cepeda, primer testigo de la Fiscalía. Uribe justificó la ausencia argumentando que estaban gestionando la tutela. La jueza Heredia calificó este hecho como desacato y suspendió la audiencia por 30 minutos, aunque luego procedió sin la defensa.

1. Reacciones inmediatas:
   • La jueza Heredia: Aseguró que su único interés es una “pronta y cumplida administración de justicia” y rechazó las acusaciones de parcialidad, recordando sus 30 años de trayectoria intachable.
   • Fiscalía y representantes de las víctimas: Calificaron la tutela y la ausencia como maniobras dilatorias. El abogado Reynaldo Villalba, representante de Cepeda, afirmó: “Es vergonzoso; deben ser investigados disciplinariamente”.
   • Álvaro Uribe: En conexión virtual, insistió en que busca “proteger derechos fundamentales” y negó que la tutela sea temeraria.

Argumentos de la defensa y contrademandas

La tutela se centra en dos ejes:

1. Imparcialidad judicial:
   Granados acusa a Heredia de priorizar la celeridad sobre las garantías procesales, descalificar a la defensa y negar pruebas clave. Ejemplo: la exclusión inicial de testimonios y chats de WhatsApp que luego el Tribunal Superior ordenó admitir.
2. Vulneración del debido proceso:
   Según el recurso, la jueza cometió un “defecto procedimental absoluto” al rechazar sin análisis la recusación y obstaculizar el acceso a evidencias digitales, como dispositivos del testigo estrella Juan Guillermo Monsalve.

Contraargumentos:

• La Fiscalía sostiene que hay evidencia suficiente para vincular a Uribe, incluidas interceptaciones a llamadas con su exabogado Diego Cadena, quien habría ofrecido pagos a testigos.
• Iván Cepeda anunció que pedirá a organismos internacionales, como la CIDH, observar el juicio para evitar “entorpecimientos”.

Implicaciones jurídicas y políticas

• Riesgo de prescripción: El caso debe resolverse antes de 2026, lo que aumenta la presión para evitar dilaciones. La jueza Heredia ha reiterado este punto al negar aplazamientos previos.
• Efecto en la opinión pública: El caso divide a Colombia. Sectores uribistas ven una “persecución política”, mientras críticos exigen justicia para lo que consideran un caso emblemático de impunidad.
• Posible escalamiento internacional: La solicitud de Cepeda de involucrar a la ONU y la CIDH podría internacionalizar el juicio, algo sin precedentes en la justicia colombiana.

Próximos pasos

• El Tribunal Superior de Bogotá deberá decidir si admite la tutela y suspende el juicio. Expertos legales anticipan que la medida cautelar podría demorar días o semanas.
• Mientras tanto, la jueza Heredia continuará con las audiencias. Este 12 de febrero se reanudará el interrogatorio a Cepeda, clave para la teoría de la Fiscalía.

FotoPortada: Colprensa