La Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia radicó oficialmente una denuncia penal ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes contra el presidente Gustavo Petro. Esta acción legal surge como respuesta directa a las revelaciones de alias ‘Pipe Tuluá’, cabecilla de la banda criminal La Inmaculada, quien aseguró en audios revelados recientemente haber inyectado dineros ilícitos a la campaña del Pacto Histórico.
Este nuevo capítulo del escándalo político que sacude a la Casa de Nariño tiene su origen en una publicación de Vicky Dávila, hoy precandidata presidencial, quien este martes 3 de febrero divulgó el material probatorio. En los audios, Felipe Marín Silva, conocido en el hampa como ‘Pipe Tuluá’ y quien acaba de ser extraditado a los Estados Unidos, afirma tener pruebas documentales, videos y consignaciones que comprometen directamente al hermano del mandatario, Juan Fernando Petro, como el supuesto enlace para recibir estos aportes.
La sombra de la financiación ilegal y el rol de ‘La Inmaculada’
La gravedad de la denuncia radica en la especificidad de los delitos señalados. El documento presentado ante el Congreso solicita investigar al Jefe de Estado por la presunta violación de topes electorales y el uso de fuentes de financiación prohibidas. Según el relato del capo extraditado, los dineros no solo habrían tenido como destino el proselitismo político, sino que también se habrían direccionado pagos para influir en nombramientos estratégicos en entidades como la DIAN.
«Tenemos videos, audios, consignaciones, donde se le pasó plata no solo para su campaña, sino para otras cosas de la Dian», se escucha decir al cabecilla de La Inmaculada en las grabaciones. Esta afirmación abre una caja de Pandora judicial, pues sugiere la existencia de un concierto para delinquir y tráfico de influencias que habría permeado la institucionalidad del Estado para favorecer intereses de estructuras criminales del Valle del Cauca.
El factor Juan Fernando Petro y la defensa del Presidente
No es la primera vez que el nombre de Juan Fernando Petro aparece vinculado a supuestas negociaciones con actores al margen de la ley, recordando las polémicas visitas a cárceles que en su momento se etiquetaron bajo el «Pacto de la Picota». Sin embargo, esta vez la acusación proviene de un actor que ya se encuentra bajo la jurisdicción norteamericana, lo que añade una capa de complejidad y riesgo para el entorno presidencial, similar a lo ocurrido en procesos históricos donde la verdad procesal llegó desde tribunales extranjeros.
Desde Washington, donde adelantaba una agenda diplomática que incluyó una reunión con su homólogo Donald Trump, el presidente Gustavo Petro reaccionó con vehemencia. En declaraciones a medios nacionales, desestimó las acusaciones calificándolas de «chantajes» y marcó distancia frente a las actuaciones de su familiar. «A mí esos chantajes no van conmigo», sentenció el mandatario, sugiriendo que cualquier responsabilidad penal debe recaer individualmente sobre su hermano y no sobre su investidura o su proyecto político.
Solicitud de Juicio Político y consecuencias legales
La Red de Veedurías no se ha limitado a pedir una investigación preliminar. En su recurso, han solicitado formalmente el inicio de un juicio político por indignidad contra el presidente. Para que esto prospere, la Comisión de Acusaciones —históricamente cuestionada por su lentitud y falta de resultados contundentes— deberá adelantar un plan metodológico de investigación riguroso.
La denuncia exige la activación de mecanismos de cooperación internacional para validar las pruebas que ‘Pipe Tuluá’ promete entregar a la justicia de Estados Unidos. La posibilidad de que existan registros audiovisuales y trazas bancarias («consignaciones») eleva el estándar probatorio, obligando al ente acusador del Congreso a actuar con una celeridad poco habitual. Además, se ha solicitado la práctica de testimonios, citando a declarar tanto a la precandidata Vicky Dávila, como fuente de la primicia, como al propio capo desde su sitio de reclusión en el exterior.
Un escenario preelectoral caldeado
Este escándalo estalla en un momento neurálgico para Colombia, con el ambiente preelectoral de 2026 ya encendido. Que la revelación provenga de una figura periodística que ha transicionado a la arena política como opositora, añade un matiz de confrontación directa que polariza aún más la opinión pública.
Para los expertos, el riesgo no es solo jurídico sino de gobernabilidad. Si las pruebas de financiación ilegal resultan ser sólidas y son validadas por la justicia norteamericana, el gobierno del «Cambio» enfrentaría su crisis más aguda, poniendo a prueba la solidez de las instituciones colombianas para juzgar a un mandatario en ejercicio. Por ahora, el país queda a la espera de si la Comisión de Acusaciones asumirá su rol histórico o si, como en ocasiones anteriores, el proceso se diluirá en los vericuetos del trámite legislativo.
Lo cierto es que la mención de la DIAN y la supuesta entrega de la entidad a mafias locales a cambio de apoyo electoral configura un escenario de corrupción administrativa que, de comprobarse, excedería los límites de los delitos electorales para adentrarse en la captura del Estado por parte del crimen organizado.
