Magistrados de un tribunal del vecino país, archivaron una denuncia por violación y agresión sexual presentada en el año 2019 por una joven de 20 años. Los togados desestimaron el proceso legal , tras objetar que la denunciante usaba ropa interior roja, según ellos, ese tipo de atuendos suelen ser utilizados “para momentos de intimidad”. Para ellos, la mujer “estaba dispuesta a mantener relaciones sexuales”.
En Ica, sur de Lima, la justicia local absolvió al agresor sexual identificado como Giancarlo Miguel Espinoza Ramos argumentando en su defensa, que la ropa interior usada por la víctima durante el ataque justificaba los hechos. El fallo judicial indica que los magistrados tomaron esta decisión ya que a favor del agresor, la víctima presumía que estaba predispuesta a tener relaciones sexuales por utilizar ropa interior roja. Antes esto, el segundo despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ica solicitó la nulidad del fallo, y el inicio de un nuevo proceso legal en otro tribunal.
Según el informe policial, los hechos ocurrieron en enero de 2019, cuando la joven de 20 años acompañó a su agresor Giancarlo, de 22 años, a recoger unos documentos en una institución. Posteriormente, el acusado la invitó a un lugar para beber. La víctima señaló que el sujeto seguía insistiendo en que siguiera bebiendo, ratificó que luego de que él la invitara a beber una copa de vino, ella perdió el conocimiento. Cuando despertó, estaba desnuda en la cama de la casa de Espinoza, lugar en el que señala que fue violada. Después del ataque, lo denunció.
La defensa de la víctima, en cabeza del abogado Mario Amoretti, precisó en que el argumento para la desestimación del caso no podía ser aceptado, pues los jueces no pueden recurrir a razonamientos que no se ajusten a ley. “El argumento o sustento de una sentencia, ya sea para condenar o absolver, requiere un fundamento lógico, congruente y creíble”, expresó el abogado al medio local Perú21.
Continúo reforzando su defensa, ratificando que el hecho de que use una ropa interior de un determinado color o de varios colores, de ningún modo podría ser argumento para decir que la víctima ha provocado la violación o que está acostumbrada a tener relaciones sexuales. Calificó el argumento como algo absurdo, carente de un sustento lógico para absolver al agresor.
El tribunal integrado por Ronald Anayhuamán Andia, Diana Jurado Espino y Lucy Castro Chacaltana, según la Fiscalía, incluyeron en sus argumentos que: «La máxima de la experiencia indica que el uso de este tipo de atuendos,de ropa interior femenino, suele usarse en ocasiones especiales para momentos de intimidad. Por lo que conlleva a inferir que la agraviada se había preparado o estaba dispuesta a mantener relaciones sexuales con el imputado», comentaron algunos de los togados del tribunal.
Además, los togados mencionaron que en los testimonios de la denunciante existirían «omisiones», mientras que el imputado sostuvo que fue acusado «por venganza».
Luego de que estos argumentos se hicieran tanto públicos como polémicos, la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) comunicó recientemente, que se dará inicio a una investigación preliminar del caso, mientras que la Fiscalía solicitó la nulidad de la sentencia y que se abra un nuevo juicio.
El Ministerio de la Mujer manifestó su rotundo rechazo contras los argumentos de la jueza de paz y consideran que no se ajustan a los estándares nacionales e internacionales vigentes. «La erradicación y sanción de la violencia contra las mujeres solo podrá ser posible con un Poder Judicial imparcial y consciente de su rol fundamental frente a los fines de la erradicación de la violación y discriminación basadas en género», enfatizó la entidad gubernamental.
Tras conocer el caso, feministas y miembros de organizaciones de derechos humanos se manifestaron frente a las principales sedes judiciales de Ica y Lima para refutar los argumentos utilizados para llevar el caso por “discriminación sexual”.
El fiscal adjunto Carlos Guillermo Yalle, interpuso una apelación con la finalidad de que se realice un mejor estudio y una debida valoración a la actividad probatoria, pidió que se declare la nulidad del caso, y se disponga un nuevo juicio ante otro juzgado con las debidas garantías contra el agresor.
Según informes de la OCMA, en coordinación con la oficina de la Corte Superior de Ica pronunciaron la apertura de una investigación judicial a los jueces vinculados en el caso. El organismo expresó, por último, que recolectarán los elementos necesarios para «analizar y esclarecer» una supuesta mala conducta de las funciones jurisprudenciales, esto determinará si se podrá dar inicio una investigación disciplinaria.
Lorena Garcés García- Humana Noticias | Foto portada: (AFP)
