La jueza 44 de Conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, declaro culpable al expresidente Álvaro Uribe por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. La Fiscalía solicitó 9 años de prisión y una multa equivalente a más de 1,400 millones de pesos para Uribe. Sin embargo, este no es el punto final, sino el inicio de un complejo proceso de revisión en segunda instancia, garante de los derechos de apelación en el marco judicial colombiano.
La jueza Sandra Heredia concluyó, después de 67 audiencias y el análisis detenido de los hechos, que el expresidente Álvaro Uribe es responsable de los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.
- Fraude procesal: Se acreditó que el exmandatario incurrió en maniobras para inducir en error a la administración de justicia, presentando información manipulada ante los estrados judiciales.
- Soborno en actuación penal: Se demostró que se ofrecieron dádivas o promesas a testigos encarcelados, como Juan Guillermo Monsalve y otros, para que modificaran sus declaraciones y beneficiaran la versión de Uribe.
Sin embargo, la jueza absolvió a Uribe del delito de soborno a testigos en uno de los episodios analizados, al no encontrarse suficientes pruebas en ese específico caso4.
¿Cuál es la posible pena de cárcel para Álvaro Uribe?
La Fiscalía General de la Nación, tras conocerse el fallo condenatorio, solicitó una pena de 108 meses de prisión (equivalente a 9 años) y una multa de 1.025 salarios mínimos legales vigentes —cifra que supera el 1.000 millones de pesos colombianos en valores actuales—.
El Código Penal colombiano establece para los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal penas de prisión entre 6 y 12 años (72 a 144 meses), junto a multas económicas que varían según la gravedad y la reiteración de la conducta delictiva. En el caso de Uribe, la Fiscalía pidió el extremo superior por la gravedad y repercusión del caso.
La jueza anunciará el monto exacto de la condena y sus eventuales beneficios judiciales (como prisión domiciliaria por edad o estado de salud) en la audiencia convocada para el 1 de agosto. La defensa anunció que apelará la sentencia, por lo que el proceso podría continuar ante el Tribunal Superior de Bogotá e, incluso, la Corte Suprema de Justicia.
¿Qué argumentó la defensa y qué situaciones pueden modificar la condena?
El abogado de Uribe, Jaime Granados, argumentó que las pruebas carecían de validez e imparcialidad, especialmente interceptaciones telefónicas y videos obtenidos en prisión. Alegó violaciones al debido proceso y la inexistencia de instrucciones claras de Uribe para manipular testigos. No obstante, la jueza valoró como creíbles las grabaciones y testimonios que situaron al exmandatario como determinador de los sobornos y las maniobras procesales.
A pesar de la sentencia, la defensa tiene derecho a recurrir ante instancias superiores, y es probable que la decisión definitiva tarde más meses en producirse. Si la segunda instancia confirma el fallo, Uribe podría solicitar beneficios como prisión domiciliaria dadas su edad y condiciones particulares, conforme a la legislación penitenciaria vigente.
¿Qué es la segunda instancia y quién la tramita?
La apelación será asumida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá. Allí, tres magistrados revisarán minuciosamente la sentencia y el expediente, evaluando si la jueza de primera instancia cometió errores en la valoración de pruebas o en la aplicación del derecho. Según lo reportado, los posibles magistrados encargados serían Manuel Antonio Merchán, Alexandra Ossa y Leonor Oviedo, reconocidos por su trayectoria y rigor en casos de alto perfil.
Durante esta etapa, tanto la defensa como la Fiscalía podrán presentar alegatos escritos y orales, refutando puntos específicos y argumentando las razones jurídicas para validar o revocar el fallo inicial. Esta revisión, ajena a influencias mediáticas, puede tomar desde semanas hasta varios meses, dependiendo de la complejidad del caso y la extensión de las pruebas debatidas.
Claves de la revisión en segunda instancia
- Revisión total del expediente: Los magistrados no solo decidirán sobre la pena, sino sobre la culpabilidad o inocencia de Uribe, pudiendo confirmar, modificar o revocar la condena.
- Nueva valoración probatoria: Se analizarán interceptaciones, testimonios y las actuaciones de la jueza; la defensa insiste en la supuesta ilegalidad de ciertas pruebas, como grabaciones y testigos.
- Audiencias públicas: Las partes podrán intervenir ampliamente antes de la decisión final, permitiendo una defensa robusta y un control social sobre el proceso.
- Plazos ajustados por prescripción: Dada la posible prescripción del caso en octubre de 2025, existe presión institucional para que el Tribunal emita fallo antes de esa fecha y el proceso no se extinga por términos judiciales.
- Carácter histórico: Es la primera vez que el proceso penal contra un expresidente avanza tan lejos —la decisión del Tribunal será referencia obligada en futuros litigios de alta política y justicia.
Escenarios posibles tras la apelación
Según expertos y fuentes judiciales, estos son los escenarios más probables luego del fallo en segunda instancia:
- Confirmación de la condena: Si los magistrados ratifican la culpabilidad, se ordenará ejecutar la sentencia y Uribe podría cumplir prisión domiciliaria dada su edad y condiciones, aunque la defensa aún podría intentar recurso extraordinario de casación ante la Corte Suprema de Justicia.
- Modificación del fallo: El Tribunal puede reducir o agravar la pena, modificar los delitos imputados o incluso absolver en alguno de ellos, si así lo amerita el análisis de pruebas.
- Absolución: En caso de hallar fallas de fondo en el fallo inicial, los magistrados podrían absolver definitivamente a Uribe, poniéndole fin al proceso.
- Extinción por prescripción: Si las actuaciones procesales se demoran más allá de octubre de 2025, el caso podría cerrarse automáticamente sin condena por vencimiento de términos legales; un escenario que la defensa explora intensamente.
- Escalamiento a la Corte Suprema: Si la condena se mantiene, la defensa puede ejercer casación, recurso extraordinario que, aunque es poco concedido, podría eventualmente reabrir el debate a nivel nacional.
La decisión del Tribunal Superior de Bogotá marcará un antes y un después en la vida política de Álvaro Uribe y en la historia contemporánea de Colombia. El proceso coincide con el inicio de la campaña electoral 2026 y polariza tanto a votantes como a actores políticos, incluyendo las voces que denuncian persecución política y las que celebran como ejemplo de justicia igual para todos, independientemente de sus cargos o poder.
