Luego de que el presidente Iván Duque ordenó en la noche de este viernes 28 de mayo militarizar todo el departamento del Valle del Cauca para controlar la tensa situación de orden público en Cali y otras ciudades, temprano este sábado se conoció el decreto que, junto al ministro del Interior Daniel Palacios, Duque firmó para desplegar la fuerza pública en varias zonas de Colombia.
El edicto sacudió la arena política del país y desde ya hay duros cuestionamientos contra el primer mandatario, pues en el decreto 575 del 28 de mayo de 2021, el presidente Duque da la orden a gobernadores del Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Huila, Norte de Santander, Putumayo, Caquetá y Risaralda y a los alcaldes de ciudades como Cali, Buenaventura, Pasto, Ipiales, Popayán, Yumbo, Buga, Palmira, Bucaramanga, Pereira, Madrid, Facatativá y Neiva garantizar el orden en los territorios porque, de lo contrario, serían sancionados.
“Coordinar con las autoridades militares y de Policía del departamento la asistencia militar de que trata el artículo 170 de la Ley 1801 de 2016, de manera que el departamento, el distrito y los municipios, pongan en ejecución este instrumento legal para afrontar y superar los hechos que dan lugar a la grave alteración de la seguridad y la convivencia, en sus respectivas jurisdicciones”, dice uno de los apartes del decreto 575 del año en curso.
Además, se les pide a los mandatarios territoriales coordinar con la Policía nacional y las “autoridades militares del departamento la asistencia militar de que trata el artículo 170 de Ley 1801 de 2016, de manera que el departamento, el distrito y los municipios, pongan en ejecución este instrumento legal para afrontar y superar los hechos que dan lugar a la grave alteración de la seguridad y la convivencia, en sus respectivas jurisdicciones”, reza el documento.
En el documento, el presidente también decreta que en apoyo de las fuerzas militares se levanten los bloqueos internos y da las facultades a los alcaldes y gobernadores para evitar la instalación de nuevos bloqueos.
Por otro lado, también se les pide a los gobierno locales y departamentales informar a la opinión pública nacional e internacional “los avances en el control del orden público y las denuncias de las agresiones sistemáticas contra la población, la fuerza pública, los bienes públicos y privados”. Además, se sugiere que en caso de desorden público, se deberán decretar toques de queda.
El punto más controversial está casi al final, donde se asegura que: “Los gobernadores y alcaldes que omitan el cumplimiento de lo dispuesto en este decreto, serán sujetos de las sanciones a que haya lugar”.
Múltiples líderes de opinión, entre los que se destacan congresistas y directores de ONG citaron este último parágrafo del artículo y cuestionaron al Gobierno porque, dicen, es “inconstitucional”. La representante a la Cámara del partido Alianza Verde aseguró que el decreto “además de no resolver el problema, es inconstitucional: 1. Viola autonomía territorial 2. Prioriza acción militar sobre policial en disturbios internos 3. Uso indiscriminado de toque de queda 4. De facto toma medidas de conmoción pero evita control constitucional”, cuestionó en Twitter.
Igualmente, José Miguel Vivanco, director ejecutivo para las Américas de la ONG Human Rights Watch (HRW), calificó el artículo firmado esta noche en Cali como “peligroso” debido a que da “órdenes dictadas no incluyen ninguna referencia explícita a priorizar el diálogo, evitar la fuerza excesiva y respetar los DDHH. Grave falencia que puede tener consecuencias irreparables”, dijo Vivanco en un tuit.
Recordemos que antes del decreto, el jefe de Estado tras su arribo a Cali y un consejo de seguridad con la administración local y las Fuerzas Armadas, anunció el despliegue de los militares en apoyo a la Policía Nacional en todo el departamento desde.
“Tenemos que defender con las herramientas que nos da la Constitución y la ley. El día de hoy en la ciudad de Cali hemos visto hechos de personas armadas disparando, un testimonio también cruel y doloroso del disparo del ciudadano a un grupo de personas y de personas agrediendo a otro ciudadano, hemos visto expresiones de vandalismo y hemos visto también actos contra la infraestructura pública”, detalló Duque.