Hace unas horas, Carlos Arturo Cuellar de los Ríos, el segundo juez administrativo del municipio de Pasto, ordenó la detención del presidente de Ecopetrol, Carlos Felipe Bayón Pardo, como penalidad por desacatar una orden de tutela y faltar a sus obligaciones legales relacionadas con los reglamentos técnicos y abandono de los pozos para la explotación de hidrocarburos. Además de la captura, el petrolero e ingeniero mecánico también tendrá que pagar cinco salarios mínimos mensuales reglamentarios de la ley como parte de la sanción dictada por el togado. 

En este caso, la tutela contaba con medida de protección de derecho a la salud de la ex trabajadora de la empresa petrolera Ecopetrol, Claudia Patricia Erazo Churón, quien según el togado Arturo Cuellar, aunque en principio le diagnosticaron una enfermedad laboral, fue victimizada por la compañía, al no reconocer, ni comprender sus derechos fundamentales.

Una investigación realizada desde el dos de abril del año 2018, sin conclusión hasta la fecha, y controlada por la Procuraduría, sostiene que Bayón Pardo, y su antecesor en la presidencia de una de las empresas petroleras más importantes del país, Juan Carlos Echeverry, por hipótesis del Ministerio Público expuso graves inconsistencias de sus deberes legales que hacen parte de los convenios con la Agencia Nacional de Hidrocarburos, mencionando además el derrame de más de 550 barriles de crudo del campo petrolero en Lizama, Barrancabermeja y Magdalena Medio. Dicho incumplimientos están estrechamente vinculados  con la normatividad y programas de abandono técnico de pozos en estos campos. 

La expansión  del derrame petrolero, que duró aproximadamente 32 días, provocó una emergencia ambiental, en la que los barrancos de Lizama, Caño Muerto y el río Sogamoso finalmente se contaminaron en un radio de 24 kilómetros. Posteriormente, el daño ambiental ocasionó que 23 familias tuvieran que ser reubicadas y también, produjo la muerte de más de 2.000 animales.

De hecho, la Fiscalía advirtió de esta situación en el 2016, cuando un informe de auditoría registró que la empresa no cumplió con el abandono físico de todos los pozos petroleros descritos en el plan minero del año 2015. La Fiscalía mencionó que el argumento de la empresa Ecopetrol para esta violación, es que no contaban con un presupuesto tan alto para proceder con esta actividad de extracción.

Luego de la apertura de ésta investigación, el ente también inhabilitó de sus cargos de vicepresidencia a los administrativos de la empresa Héctor Monsalve Rojas (de Desarrollo y Producción), Óscar Ferney Rincón Silva (gerente de Operaciones de Desarrollo y Producción de Mares) y Ricardo Ernesto Coral Lucero (de la regional central).

Por: Lorena Garcés García – Humana Noticias | Foto portada: (La Vanguardia)