La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia estimó este viernes que 12 militares colombianos, entre ellos un teniente coronel y un mayor que admitieron haber cometido delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, podrán recibir las sanciones propias del Tribunal de Paz, con penas hasta 8 años.
Los militares retirados del Batallón La Popa reconocieron su responsabilidad en 135 asesinatos y desapariciones forzadas de jóvenes inocentes que luego presentaron como bajas en combate (lo que en Colombia se conoce como «falsos positivos») entre enero de 2022 y julio de 2005, explicó la JEP en un comunicado.
Así, después de que los militares rindan sus versiones y diesen información de cómo lo cometieron y que la JEP los declarase culpables en unos hechos que la JEP ha calificado como un «patrón de acción macrocriminal» que acometió el Ejército durante el conflicto armado, ahora es momento de que el Tribunal de Paz emita las sanciones propias que recibirán los implicados.
Estas sanciones que recibirán los 12 exmilitares tendrá dos componentes: uno «reparador y restaurador» y el otro de «restricción efectiva de libertades y derechos», que podría ser de hasta 8 años con verificación y monitoreo de la ONU.
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Esta es tercera Resolución de este alto tribunal dentro del Caso 03, «asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado», escándalo conocido como el de «falsos positivos».
Con la macabra práctica de los «falsos positivos», que comenzó en los años 90, miembros del Ejército reclutaban a campesinos y jóvenes pobres con promesas de empleo y, una vez los convencían, los trasladaban a distintos lugares del país donde los ejecutaron a sangre fría y luego los presentaban como guerrilleros muertos en combate.
La JEP ha manifestado que las víctimas de los «falsos positivos» en Colombia ascienden a 6.402.
Entre los postulados para las sanciones están el mayor retirado Guillermo Gutiérrez Riveros, que fue comandante de batería y oficial de operaciones; el teniente coronel retirado Heber Hernán Gómez Naranjo, quien fue responsable de la sección de operaciones y ejecutivo y segundo comandante.
HACIA LAS SANCIONES PROPIAS
Esta es la última de las tres resoluciones de conclusiones de la JEP. La primera fue de los 11 imputados por «falsos positivos» cometidos en la región del Catatumbo, quienes fueron elegibles para que la jurisdicción les imponga sus propias sanciones.
La segunda se trata del caso 01, que investiga el secuestro, allí se remitió al último secretariado de las extintas FARC para que reciban sus sanciones.
En su resolución de conclusiones, la Sala de Reconocimiento de Verdad concluyó que Rodrigo Londoño, último comandante de las FARC; Jaime Parra, Milton Toncel, Pablo Catatumbo, Pastor Alape, Julián Gallo y Rodrigo Granda «reconocieron su responsabilidad por los por crímenes de guerra y lesa humanidad imputados en el Caso 01».
(c) Agencia EFE
