Lucho Herrera, excampeón de ciclismo, reconoció que en 2016 entregó dinero a paramilitares para que lo desvincularan de la investigación por la desaparición forzada de cuatro campesinos en Fusagasugá. El caso sacude al deporte colombiano y reaviva el debate sobre la relación entre figuras públicas y grupos armados ilegales.
El nombre de Lucho Herrera, leyenda del ciclismo colombiano y ganador de la Vuelta a España 1987, se encuentra en el centro de una tormenta judicial que ha conmocionado al país. En medio de la investigación por la desaparición forzada de cuatro campesinos en Fusagasugá en 2002, Herrera admitió ante la Fiscalía General de la Nación que en 2016 pagó a un grupo de paramilitares para que lo sacaran de la investigación, una confesión que ha generado revuelo y múltiples interrogantes sobre su papel en este oscuro episodio.
La investigación se remonta a octubre de 2002, cuando Gonzalo Guerrero, Diuviseldo Torres, Víctor Manuel Rodríguez y José del Carmen Rodríguez, vecinos de la finca de Herrera, desaparecieron en circunstancias violentas. Según testimonios de varios exparamilitares, el exciclista habría entregado información y dinero para que los campesinos fueran señalados como guerrilleros y posteriormente asesinados y enterrados clandestinamente.
Los relatos de los exintegrantes de las Autodefensas Campesinas del Casanare señalan que Herrera pagó 40 millones de pesos para que se ejecutara el crimen, aunque el propio deportista ha negado reiteradamente cualquier vínculo con la planeación o ejecución de los hechos. Sin embargo, la justicia ha considerado estos testimonios como elementos suficientes para abrir una investigación formal en su contra.
La confesión de Herrera
En una reciente diligencia judicial, Herrera reconoció que en 2016 fue contactado por un hombre que se identificó como miembro de las autodefensas, quien le advirtió que estaba implicado en la investigación por las muertes de sus vecinos. Según el exciclista, le exigieron una suma exorbitante de 7.000 millones de pesos para excluirlo del caso, pero finalmente terminó entregando 10 millones de pesos tras negociar con el jefe de la organización criminal.
“Yo se los di en Fusa, llegó un muchacho delgado en una moto y no volví a saber nada”, relató Herrera ante la Fiscalía.
Herrera también reconoció que conocía a dos de las víctimas, quienes eran sus vecinos desde la infancia, pero insistió en que nunca tuvo intención de causarles daño y que el pago fue producto de una extorsión para protegerse y no por participación en los crímenes3.
La defensa de Herrera y el contexto judicial
La defensa de Herrera ha sostenido que el exciclista ha sido víctima de chantajes y extorsiones por parte de grupos armados y que las acusaciones en su contra buscan obtener beneficios jurídicos para los exparamilitares que colaboran con la justicia. En una carta pública, Herrera manifestó:
“Mi deber es presentarme ante fiscales y jueces a rendir todas las explicaciones que me soliciten sobre las calumniosas sindicaciones, extorsiones, chantajes emocionales e intimidaciones de grupos delincuenciales. No solo atentan contra mi persona y mi familia, sino que confunden, desorientan y perturban a las familias de las víctimas”.
Pese a que la Fiscalía ha identificado los restos de dos de las víctimas, el caso sigue abierto y la investigación busca esclarecer el papel de Herrera y de otros posibles implicados. Las familias de los desaparecidos exigen justicia y verdad tras más de dos décadas de incertidumbre y dolor.
