El 28 de enero de 2025 marcó un hito en las tensiones migratorias entre Colombia y Estados Unidos. Dos aviones de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) aterrizaron en Bogotá con 201 connacionales deportados desde EE.UU., en un operativo que culminó una disputa diplomática entre los gobiernos de Gustavo Petro y Donald Trump. Este evento no solo refleja un acuerdo bilateral para garantizar condiciones dignas, sino que también evidencia un giro en el tratamiento de deportados, históricamente denunciado por su carácter inhumano.
La crisis inició el 26 de enero, cuando Petro bloqueó dos vuelos militares estadounidenses que transportaban colombianos, argumentando que el uso de esposas y grilletes violaba los derechos humanos. Trump respondió con amenazas de aranceles del 25% a las exportaciones colombianas y sanciones a visas, lo que llevó a negociaciones urgentes. Finalmente, Colombia aceptó recibir a los deportados en aviones propios, bajo protocolos que excluyeron el uso de restricciones físicas.
Los 201 deportados —91 en un vuelo desde Texas y 110 desde California— llegaron al Comando Aéreo de Transporte Militar (CATAM) en Bogotá. Según Migración Colombia, ninguno fue esposado durante el traslado, cumpliendo con el requisito central de Petro. El presidente destacó en redes sociales: «Son libres y dignos. El migrante no es un delincuente, es un ser humano que quiere trabajar y progresar».
El operativo incluyó un acompañamiento institucional sin precedentes. El Consulado de Colombia en Houston brindó asistencia jurídica y alimentaria previa al vuelo, mientras que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) atendió a 26 menores deportados. Además, Petro anunció un plan de reintegración con créditos productivos para facilitar la reinserción económica de los retornados. Este enfoque contrasta con testimonios previos, como el de José Montaña, quien denunció en 2024 haber sido esposado y obligado a firmar documentos sin comprenderlos bajo la administración de Joe Biden.
¡Bienvenidos a Colombia!
Ya se encuentra en Bogotá el avión con 91 connacionales provenientes de El Paso, Texas, Estados Unidos.
El Gobierno Nacional los recibe con los brazos abiertos, garantizando su dignidad y respetando sus derechos. pic.twitter.com/gL8msVKOCX
— Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) January 28, 2025
Aunque las condiciones del retorno mejoraron, los relatos sobre el proceso de deportación en EE.UU. siguen siendo alarmantes. Andredy Barrientos, un ingeniero de 26 años, narró su detención tras 12 días en EE.UU.: «Me trataron como criminal. Buscaba estabilidad, pero terminé en un centro sin atención médica ni comunicación con mi familia». Organizaciones como la Defensoría del Pueblo colombiana anunciaron que investigarán denuncias de maltrato durante las detenciones en EE.UU., incluyendo acceso limitado a alimentos y separación familiar. Margarita Echeverry, experta en política de la Universidad Javeriana, subrayó: «Las deportaciones masivas no solo son un tema administrativo; son una herida humanitaria».
El acuerdo entre Petro y Trump evitó una guerra comercial, pero dejó lecciones sobre la fragilidad de las relaciones bilaterales. Colombia, bajo presión, aceptó recibir deportados en aviones militares propios, mientras EE.UU. suspendió inspecciones fronterizas reforzadas. Tres claves definieron el entendimiento: el no uso de restricciones físicas como condición no negociable para Colombia, la presión económica de Trump con amenazas de aranceles del 50% y revocación de visas, y la respuesta regional, donde países como México y Guatemala también han enfrentado deportaciones masivas, aunque Colombia destacó por su firmeza inicial.
La postura de Petro generó debate interno. Críticos como el expresidente Iván Duque señalaron que, bajo Biden, Colombia recibió a 14.199 deportados en condiciones similares sin protestas. Sin embargo, expertos como Enrique Pietro explicaron que la diferencia radicó en el uso de vuelos militares estadounidenses y grilletes, lo que Petro consideró un trato «deliberadamente degradante».
Este episodio resalta la complejidad de las políticas migratorias estadounidenses, que bajo Trump y Biden han deportado a más de 475.000 latinoamericanos entre 2020 y 2024, con Colombia como quinto país receptor. Aunque el acuerdo actual prioriza la dignidad, persisten desafíos como la reinserción social de deportados, quienes suelen regresar sin recursos, agravando pobreza y violencia. Además, la presión diplomática sigue siendo un tema crítico: mientras México ha aceptado repatriaciones sin condiciones, Colombia negoció términos específicos.
El retorno de los colombianos bajo condiciones humanas es un avance, pero no resuelve el problema estructural. Mientras EE.UU. mantiene deportaciones masivas como parte del Proyecto 2025 —que elimina protecciones migratorias—, América Latina exige soluciones duraderas. La comunidad internacional observa si este caso sentará un precedente para tratar a los migrantes no como delincuentes, sino como personas que buscan un futuro. El camino sigue siendo incierto, pero la dignidad, al menos en este capítulo, fue defendida.
