• El desplazamiento forzado que benefició al abogado Mario Alberto Vélez,  comenzó a gestarse en febrero de 1997 por la operación Génesis ordenada por Álvaro Uribe cuando era Gobernador, en la cual paramilitares y la Brigada 17 del Ejército se tomaron los territorios de Curvaradó y Jiguamiandó. 

• Existen múltiples elementos de prueba, incluido un informe de la Fiscalía que confirman la denuncia formulada ante la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos.

El 21 de junio de 1998 llegó una denuncia a manos de Almudena Mazarrasa Alvear, Directora de la Oficina del Alto Comisionado para las Naciones Unidas que fue remitida el 24 de junio de 1998 al Fiscal General de la Nación Alfonso Gómez Méndez, en la cual se alertaba que el narcotraficante Gustavo Adolfo Upegui estaba contratando sicarios en diferentes barrios de Medellín con el objetivo de asesinar a miembros del CTI que habían capturado a varios integrantes de la banda la Castilla, que hacía parte de esa organización, ubicada en esa ciudad. Allí se señalaba que se estaban ofreciendo 5 millones de pesos por cada agente del CTI asesinado.

Lo más grave de la denuncia es la existencia de un presunto complot entre los abogados Fabio Upegui Montoya, Fernel Vásquez Aguirre, Mario Vélez y el entonces Gobernador Álvaro Uribe Vélez para presionar la salida del entonces Director Regional de Fiscalías de Medellín Fernando Enrique Mancilla Silva, con el objetivo que la organización sicarial y de narcotráfico de Gustavo Upegui pudiera llevar a cabo sus actividades ilícitas sin la presión de este jefe de fiscalías. En la denuncia se señala que el abogado Mario Vélez a quien ubican en una oficina del Centro Comercial Monterrey de Medellín y sindican nada más y nada menos de haber sido detenido en las Islas Bahamas, con una avioneta cargada de cocaína que luego incendió para destruir la evidencia, aspiraba a ser designado como Director Regional de Fiscalías de Medellín, utilizando para ello las influencias del entonces Gobernador.

Igualmente se hace referencia a una estrecha amistad de vieja data entre este abogado presuntamente involucrado con actividades de narcotráfico y Álvaro Uribe Vélez. En la denuncia se señala además que estos abogados conocían las órdenes de asesinato de Gustavo Upegui contra agentes del CTI de la Fiscalía en Antioquia y eran cómplices de sus actividades ilícitas. Esta es la denuncia que se muestra por primera vez al país:

Esta denuncia fue tomada tan en serio por la Fiscalía que se elaboró el oficio DNCTI-SIA-GA.4424 con destino al jefe de sección de Información y Análisis del CTI el señor Fernando Niño Quintero, en el que reproducen los hechos relatados en la denuncia, elaborándose un resumen de inteligencia en que se establece que lo denunciado podía tener asidero pues había información que indicaba que el narcotraficante Gustavo Adolfo Upegui ya había ordenado el 7 de marzo de 1994, el asesinato de Luis Fernando Correa Isaza, Director regional del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía en Antioquia, cuando fue ultimado por un sicario en su vehículo oficial, un Monza girs, en la calle 49B con la carrera 82 en el Barrio Calasanz de Medellín.

En el informe se señala que para el asesinato de Fernando Correa Isaza, los sicarios contaron con la complicidad de su secretaria en la Fiscalía que facilitó la labor de los atacantes.

¿Quién es el abogado del que se habla en la denuncia, al que se le sindica de haber sido detenido con un avión con cocaína en la Islas las Bahamas, estar al servicio de la Oficina de Envigado al mando de Gustavo Upegui y a quien le endilgan una estrecha amistad con Álvaro Uribe?

Se trata del abogado Mario Alberto Vélez Giraldo, asesor jurídico de Carlos Castaño, quien fue capturado el 13 de diciembre de 2012 y posteriormente condenado en 2014 por el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Medellín a 10 años de prisión y multa de 2.650 SMLMV, como autor de concierto para delinquir, desplazamiento forzado e invasión de áreas de especial importancia ecológica por contribuir al desplazamiento entre 1997 y 2001 de varios miembros de la comunidad negras en las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó en el Chocó, mediante la firma de escrituras públicas de compraventa de inmuebles que permitieron el despojo de las tierras de integrantes de la comunidad afrodescendiente de esa zona del Urabá chocoano.

El abogado Mario Alberto Vélez Giraldo era el representante legal de Rodrigo Alberto Zapata Sierra alias «Ricardo», quien llegó a ser uno de los máximos jefes de la Oficina de Envigado, ayundándolo a gestionar de manera fraudulenta con el Incoder la apropiación de 5.000 hectáreas de tierras de las comunidades negras de Curvaradó y Jiguamiandó para beneficio de su cliente con el objetivo de utilizar los predios para cultivo de palma de aceite. Aquí esta la foto de su captura y el documento oficial de la Fiscalía que demuestra la condena en contra de Mario Alberto Vélez Giraldo.

No sobra decir que el desplazamiento de las comunidades chocoanas del que se benefició el abogado Mario Alberto Vélez y su cliente Rodrigo Zapata, alias Ricardo, uno de los máximos jefes de la oficina de Envigado, comenzó a gestarse desde la operación Génesis cuando miembros de la Brigada 17 liderada por el General Rito Alejo del Río y miembros de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Uraba ingresaron a las tierras de las comunidades de Curvaradó y Jiguamiandó, en febrero de 1997, siendo esta operación ordenada directamente por Álvaro Uribe cuando era Gobernador de Antioquia según se menciona en el juicio que se llevó a cabo en contra del General Rito Alejo del Río por el cual fue condenado e 23 de agosto de 2012 por el Juzgado Octavo Penal Del Circuito Especializado de Bogotá por la muerte del líder social Marino López llevada a cabo durante esa operación. 

Algunos hechos que validan la denuncia formulada ante la Oficina de Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos son los siguientes:

En primer lugar los abogados Mario Alberto Vélez Giraldo y Fernel Antonio Vásquez Aguirre, según su registro penal aparecen como ocupantes de una oficina en el Centro Comercial Monterrey en Medellín, obrando allí un proceso judicial de carácter ejecutivo por un el juzgado 022 de Municipal de Medellín en su contra por cuotas que dejaron de pagarse por la oficina que tenían bajo su poder. 

En segundo lugar Gustavo Adolfo Upegui fue reseñado como un gran narcotraficante, heredero de Pablo Escobar que manejaba los hilos políticos y económicos de Envigado en un informe del CTI del 15 de abril de 1997 que le fue enviado precisamente al Director Regional de Fiscalías de Medellín Fernando Mancilla Silva, circunstancia que no deja duda de la animadversión que le podía llegar a profesar el capo de la droga al jefe Regional de Fiscalías quien se enteró plenamente de sus actividades ilegales. Existe incluso un organigrama de Gustavo Upegui como líder de poderosas bandas criminales en el Valle del Aburrá. 

Por último es importante reseñar que el Fiscal Fernando Mancilla, que según la denuncia formulada ante la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos iba a ser objeto de presiones por parte de Alvaro Uribe, Mario Vélez, Fabio Upegui Montoya y Fernel Vasquez Aguirre, para que la oficina de Envigado al mando de Gustavo Upegui pudiera desarrollar sus actividades criminales en Antioquia, fue asesinado el 5 de septiembre de 2002 mientras se movilizaba en un carro Seat por la glorieta de la Aguacatala, del barrio El Poblado, por sicarios que descendieron de un vehículo y una moto como lo evidencia este enlace  del periódico el Tiempo. El ex Fiscal iba a posesionarse como Director Regional del DAS en Antioquia y nunca lo dejaron ocupar su lugar. Esta es su foto.