La Comisión de la Verdad, surgida del acuerdo de paz con las FARC en Colombia, presentó este martes un crudo y extenso informe sobre los horrores cometidos por guerrilleros, paramilitares y agentes estatales a lo largo de seis décadas de conflicto interno.
En un teatro de Bogotá, el sacerdote Francisco de Roux, que preside la Comisión desde su creación en 2017, presentó el documento de 896 páginas, resultado «del diálogo social y la investigación» sobre el prolongado enfrentamiento.
Al menos 14.000 víctimas de las guerrillas izquierdistas, los paramilitares de ultraderecha y los agentes estatales fueron escuchadas por la Comisión de carácter extrajudicial, y cuyas recomendaciones no son vinculantes.
El mandatario saliente Iván Duque, férreo crítico de la negociación con los rebeldes, no asistió al acto y envió a un delegado de su gobierno.
Con este informe, apoyado por Naciones Unidas y la Iglesia católica, «hacemos una llamada a la sociedad, al Estado y la comunidad internacional» para la no repetición del conflicto, añadió De Roux.
Desapariciones forzadas, actos de violencia sexual, masacres y torturas son algunos de los horrores retratados en el informe que concluye que los colombianos sufren de «traumas colectivos» que pasan «de una generación a otra durante décadas».
La Comisión de la Verdad es una de las entidades que conforma el sistema de reparación de las víctimas surgido del pacto de paz de 2016, junto a la Jurisdicción Especial Para la Paz (JEP), el tribunal que investiga y castiga los peores delitos, y una unidad de búsqueda de desaparecidos.
El informe «No hay futuro si no hay verdad» se publicará por capítulos durante los próximos dos meses, cuando la Comisión dejará de existir.
Al menos nueve millones de víctimas entre desplazados (8,2 millones), asesinados (1 millón) y desparecidos (109.000) han sido registradas oficialmente en Colombia.
– Recomendaciones –
Durante el acto, el sacerdote jesuita entregó al presidente electo, el izquierdista Gustavo Petro, 19 recomendaciones para garantizar el cumplimento de acuerdo que desarmó a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Entre ellas, adelantar un proceso de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la última guerrilla reconocida del país; «acabar con la corrupción en todos los niveles» y asegurar las condiciones laborales y de vida digna para los campesinos.
Acompañado de su vicepresidenta Francia Márquez, una ambientalista afro que sufrió el conflicto en carne propia, Petro se comprometió a atender estas recomendaciones, convencido de que «se volverán eficaces en la historia de Colombia».
«Hay expectativas de paz, de una paz grande, la paz integral, la posibilidad de pasar a una era de paz», añadió el exguerrillero del M-19 que dejó las armas en 1990 para hacer política en democracia.
Aunque al inicio de su mandato, Duque (2018-2022) criticó al sistema de paz por considerarlo demasiado laxo con los antiguos rebeldes, terminó por apoyarlo de cara a la comunidad internacional.
Sectores de la derecha han sido críticos de la Comisión al considerarla sesgada contra las Fuerzas Militares. Según el informe, miembros de la fuerza pública se aliaron con narcotraficantes y paramilitares «cuyo fin era acumular poder y dinero».
A seis años de la firma de la paz, la JEP imputó a la cúpula de las FARC por miles de secuestros y a mandos del ejército por ejecución de civiles. Sus magistrados dictarán sentencias este año.
Pese al acuerdo con la otrora guerrilla más grande América, varios grupos armados que se financian del narcotráfico y otros negocios ilegales siguen activos en Colombia.
Las cifras que deja el informe de la Comisión
El Informe Final de la Comisión de la Verdad, que fue entregado hoy, indica que 50.770 personas fueron secuestradas, 121.768 desaparecidas, 450.664 asesinadas y 7,7 millones desplazadas forzadamente.
«Aquí tenemos las cifras consolidadas de la Comisión», lo que supone «un gran hallazgo, una gran noticia» con base en el trabajo hecho sobre 112 bases de datos que han servido para atribuir responsabilidades «hasta donde se puede», detalló durante la presentación la comisionada Marta Ruiz.
Agregó que la mayor parte de los homicidios han sido atribuidos a grupos paramilitares, mientras que el secuestro y el reclutamiento fueron prácticas en su mayoría atribuidas a las guerrillas.
«Hay una amplia exposición de todo lo que fue la guerra. Y la guerra no fue entre uno», incluyendo no solo a los paramilitares y las guerrillas, sino también al Estado «por la magnitud de su obligación». «Por ejemplo, la impunidad es algo que se le puede reclamar» al Estado, agregó la comisionada.
ASESINATOS Y MASACRES
450.664 personas perdieron la vida a causa del conflicto armado entre 1985 y 2018, aunque si se tiene en cuenta el subregistro, la estimación del universo de homicidios puede llegar a ser alrededor de 800.000 víctimas.
Respecto a la responsabilidad de los homicidios, los grupos paramilitares fueron los mayores responsables -205.028 víctimas, el 45 %-; seguidos de los grupos guerrilleros -122.813 víctimas, el 27 %-, siendo las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) los que más asesinatos acumularon; y por último los agentes estatales -56.094 víctimas, el 12 %-.
Cerca del 80 % de personas que murieron en el conflicto fueron civiles y el 20 % combatientes.
Por otro lado, 121.768 personas fueron desaparecidas forzadamente en el marco del conflicto armado en el periodo entre 1985 y 2016, aunque las estimaciones elevan la cifra a 210.000, mientras que 50.770 fueron víctimas de secuestro.
Los grupos paramilitares también fueron los principales responsables de este crimen de desaparición forzada -el 52 %-, seguidos de las FARC-EP -el 24 %-, de responsables «múltiples» -el 9 %- y de agentes estatales -8 %-.
Por otro lado, las FARC fueron el principal actor responsable de los secuestros y el reclutamiento en el marco del conflicto, seguidas de los grupos paramilitares y el ELN en ambos casos.
La década entre 1995 y 2004 se registró el mayor número de homicidios -el 45 %- y de secuestros -el 77 % del total-.
RECLUTAMIENTO Y DESPLAZAMIENTO FORZADO
Un total de 16.238 de niños, niñas y adolescentes fueron reclutados desde 1990 hasta 2017. Los años con más víctimas fueron el 2000, el más alto con 1.320 víctimas, seguido de 2002 y 2003.
Una de las cifras más elevadas que recoge el informe final de la Comisión de la Verdad es la de desplazamiento forzado: 7.752.964 personas tuvieron que huir en el marco del conflicto entre 1985 y 2019, siendo 2002 el año en el que más colombianos tuvieron que abandonar sus casas por la violencia.
Entre 1978 y 2016 hubo por lo menos 8.208 ejecuciones extrajudiciales, y entre 1958 y 2021 se registraron 179.076 víctimas de asesinatos selectivos.
La Comisión procesó datos a partir de la información relatada por 9.621 a víctimas del conflicto armado, y a raíz de su trabajo se encontraron 23.968 víctimas que sufrieron 35.4067 hechos y 46.938 victimizaciones.
En el informe también se recogieron cifras de otros delitos y violaciones contra los derechos humanos, como extorsión, confinamiento, despojo, víctimas de minas antipersonal, tortura y violencias sexuales, entre otros.
das/vel/atm/EFE
