La letalidad de la violencia contra los dirigentes sociales, políticos y comunales de Colombia aumentó en el primer semestre del año, con un mayor número de asesinatos en comparación con el mismo periodo del 2019, pese a una cuarentena nacional para contener la pandemia del COVID-19, reveló el martes un informe.
De acuerdo con el estudio de la Misión de Observación Electoral (MOE), 81 líderes fueron asesinados en Colombia entre enero y junio, un 32,7% más que los 61 en el primer semestre del año pasado, pese a que el número total de ataques y acciones de violencia registró una reducción de 2%.
La violencia contra los líderes sociales, políticos y comunitarios se ha convertido en uno de los principales problemas para el Gobierno del presidente de Colombia, Iván Duque, blanco de frecuentes críticas de la comunidad internacional y de organizaciones no gubernamentales que le exigen acciones para frenar las muertes.
“Este informe nos muestra la tragedia humanitaria que está ocurriendo en muchas regiones del país, donde los líderes y las lideresas locales siguen siendo sistemáticamente víctimas de hechos de violencia por diferentes grupos armados y otros no identificados, que presentan distintos intereses del orden económico, político, social o ambiental”, dijo Alejandra Barrios, directora de la MOE.
“Si no se adoptan medidas urgentes tanto de protección individual como colectiva, nos vamos a quedar sin liderazgos democráticos”, advirtió Barrios, citada en el estudio.
El informe no mencionó específicamente a los grupos armados responsables de los asesinatos, los ataques y las amenazas.
Pero el Gobierno acusa de los crímenes y ataques a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), a las disidencias de las FARC que se apartaron del acuerdo de paz firmado en 2016 y a bandas criminales de exparamilitares de derecha que buscan mantener el control territorial para sus actividades de narcotráfico y minería ilegal.
El país sudamericano de 50 millones de habitantes estuvo en medio de una cuarentena nacional desde marzo y que, aunque se fue relajando gradualmente concluyó en agosto. No obstante, la violencia en las apartadas zonas montañosas y selváticas contra los dirigentes sociales, políticos y comunitarios no se redujo, según el informe.
Reuters
