La Corte Suprema de Justicia reconoció formalmente como víctimas al presidente Gustavo Petro y al periodista Daniel Coronell en el proceso judicial por las interceptaciones ilegales ejecutadas por el desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) entre 2005 y 2007. Junto a ellos, también fueron acreditados como víctimas seis exmagistrados de la Corte Suprema, el partido Polo Democrático Alternativo y el Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE).
Las Chuzadas del DAS: Un escándalo que retumba en la democracia
El caso de las chuzadas del DAS se refiere a una serie de actividades de inteligencia ilícitas realizadas bajo la administración de Álvaro Uribe Vélez, donde funcionarios del DAS llevaron a cabo interceptaciones telefónicas, perfilamientos, seguimientos y hostigamientos contra políticos de oposición, periodistas incómodos y magistrados de la Corte Suprema. El objetivo era, según la Fiscalía, desacreditar y vigilar a quienes consideraba “enemigos internos” del Estado.
A lo largo de estos años, los afectados han denunciado el daño causado tanto a su intimidad personal como a su labor profesional y democrática. Especialmente, la figura de Gustavo Petro, entonces senador y abierto crítico del uribismo, fue objeto de un sistemático vigilamiento ilegal que vulneró sus derechos y puso en peligro su libertad política.
Reconocimiento a las víctimas y contexto judicial
La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema acogió la solicitud presentada por el abogado Alejandro Carranza, defensor del actual presidente, quien argumentó que “el hecho de que se hubiera utilizado la fuerza del Estado para perseguirlo, interceptarlo y afectar su intimidad y convertirlo en un enemigo interno pues constituye un perjuicio”.
El mismo reconocimiento cobijó al periodista Daniel Coronell, quien durante años denunció prácticas irregulares y amenazas derivadas de sus investigaciones sobre corrupción y parapolítica, así como a magistrados de la Corte que lideraban procesos clave contra el poder político de la época.
Las víctimas reconocidas oficialmente en la audiencia
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Gustavo Petro (presidente de la República)
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Daniel Coronell (periodista)
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Partido Polo Democrático Alternativo
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Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE)
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Seis exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia: Luis Javier Osorio, Sigifredo Espinosa Pérez, Pedro Octavio Munar, Jorge Luis Quintero Miranés, Javier de Jesús Zapata Ortiz y Alfredo Gómez Quintero.
El fondo del caso: Proceso contra Andrés Peñate
El proceso penal se dirige contra Andrés Peñate, exdirector del DAS durante el segundo mandato de Álvaro Uribe. Peñate actualmente enfrenta cargos por el delito de concierto para delinquir agravado, con una posible pena de entre 8 y 18 años de prisión. La Fiscalía lo acusa de liderar una “empresa criminal” orientada a recopilar, de manera ilegal, información sobre opositores al gobierno y sus críticos naturales en el periodismo y la justicia.
La acusación sostiene que varios funcionarios bajo el mando de Peñate recolectaron información sensible mediante misiones falsas y seguimientos ilegales, disfrazando las actividades como operaciones de inteligencia legítimas. Estos informes eran posteriormente entregados a instancias de la Presidencia de la República, con un presunto conocimiento y aval de altos funcionarios.
La defensa del presidente Gustavo Petro enfatizó que la utilización de recursos, agentes y plataformas estatales para perseguir a adversarios políticos es uno de los capítulos más oscuros de la historia reciente del país, sentando un precedente sobre la instrumentalización del Estado para fines personales o partidistas. Petro ha sostenido que estas prácticas no solo violentaron su intimidad sino que pusieron en riesgo todo el ejercicio democrático en Colombia.
Por su parte, el exdirector del DAS, Andrés Peñate, ha insistido en su inocencia y en que las actividades de inteligencia siempre estuvieron dentro de los marcos legales establecidos, argumentando que nunca ordenó ni toleró actos fuera de la ley. Aun así, la Corte Suprema encuentra que existen pruebas suficientes para acreditar la existencia de una operación sistemática de espionaje ilegal.
El expresidente Álvaro Uribe, de quien dependía el DAS en ese periodo, reaccionó señalando que “el mandatario de los colombianos sigue victimizándose”, subestimando la gravedad y la trascendencia judicial de los hechos.
Antecedentes y condenas previas
El escándalo de las chuzadas del DAS ha tenido ya otras consecuencias judiciales relevantes: los exfuncionarios Enrique Alberto Ariza Rivas y María del Pilar Hurtado fueron condenados por su papel dentro de la organización y ejecución de estos seguimientos ilegales. María del Pilar Hurtado incluso fue extraditada desde Panamá para enfrentar la justicia colombiana.
