La Fiscalía General de la Nación ha abierto una investigación contra Luz Amanda Camacho, directora de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), tras denuncias de posibles irregularidades en la contratación de servicios para la operación de cementerios distritales en la capital.
El foco de la investigación se centra en la adjudicación de contratos relacionados con la administración y mantenimiento de los cementerios de la ciudad, donde se habrían detectado sobrecostos y procedimientos anómalos. Este caso ha generado inquietud entre distintos sectores que exigen respuestas claras sobre la gestión de los recursos públicos.
Presuntas irregularidades en la contratación
Las denuncias apuntan a que, bajo la dirección de Camacho, se habrían favorecido a ciertos contratistas en los procesos de licitación, lo que habría alterado la transparencia y legalidad que exige la ley. Se habla de contratos que no habrían cumplido con los estándares requeridos y que, supuestamente, beneficiaron a empresas de manera poco clara.
De acuerdo con las primeras indagaciones, se investigan posibles lazos entre funcionarios y empresas contratistas, lo cual podría indicar acuerdos ilícitos para direccionar los contratos, lo que afectaría la competencia y la transparencia del proceso.
La defensa de Camacho
Frente a las acusaciones, Luz Amanda Camacho ha negado haber cometido cualquier acto irregular y ha declarado estar dispuesta a colaborar plenamente con la investigación. Según la directora de la UAESP, todos los procesos de contratación se llevaron a cabo cumpliendo con los procedimientos legales establecidos.
Camacho ha defendido la transparencia de su gestión y ha asegurado que la adjudicación de los contratos se hizo con base en los requerimientos normativos, descartando cualquier tipo de irregularidad en el proceso.
El escándalo ha comenzado a generar un ambiente de tensión dentro de la administración distrital, ya que la UAESP es una entidad fundamental en la prestación de servicios públicos en Bogotá. Dependiendo de los avances de la investigación, este caso podría tener repercusiones políticas significativas y poner en el centro de la discusión pública el tema de la corrupción en los contratos estatales.
Por ahora, las autoridades continúan con las investigaciones y se espera que en los próximos meses se determine si existen fundamentos para formular cargos formales o si las acusaciones contra Camacho son infundadas.
