- En las últimas intervenciones emitidas ante la Corte Constitucional, las organizaciones Amnistía Internacional y Médicos sin Fronteras, aseguraron que el aborto no está regulado penalmente y expusieron los obstáculos que hoy deben enfrentar las mujeres, para interrumpir voluntariamente el embarazo legalmente.
Erika Guevara Rosas, directora de la Oficina Regional de Amnistía Internacional para las Américas, envió una carta de 25 páginas a la oficina del magistrado Antonio José Lizarazo, responsable de la investigación que tiene como objetivo, eliminar las demandas actuales por aborto, ya que la interrupción legal del embarazo es válida solo por tres razones. Según su argumento, el aborto debe ser parte de la labor sanitaria, la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Amnistía Internacional solicitó a la Corte Constitucional que aceptara la demanda interpuesta por el movimiento Causa Justa, que busca que los abortos en Colombia sean legales, seguros y libres.
La solicitud se realizó luego de que la Amnistía comunicara: “La regulación del aborto debe realizarse por fuera del derecho penal. La penalización del aborto está basada en estereotipos nocivos de género que los Estados deben contrarrestar. Los Estados están obligados a despenalizar totalmente el aborto, pues de acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos, la penalización total y parcial constituyen injerencias arbitrarias y desproporcionadas en el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, niñas y personas que pueden quedar embarazadas”.
Según la directora de la Oficina Regional de Amnistía Internacional, el aborto debe ser incluido como parte integral de la regulación de los servicios de salud sexual y reproductiva. “Para que su regulación sea compatible con los estándares de derechos humanos a la vida, a la autonomía, a la libertad y seguridad, a la integridad personal, a la igualdad y no discriminación, a la salud, y a estar libre de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes”, expresó Erika Guevara.
Guevara Rosas también complementó exponiendo que las regulaciones o normativas relacionadas con el aborto deben ser compatibles con los derechos humanos; esto quiere decir, que no pueden estar diseñadas de modo tal que busquen limitar, disuadir o demorar el acceso a este servicio de salud en condiciones seguras.
“Igualmente, de considerarse la inclusión de límites gestacionales en la regulación, éstos deben superar un escrutinio de compatibilidad con los derechos humanos, teniendo en cuenta las barreras ya existentes para el acceso al mismo, cuando está despenalizado parcialmente, y la necesidad de garantizar servicios integrales durante todo el embarazo y sin discriminación”, añadió Guevara Rosas.
A esta especial petición también se sumó la organización Médicos Sin Fronteras, organización que realiza acciones médicas y humanitarias, y también asisten a personas amenazadas por el conflicto armado y la violencia que no tienen acceso a una atención sanitaria en el territorio. Alejandro Arantegui, expuso a la Corte Constitucional que han logrado evidenciar que parte de la ayuda que las mujeres buscan tiene que ver con las afectaciones que esto genera en su salud mental y los embarazos no deseados.
Aseguraron también, que sumado a las barreras sociales y del sector salud a las que se tuvieron que enfrentar las mujeres antes de buscar apoyo en ese organismo encontraron estigma y la falta de apoyo familiar, producido por el amplio desconocimiento de los marcos legales y falta de recursos económicos.
La organización Médicos Sin Fronteras comunicó que del 53% de solicitudes de aborto que recibieron fue en Buenaventura, el 38% en Tumaco y el 8 % restante en zonas apartadas de Arauca, Chocó y Norte de Santander. “La edad de las solicitantes iba de los 12 a los 46 años, de los cuales el 83 % eran menores de 30 años y el 34 % eran niñas y adolescentes de entre los 12 y los 19 años”, informó la organización.
Hasta el momento, la Corte Constitucional ha recibido varias solicitudes similares de organismos internacionales, como el Grupo de Información en Reproducción Elegida, una organización feminista de la sociedad civil mexicana dedicada a la promoción y mantenimiento de los derechos reproductivos de mujeres, niños y adolescentes. O la Federación Internacional de Planificación de la Familia con sede en Londres. Además de esto, hay solicitudes separadas de los parlamentarios Mauricio Toro y María José Pizarro. Por ejemplo, Toro señaló que penalizar el aborto viola el mandato del sistema estadounidense de derechos humanos.
Lorena Garcés García – Humana Noticias | Foto portada: (Gustavo Torrijos/El Espectador)
