En una decisión contundente, el Senado de la República de Colombia negó la reapertura de la votación sobre la consulta popular impulsada por el Gobierno Nacional, ratificando así el hundimiento definitivo de esta iniciativa. La propuesta, que buscaba habilitar un mecanismo de participación ciudadana para que los colombianos pudieran pronunciarse sobre temas claves de la agenda gubernamental, sufrió un duro revés tras la votación en la plenaria, donde la mayoría de senadores se pronunció en contra de reabrir la discusión.
La iniciativa había generado expectativa porque pretendía acercar a los ciudadanos a las decisiones de alto impacto en materia de reforma laboral, salud, gestión ambiental y política social. Sin embargo, desde su presentación se encontró con resistencias tanto jurídicas como políticas. El secretario general del Senado, Diego González, explicó que conforme a la Ley 5 de 1992, una vez que una votación legislativa es cerrada y certificada, sus resultados tienen efectos plenos y no pueden ser modificados ni repetidos, lo que fundamentó la negativa para reabrir el proceso.
Por otro lado, la senadora María José Pizarro, del Pacto Histórico, argumentó que el sistema de votación estuvo abierto únicamente durante dos minutos y 12 segundos, impidiendo que algunos congresistas ejercieran su derecho a votar. Sin embargo, la mesa directiva del Senado desestimó esta apelación, señalando que la decisión legislativa ya tiene carácter de «cosa juzgada» y debe respetarse para garantizar la estabilidad del proceso.
La reacción del Gobierno no se hizo esperar. El presidente Gustavo Petro expresó su desacuerdo con la decisión del Senado y anunció que presentará una nueva versión de la consulta popular, esta vez con 16 preguntas, que incluirán temas sobre salud y derechos laborales. Asimismo, convocó a movilizaciones populares en apoyo a este mecanismo de participación directa, con la intención de mantener la presión social y política para avanzar en su agenda.
Este rechazo parlamentario evidencia la complejidad y polarización política que vive el país, y pone en evidencia la dificultad para implementar herramientas de democracia directa a gran escala en el contexto colombiano. La negativa del Senado plantea un escenario donde el Ejecutivo deberá buscar nuevos consensos y ajustar las propuestas para contar con mayor respaldo legislativo y social.
Para la ciudadanía, esta situación genera incertidumbre sobre el futuro de la participación directa en la política nacional. Mientras algunos sectores valoran la cautela legislativa, otros ven frustradas sus expectativas de incidir más activamente en decisiones clave. Pese a esto, organizaciones sociales y expertos en democracia insisten en la importancia de fortalecer mecanismos que permitan una mayor inclusión y protagonismo ciudadano.
Finalmente, el Gobierno anunció que continuará trabajando en nuevas propuestas de consulta popular, buscando garantizar que estos mecanismos sean claros, jurídicamente viables y con el respaldo necesario para ser implementados con éxito. En los próximos meses se espera la presentación formal de esta nueva iniciativa, que será un termómetro para medir la capacidad de diálogo y consenso en el Congreso.
Fotoportada: Senado de la República
