Los cargos de manipulación de testigos y fraude procesal que enfrenta Uribe se originaron en 2012, cuando el senador Iván Cepeda presentó acusaciones que vinculaban al exmandatario con grupos paramilitares. Aunque inicialmente la Corte Suprema desestimó las acusaciones contra Cepeda y abrió una investigación contra Uribe en 2018, el caso ha atravesado múltiples etapas y retrasos. Recientemente, el Tribunal Superior de Bogotá suspendió temporalmente el juicio, alegando falta de imparcialidad por parte de la jueza encargada del caso.

Contexto Histórico y Desarrollo del Proceso Judicial

El origen de este proceso se remonta a 2012, cuando el senador Iván Cepeda, reconocido por su postura de izquierda, presentó en el Congreso una serie de testimonios que vinculaban a Álvaro Uribe y a su hermano, Santiago Uribe, con grupos paramilitares durante la década de 1990. Cepeda recopiló declaraciones de exparamilitares que afirmaban haber tenido relaciones directas con los hermanos Uribe en actividades ilegales.

En respuesta a estas acusaciones, Álvaro Uribe interpuso una denuncia contra Iván Cepeda ante la Corte Suprema de Justicia, alegando que el senador había manipulado a los testigos para obtener declaraciones falsas en su contra. Sin embargo, en febrero de 2018, la Corte Suprema no solo desestimó las acusaciones contra Cepeda, sino que también encontró indicios de que Uribe podría haber incurrido en prácticas de manipulación de testigos. Como resultado, la Corte ordenó la apertura de una investigación formal contra el expresidente por los presuntos delitos de fraude procesal y soborno.

La investigación tomó un giro significativo en agosto de 2020, cuando la Corte Suprema dictó una medida de detención domiciliaria contra Álvaro Uribe, argumentando posibles riesgos de obstrucción a la justicia. Esta decisión generó un intenso debate en la opinión pública y en el ámbito político colombiano, polarizando aún más a la sociedad. Uribe, quien en ese momento se desempeñaba como senador, renunció a su escaño, lo que provocó que el caso pasara de la jurisdicción de la Corte Suprema a la Fiscalía General de la Nación, dado que al dejar de ser congresista, Uribe perdió su fuero parlamentario.

La Fiscalía, bajo la dirección de Francisco Barbosa, considerado cercano al gobierno de Uribe, solicitó en dos ocasiones la preclusión del caso, argumentando falta de pruebas suficientes para continuar con el proceso. No obstante, ambas solicitudes fueron negadas por jueces de la República, quienes consideraron que existían elementos suficientes para avanzar hacia un juicio formal. Finalmente, en marzo de 2024, la Fiscalía imputó formalmente a Uribe y lo llamó a juicio para responder por los cargos de soborno a testigos en actuación penal y fraude procesal.

Testimonio de Juan Guillermo Monsalve: Revelaciones Clave

En el centro de este proceso se encuentra el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, considerado un testigo clave debido a su relación directa con la familia Uribe y su participación en el Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Durante su testimonio, Monsalve detalló la génesis y evolución de este grupo paramilitar en la hacienda Guacharacas, propiedad de la familia Uribe.

Monsalve relató que su vínculo con los Uribe comenzó en 1986, cuando su padre trabajaba como mayordomo en la mencionada hacienda. Según su declaración, en 1996, al regresar a la finca, encontró un grupo de seguridad compuesto por aproximadamente 30 hombres provenientes de Urabá. Este contingente, inicialmente destinado a labores de seguridad, se transformó en el Bloque Metro bajo la dirección de líderes como Beto, Arboleda y Luis Alberto Villegas.

El exparamilitar también afirmó que tanto Álvaro Uribe como su hermano, Santiago Uribe, tuvieron una participación activa en la coordinación y apoyo de este grupo armado. Monsalve señaló que, tras compartir estos vínculos en una entrevista con un fiscal de apellido Chavarro, comenzó a ser objeto de persecuciones y amenazas.

Evidencias Presentadas: Entrevistas y Grabaciones

Durante las audiencias, la Fiscalía presentó una entrevista realizada por el senador Iván Cepeda a Juan Guillermo Monsalve en 2011, donde este último detallaba la relación entre el Bloque Metro y la familia Uribe. En dicha entrevista, Monsalve afirmó: «Álvaro Uribe era el que coordinaba lo que era lo militar».

Además, se presentaron grabaciones obtenidas mediante un dispositivo proporcionado a Monsalve por su entonces pareja, Deyanira Gómez. Estas grabaciones registraron conversaciones entre Monsalve y el abogado Diego Cadena, defensor de Álvaro Uribe, en las que se discutían posibles beneficios a cambio de modificar su testimonio. La defensa de Uribe ha cuestionado la autenticidad de estas grabaciones, argumentando que podrían prestarse a interpretaciones erróneas.

Reacciones de la Defensa: Cuestionamientos y Estrategias

El abogado defensor de Álvaro Uribe, Jaime Granados, ha manifestado en repetidas ocasiones que el proceso carece de garantías procesales adecuadas. En octubre de 2024, la defensa solicitó la suspensión temporal del juicio, alegando que no se les otorgó tiempo suficiente para revisar pruebas cruciales presentadas por la Fiscalía, específicamente datos obtenidos de dispositivos electrónicos incautados a un testigo en 2020.

El proceso judicial contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez ha experimentado desarrollos significativos en las últimas semanas, especialmente en relación con las acciones legales emprendidas por su defensa. El abogado Jaime Granados, representante legal de Uribe, ha presentado diversas tutelas e impugnaciones con el objetivo de garantizar los derechos fundamentales de su cliente y cuestionar la imparcialidad de los funcionarios judiciales involucrados en el caso.

El 10 de febrero de 2025, durante una audiencia del juicio oral contra Álvaro Uribe, la defensa presentó una recusación contra la jueza Sandra Liliana Heredia, titular del Juzgado 44 Penal de Bogotá. El abogado Jaime Granados argumentó que la jueza había mostrado una conducta sistemática de negación de garantías y deslegitimación de la defensa, priorizando la celeridad del proceso sobre los derechos del acusado. Sin embargo, la jueza Heredia rechazó la recusación, afirmando que su único interés era impartir una pronta y cumplida administración de justicia.

Ante esta decisión, la defensa interpuso una acción de tutela ante el Tribunal Superior de Bogotá, alegando vulneración de los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia. Inicialmente, el tribunal negó la tutela, respaldando la continuidad de la jueza Heredia al frente del caso. No obstante, la defensa impugnó esta decisión, y el 27 de febrero de 2025, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá concedió la impugnación, remitiendo el expediente a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia para una revisión más profunda.

Admisión de Interceptaciones Telefónicas como Prueba

Paralelamente, el Tribunal Superior de Bogotá decidió admitir como pruebas válidas las interceptaciones telefónicas realizadas al expresidente Álvaro Uribe. Estas grabaciones, obtenidas en 2018 durante una investigación sobre el congresista Nilton Córdoba, capturaron conversaciones entre Uribe y su entonces abogado, Diego Cadena. La defensa argumentó que dichas interceptaciones vulneraban el privilegio abogado-cliente y, por lo tanto, no debían ser admitidas como evidencia. Sin embargo, el tribunal desestimó estas objeciones, considerando que las grabaciones eran pertinentes para el caso.

Suspensión Temporal del Juicio

Como resultado de las acciones legales y las controversias en torno a la imparcialidad de la jueza Heredia, el Tribunal Superior de Bogotá decidió suspender temporalmente el juicio contra Álvaro Uribe. Esta suspensión busca garantizar que el proceso se lleve a cabo con total transparencia y respeto a los derechos fundamentales del acusado, mientras se resuelven las impugnaciones y se evalúa la conducta de los funcionarios judiciales involucrados.

Estrategia de Defensa y Percepción Pública

La defensa de Álvaro Uribe ha adoptado una estrategia que incluye cuestionar la imparcialidad de los jueces y fiscales, así como presentar el proceso judicial como una forma de «lawfare», es decir, el uso indebido de procedimientos legales para deslegitimar a un adversario político. Esta táctica ha sido comparada con la empleada por el expresidente estadounidense Donald Trump, quien también ha denunciado persecuciones políticas en su contra. Uribe ha movilizado a sus seguidores para manifestarse en contra del proceso judicial, buscando influir en la opinión pública y ejercer presión sobre el sistema judicial.