El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó al presidente Iván Duque, el Ministro de Defensa, y alcaldes de todo el territorio nacional, no dar autorización para la realización de marchas, argumentando que la movilización podría aumentar los casos de contagio por Covid-19 en medio de la tercera ola que enfrenta el país.
En el marco de la convocatoria que se adelanta por redes sociales hace algunos días, en la que se invita a la población a movilizarse este miércoles 28 de abril, en rechazo a la Reforma Tributaria; La Magistrada Nelly Yolanda Villamizar, emitió la orden de negar cualquier tipo de permiso para salir a las calles en esta dinámica y en ella exigió a las autoridades que la decisión sea informada la ciudadanía por todos los medios y con agilidad para que los manifestantes se abstengan de salir a marchar.
La magistrada Nelly Yolanda Villamizar le ordenó al presidente Iván Duque y a los mandatarios locales aplazar las manifestaciones , es decir que también tendrán restricción las marchas programadas para el próximo 1ro de mayo (día del trabajo). hasta tanto se implemente un protocolo de bioseguridad o se alcance la inmunidad de rebaño con la vacunación contra el covid-19.
En el documento la magistrada Nelly Yolanda Villamizar asegura que con las protestas los manifestantes vulneran los derechos fundamentales a la saluda, la vida, la salubridad pública, por lo que “las autoridades públicas accionadas deben salvaguardar en especial los derechos de los niños, de las personas de la tercera edad, de sus familias y de los médicos que segundo a segundo están exponiendo su vida en las UCI de hospitales y clínicas para proteger la vida de los infectados por el referido virus”.
La providencia además enfatiza en que no está incurriendo en una limitación ni restricciones al derecho fundamental consagrado en el artículo 37 de la Constitución Política que protege la manifestación pública, sino que trata de impedir la agravación del daño por expansión de la pandemia covid-19 y sus diferentes mutaciones en estos momentos de grave crisis económica y hospitalaria.
Este es el auto proferido por el alto tribunal:
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