El escandalo de corrupción que enfrenta ahora Jesús María Acevedo Magaldi en su calidad de contralor distrital, es la punta de iceberg de una serie de desafortunados eventos que han minado la confianza de la ciudadanía barranquillera en los entes de control.
La llegada de Acevedo a la Contraloría de Barranquilla corresponde a unos acuerdos que la mayoría en el Concejo tenía con su antecesor Fernando Fiorillo, para mantener el control en esa entidad y ampliar sus tentáculos hasta la Contraloría Departamental, a la que pretendía llegar, y a la que dicen fuentes consultadas por Emisora Atlántico, “el periodo era muy corto y lo haría para los 4 años”.
La relación de Acevedo y Fiorillo pareciera ser la del estudiante y el profesor, pero es mucho mas complejo. Según los analistas, y eso debe ser objeto de investigación de las autoridades competentes, corresponde a un entramado de presunta corrupción, clientelismo y amiguismo.
Todo se remonta a lo siguiente: mediante acta 061 del 27 de mayo de 2019, Jesús Acevedo sirvió de jurado para aprobar el trabajo de grado para optar al título de magister en derecho administrativo de Fiorillo. Pero la mayor sorpresa se da, cuando se evidencia que los otros 2 jurados también están relacionados directamente con la Contraloría Distrital. Eduardo Cerra Nolasco, quien concursó en el proceso de elección, pero no contó con el visto bueno de Fiorillo. Por otro lado, Magda Djanon Donado, su hijo Sebastián Fontalvo Djanon, figura como contratista de la Contraloría Distrital y hasta representó como rey momo a la entidad en las pasadas fiestas de carnavales.
Pareciera que la figura de Fiorillo se convirtió en una sombra en los entes de control tanto distrital como departamental. Pero todo indica que debe tener, detrás de él, un gran poder político que le permite estas actuaciones. Algunos diputados, que piden no ser mencionados, relatan que la elección de Jairo Fandiño también se debe al lobby realizado por Fiorillo y que es éste ultimo el que tiene el poder en esa entidad. Su hermana, Pierina Fiorillo, figura en la página web de la Función Pública como secretaria privada de la Contraloría Departamental y su mano derecha en la Contraloría Distrital, Luimar Sarmiento Sánchez, ha sido en los últimos 6 meses, gerente de control interno y contralor auxiliar, ahora en la Contraloría Departamental.
Estos personajes, los que figuran y los que se mantienen en las sombras, buscan siempre la impunidad y encuentran quien se las acolite. El prestante abogado Rachid Náder Orfale, es amigo de Acevedo desde sus épocas de “lucha” estudiantil en la Universidad Libre; el movimiento que lideraba Náder al interior de esa universidad hizo elegir a Acevedo, consejero directivo. Luego Náder nombró profesor a Acevedo al llegar a la rectoría de la Universidad Libre, de la que salió por un escándalo de ventas de cupo en las especializaciones médicas. El premio que recibió Náder fue el nombramiento por parte de Eduardo Verano como jefe de la oficina jurídica de la Gobernación del Atlántico. La oficina de abogados que ofreció Acevedo Magaldi al Gerente de la Triple A, dirigida por Náder Orfale, registra la misma dirección en la que funcionaba la oficina que dirigía Acevedo antes de ser electo contralor.
Todo parece indicar que esta ‘llave’ Acevedo-Fiorilo y Acevedo Náder viene operando desde años anteriores.
En 2018 y 2019, Jesús Acevedo recibió dos órdenes de prestación de servicios de Rahid Náder, entonces Secretario Jurídico de la administración Eduardo Verano.
El primero, en el 2018, fue por 40 millones de pesos, y el segundo, en el 2019, por 45 millones de pesos. Ambos para brindar asesoría jurídica en asuntos laborales administrativos en contra de la Gobernación del Atlántico y/o Contraloría General del Departamento en el programa de saneamiento fiscal.
En esas mismas vigencias, Jesús Acevedo recibió tres contratos, vía secretaría jurídica y privada de la Gobernación del Atlántico, de su amigo Rachid Náder.
Náder no se sonrojó cuando benefició a su amigo con órdenes de prestación de servicios por 40 millones en el 2018, y de 45 millones y 24 millones, para el mismo objeto social de los anteriores: brindar asesoría jurídica en asuntos laborales administrativos en contra de la Gobernación del Atlántico y/o Contraloría General del Departamento en el programa de saneamiento fiscal.
Jesús Acevedo Magaldi, es asociado fundador de la Corporación Educativa para la Investigación y Desarrollo en Talento Humano, Finanzas y Tecnología – CEIFIT.
Según los Estados Financieros de esa entidad, en el año 2019 ejecutaron convenios con ingresos operacionales por la suma de $6.421.142.991, lo que les generó una utilidad neta de $ 317.271.674.
Todo indica que uno de los convenios o contrato es con la Gobernación del Departamento del Atlántico, y en virtud del mismo, la CEIFIT dictó el Diplomado sobre el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.
Además, otro de los convenios o contratos es o fue con la Contraloría Distrital de Barranquilla, y en virtud del mismo la CEIFIT dictó la Conferencia sobre Gobierno Digital, desarrollada en el Hotel Barranquilla Plaza.
El comportamiento de Acevedo corresponde a uno sistemático, frente a la que el Concejo de Barranquilla ha sido irresponsable. Cada periodo se asiste a la elección de quien debe ejercer el control fiscal en el distrito y pasado un tiempo, el jefe de la entidad fiscalizadora termina envuelto en escándalos de corrupción. Recordemos así a:
Jorge Iglesias Viloria, a quien el Ministerio Público sancionó con destitución e inhabilidad por el término de 12 años, tras demostrar que “prevalido de su cargo ejerció influencia ante el Subdirector Administrativo de la ESE Redehospital (Néstor Rafael Coba Espinosa) para que recibiera y atendiera a un recomendado suyo luego de lo cual se archivó una actuación fiscal en contra del Gerente de la referida empresa social del Estado (Gustavo Adolfo Romero Hani)”.
Rafael González Rubio Natera, sancionado por la Procuraduría General de la Nación, el 27 de noviembre de 2008, con destitución e inhabilidad para ejercer cargos durante 12 años, por exigir dinero a cambio de no incluir en el boletín de responsabilidad fiscal, a funcionarios sancionados.
Gregorio Peñaranda Narváez, Su gestión fue tan caótica que el 9 de febrero de 2001 el entonces Auditor General de la Nación, Álvaro Guillermo Rendón López, declaró que “esa bomba de tiempo que había allí hizo explosión y la ciudadanía está absolutamente expuesta porque no hay un órgano de control que esté vigilando la manera como se están gastando los recursos del Distrito”.
Fernando Fiorillo, según investigaciones de la Procuraduría General de la Nación, fue quien lideró la repartición de propaganda electoral en el balneario de El Rodadero con jóvenes en vestido de baño, promoviendo a un candidato presidencial. Siendo el jefe de la entidad que vela por la trasparencia en el manejo de los recursos públicos, apareció en un video de celular hablando con acento árabe y en este invita a votar por Vargas Lleras o de lo contrario se inmolaría. Fiorillo utilizó la Contraloría para consolidar su permanencia en los entes de control, que aun mantiene.
¿Quién está detrás de Acevedo? ¿Hasta cuando el Concejo Distrital se va a prestar para que personajes con conductas reprobables lleguen a los entes de control del distrito? ¿Hasta cuando las casas políticas van a promover los nombres de personajes dantescos, que tienen como único fin utilizar el poder público para hacer sus fechorías?
El concejo debe realizar un proceso transparente, tanto en el encargo como en la elección. No debe haber prisa en aceptar la renuncia de Acevedo, que busca precisamente con esa renuncia exprés, librarse del control político que está obligado en hacerle el ente que lo eligió.
