El Gobierno colombiano hizo este sábado el acto de entrega a 50 familias campesinas del departamento de Córdoba, en la costa Caribe, de una finca que ocupó el exjefe de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) Carlos Castaño.
«Aquí no estamos dando una limosna, le estamos entregando uno de los principales activos del Estado a los campesinos para la producción agro alimentaria», aseguró el presidente de Colombia, Gustavo Petro, durante el acto, que consideró la puesta en marcha de la reforma agraria, que repartir tres millones de hectáreas de tierras.
«Aquí arranca un proceso y lo primero que tendría que decir que este primer día de este proceso de reforma agraria tiene que cobrar una velocidad tal que, cuando lleguemos al último día de Gobierno, estemos en el máximo», consideró Petro.
Por su parte, el director de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), José Daniel Rojas, ente encargado de la entrega pues la finca estaba en su poder aseguró que «desde hace más de 100 años en la historia agraria y campesina a este país, la reforma agraria ha sido el sueño de nuestros abuelos, de nuestros padres y hoy estamos aquí para hacerla realidad».
Se trata de una finca de 590 hectáreas, culminada por una lujosa hacienda de dos pisos con una piscina y varios edificios aledaños que usaba Castaño, quien fuera el máximo líder de las desmovilizadas AUC, que fueron uno de los actores más sanguinarios del conflicto y quienes más homicidios cometieron, según la Comisión de la Verdad.
El director de la SAE explicó durante la entrega que el lugar es un símbolo de la «contrarreforma agraria, es decir, la frustración a los sueños de la del campesinado colombiano», ya que supuso esta contrarreforma, el despojo de tierras a muchos campesinos se «ejerció mediante el uso del terror de la guerra de la ignominia».
UNA VICTORIA PARA LAS VÍCTIMAS
Los campesinos, además, fueron víctimas del actuar de Castaño y las AUC en el lugar, ya que, como explicó Rosmy Lizardo Rojas, organizaciones como la suya, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ASNUC), fueron declaradas «un objetivo militar» que los paramilitares quisieron extinguir.
«Sacó miles de familias campesinas de la tierra», dijo durante el acto, que aseguró que jamás esperarían que una hacienda de su propiedad ahora fuera a estar en sus manos.
Es una «victoria» para los campesinos, según calificó la representante de las «Mujeres víctimas», Maritza del Carmen Salabarriaga, quien tampoco se creía que fuera a «pisar esta tierra de la persona que hizo tanto daño a Córdoba».
«A las familias campesinas que llegan a estas tierras, el Estado les debe brindar seguridad, es una orden del presidente. No les vamos a entregar la tierra y dejarlas tiradas», prometió el presidente.
La megahacienda, que no estaba nombre de Castaño, sino de alguien cercano a la cúpula de las AUC, fue incautada y un juez, el pasado 15 de junio, decidió suspender el poder dispositivo y embargar este bien. Ahora será la Unidad de Víctimas la que vea cómo distribuir la totalidad del terreno para labores de agricultura entre estas familias.
(c) Agencia EFE