En el Complejo Judicial de Paloquemao, Bogotá, inicia hoy Lunes 10 de febrero a las  8:30 a.m. La audiencia en la que la defensa del exsenador y expresidente Álvaro Uribe Vélez presenta su teoría del caso en el marco del juicio por presunta manipulación de testigos. Este proceso, que reúne diversas acusaciones contra el exfuncionario, se desarrolla en un ambiente de expectación y rigurosidad técnica, en el que se examinarán hechos y evidencias relacionadas con supuestos delitos cometidos durante su carrera política.

El juicio se centra en investigar tres delitos imputados a Uribe Vélez: soborno en actuación penal, fraude procesal y una acusación adicional de soborno, incorporada por la Fiscalía en la audiencia de acusación realizada el año pasado. La defensa sostiene que las imputaciones son infundadas y que los hechos han sido malinterpretados o incluso manipulados para encuadrar al expresidente en conductas ilícitas. La Fiscalía, por su parte, basa sus acusaciones en pruebas que, según la defensa, podrían haber sido alteradas o sacadas de contexto.

El abogado penalista Jaime Granados, encargado de representar a Uribe Vélez, expuso detalladamente la teoría del caso ante la juez 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá. En su presentación, Granados argumentó que no existe evidencia que demuestre que el expresidente haya dado órdenes para presionar o incentivar a terceros a realizar declaraciones falsas. Específicamente, señaló que Uribe Vélez nunca habría ordenado “presionar, ofrecer y garantizar pagos de dinero y beneficios judiciales” con el objetivo de perjudicar a otras figuras políticas, como el senador Iván Cepeda.

Granados enfatizó que, de acuerdo con las evidencias recopiladas, la narrativa que sostiene la Fiscalía adolece de inconsistencias. Según su exposición, el excongresista y dirigente del partido Centro Democrático no habría mandado al abogado Diego Cadena a realizar “peregrinajes en las cárceles” en busca de testigos falsos, acusación que fue formulada por la fiscal Marlene Orjuela en la sustentación del caso. El abogado defendió que dichas imputaciones carecen de sustento probatorio y que algunas pruebas presentadas por la Fiscalía habrían sido adulteradas, lo que contraviene los derechos fundamentales de su cliente.

Asimismo, Álvaro Uribe Vélez solicitó a la juez Sandra Heredia la oportunidad de intervenir en la audiencia para ejercer su defensa material de forma directa. El expresidente argumentó que, en ejercicio de sus derechos, le corresponde exponer personalmente su versión de los hechos una vez culminada la intervención del doctor Granados. En su solicitud, Uribe Vélez indicó: “Como acusado y en virtud de mis derechos de defensa material, le ruego que, después de que hable el doctor Granados, se me permita referirme sobre el tema y expresar mi postura sobre estas acusaciones”. Esta petición busca complementar la exposición de la defensa técnica y garantizar que su versión sea debidamente considerada en el proceso.

El expresidente ha manifestado en su cuenta oficial de Instagram que espera presentar su teoría de la defensa en el transcurso de la audiencia, resaltando que se trata de su respuesta a una acusación formulada por un fiscal designado y promovido por Eduardo Montealegre, a quien Uribe Vélez acusa de no haber declarado oportunamente un posible conflicto de interés.

Desde una perspectiva jurídica, la presentación de la teoría del caso es un paso fundamental en el desarrollo del juicio. El análisis de las pruebas y la confrontación de argumentos entre la defensa y la Fiscalía determinarán en gran medida la orientación del proceso. Expertos en derecho penal señalan que la rigurosidad en la evaluación de la evidencia y la correcta interpretación de los hechos serán determinantes para dilucidar si las imputaciones tienen sustento legal.

En este contexto, la insistencia de la defensa en demostrar que no hubo una orden directa para la supuesta manipulación de testigos es crucial. La argumentación técnica presentada por Granados se basa en la premisa de que las pruebas recopiladas deben ser sometidas a un análisis objetivo y que cualquier irregularidad en su manejo podría afectar la validez del proceso judicial.

El juicio contra Álvaro Uribe Vélez posee una relevancia considerable en el panorama político y judicial del país. Las acusaciones de soborno, fraude procesal y manipulación de testigos han generado un amplio debate en diversos sectores, tanto en la esfera política como en la sociedad en general. Los distintos actores políticos esperan que el proceso se lleve a cabo con total imparcialidad y que se respeten los principios de la justicia.

Por su parte, la defensa insiste en que las acusaciones carecen de fundamento y que el proceso se ha convertido en un escenario donde se debaten cuestiones de rigor técnico y de derecho. La comparecencia personal de Uribe Vélez se enmarca en esta estrategia, al buscar ofrecer una respuesta directa y respaldada por argumentos legales sólidos.