Por: Redacción Política | Bogotá, 3 de junio de 2026
Abelardo de la Espriella, candidato presidencial del movimiento Defensores de la Patria y uno de los más opcionados en las encuestas de las elecciones Colombia 2026, lanzó una de las propuestas más polémicas del actual proceso electoral: eliminar más de 40 entidades del Estado colombiano, privatizar empresas públicas estratégicas y reducir el aparato estatal en un 40%. La propuesta, publicada en su cuenta oficial en X, ya generó alarma entre miles de trabajadores del sector público en todo el país.
El arquitecto fiscal detrás del plan: Daniel Raisbeck
La propuesta de achicamiento del Estado de De la Espriella no surgió en el vacío. El candidato se apoya en gran medida en la política de balance fiscal diseñada por Daniel Raisbeck, analista de políticas públicas del Cato Institute, reconocido think tank libertario con sede en Washington. Raisbeck ha documentado en detalle una hoja de ruta para la reducción del gasto público colombiano, la supresión de entidades duplicadas y la privatización de empresas estatales, argumentando que Colombia mantiene un aparato burocrático sobredimensionado que frena la competitividad económica y el crecimiento del PIB. Esta hoja de ruta, publicada en el portal Aquileo Substack bajo el título «Política de balance fiscal 2026-2027», constituye uno de los principales soportes técnicos del programa «País Milagro».
Raisbeck sostiene que el déficit fiscal colombiano puede corregirse sin nuevos impuestos, únicamente mediante la racionalización del Estado. Sin embargo, economistas críticos advierten que los modelos del Cato Institute responden a contextos anglosajones y no contemplan las obligaciones constitucionales colombianas en materia de gasto social, ni el impacto en regiones donde el Estado es prácticamente el único empleador formal. Para los trabajadores del sector público, esto significa que el plan tiene un respaldo ideológico claro, pero un costo humano que sus promotores prefieren no cuantificar.
📌 Fuente: Aquileo Substack – «Política de balance fiscal 2026-2027»: aquileo.substack.com
¿Qué entidades quiere eliminar De la Espriella?
La lista de entidades que el candidato propone suprimir es extensa y abarca sectores críticos para la vida de millones de colombianos. Entre las instituciones en la mira están: la Unidad para las Víctimas, la Agencia Nacional de Tierras (ANT), la Superintendencia Nacional de Salud, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el INPEC, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), la Unidad Nacional de Protección (UNP) —encargada de proteger a líderes sociales y personas amenazadas— y la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), entre muchas otras.
También aparecen en el listado: la Unidad de Restitución de Tierras, la Agencia de Renovación del Territorio (ART), la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), el ICFES, la Unidad Administrativa de Alimentación Escolar (PAE), la Superintendencia de Puertos y Transporte, la Colombia Compra Eficiente, el Fondo Adaptación, la Agencia Nacional de Gobierno Digital, la Superintendencia de Servicios Públicos, la Superintendencia de Notariado y Registro, el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAPRE) y la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional (APC).
La lista no para ahí. El candidato también propone suprimir la Superintendencia del Subsidio Familiar, la Superintendencia de la Economía Solidaria, el Fondo Único TIC (FUTIC), la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), el IPSE, la Imprenta Nacional, la Corporación Colombia Internacional, la Caja de Compensación Familiar Campesina (Comcaja), el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras (Fogafín) y docenas de consejos, fondos y corporaciones más.
- Unidad para las Víctimas
- Agencia Nacional de Tierras (ANT)
- Superintendencia Nacional de Salud
- Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD)
Superintendencia del Subsidio Familiar - Superintendencia de la Economía Solidaria
- INPEC
- Fondo Único TIC (FUTIC)
- Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC)
- Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA)
- Superintendencia de Servicios Públicos
- Superintendencia de Notariado y Registro
- Departamento Administrativo de la Función Pública
- Colombia Compra Eficiente
- Agencia de Renovación del Territorio (ART)
- Agencia de Desarrollo Rural (ADR)
- USPEC
- Unidad Nacional de Protección (UNP)
- Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN)
- Unidad de Restitución de Tierras
- Unidad de Planeación Minero Energética (UPME)
- IPSE
- ICFES
- Unidad Administrativa de Alimentación Escolar (PAE)
- Superintendencia de Puertos y Transporte
- UNP (protección de líderes y personas amenazadas)
- Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE)
- Agencia Presidencial de Cooperación Internacional (APC)
- Fondo Adaptación
- Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco
- Agencia Nacional de Gobierno Digital (AND)
- Unidad del Servicio Público de Empleo
- Imprenta Nacional
- Fondo de Fomento a la Economía Solidaria
- Organizaciones Solidarias
- UPRA (planeación de tierras rurales)
- Fondo Mixto de Promoción Cinematográfica
- Consejo Profesional de Administración de Empresas
- Corporación para el Desarrollo de las Microempresas
- Corporación Colombia Internacional
- Caja de Compensación Familiar Campesina (Comcaja)
- Comisión de Regulación de Infraestructura y Transporte
- Unidad de Planeación del Sector Transporte
- Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera
- Agencia del Inspector General de Tributos
- Administradora del Monopolio de Juegos de Suerte y Azar
- Fondo de Garantías de Instituciones Financieras (Fogafín)
Además, la propuesta plantea privatizar entidades como Banco Agrario, Fondo Nacional del Ahorro, Finagro, Findeter, FDN, La Previsora, Positiva, SATENA, ISA, CENIT, Telecom, RTVC y varias electrificadoras regionales.
Las privatizaciones: empresas estratégicas en el mercado
Además de suprimir entidades, la propuesta plantea privatizar un grupo de empresas y entidades financieras que hoy prestan servicios esenciales a los colombianos. Entre las que pasarían a manos privadas figuran: el Banco Agrario, el Fondo Nacional del Ahorro, Finagro, Findeter, la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), La Previsora, Positiva Compañía de Seguros, SATENA, ISA, CENIT, Telecom, RTVC y varias electrificadoras regionales del país.
Estas empresas no son simples trámites burocráticos: son instituciones que financian vivienda popular, conectan comunidades remotas mediante SATENA, garantizan seguros del Estado y sostienen la infraestructura energética de las regiones. Su privatización representaría un giro radical en la política económica colombiana, en línea con lo que ha implementado el presidente argentino Javier Milei, referente explícito del candidato.
El «País Milagro»: reducir el Estado con la motosierra
El marco general de estas propuestas está consignado en el plan de gobierno «País Milagro» de De la Espriella, un documento que propone una «reforma integral del Estado» con el objetivo de lograr un ahorro anual de entre $25 y $30 billones de pesos. La campaña proyecta que la reducción del 40% del aparato estatal generaría un ahorro equivalente al 3,1% del PIB colombiano.
El candidato, abogado penalista de 47 años que recolectó más de un millón de firmas para inscribirse, ha declarado que al Estado colombiano le sobran aproximadamente 700.000 funcionarios y contratistas y que su eliminación liberaría recursos para reinvertir en salud y educación. Promete implementar los cambios mediante la firma de 90 decretos en los primeros días de su eventual gobierno.
Sin embargo, expertos advierten que Colombia tiene una estructura estatal con alta inflexibilidad jurídica: muchos empleados son docentes, uniformados o trabajadores de carrera administrativa cuyos cargos no pueden suprimirse por decreto. Además, el Estado mantiene obligaciones constitucionales en salud, educación, pensiones y atención social que no desaparecen con la supresión de entidades.
El impacto en los trabajadores públicos
La propuesta genera una alarma directa para los miles de servidores públicos que hoy trabajan en las entidades mencionadas. Sólo en entidades como la Unidad para las Víctimas, el INPEC o la Superintendencia Nacional de Salud trabajan miles de colombianos con familias, derechos adquiridos y contratos vigentes.
De la Espriella ha intentado suavizar el impacto asegurando que la medida «no afectará a quienes tienen contrato con el Estado y son gente honesta», y que el sector privado, estimulado por las rebajas tributarias, debería absorber esa fuerza laboral. Sin embargo, los críticos señalan que trasladar cientos de miles de trabajadores del sector público al privado en un corto plazo es una promesa sin respaldo técnico ni financiero claro.
¿Qué dice la Constitución?
Varios constitucionalistas han señalado que suprimir entidades creadas por ley requiere trámite en el Congreso, no simples decretos presidenciales. Entidades como la JEP, que el candidato también promete eliminar, están protegidas por el Acto Legislativo 02 de 2017, avalado por la Corte Constitucional, lo que haría prácticamente imposible su supresión unilateral. El candidato ha mencionado como alternativa el uso intensivo del poder ejecutivo, aunque ello enfrentaría controles judiciales inmediatos.
